Nuestro país presenta serios desafíos en materia de seguridad y justicia que ponen en entredicho la capacidad del estado mexicano para garantizar la aplicación de la Ley y la convivencia social pacífica. El incremento de las adicciones entre la población es un fenómeno que corroe cualquier esfuerzo por elevar la calidad vida de las comunidades.
“Si existe un trampolín es porque existe una alberca”, así llegó a decir el ex presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz en referencia al ya existente problema del tráfico de enervantes de México hacia la Unión Americana, originado por la demanda de drogas de un mercado de consumidores estadounidenses que crecería a límites insospechados.
Para entonces el fenómeno se limitaba al “narcotráfico de exportación”, es decir, de manera general México abastecía al mercado estadounidense de cultivos como la mariguana y goma de opio, a mediados de los ochentas la cantidad de cocaína que llegaba a la gran “alberca” americana a través nuestro país iría en incremento.
El mercado interno de sustancias ilícitas siempre existió, pero pasó de ciertos segmentos de la población a una cada vez mayor y diversificada oferta y demanda (especialmente con sustancias sintéticas). Aún no se han publicitado los resultados de la Encuesta de Salud Mental y Adicciones 2023-2024 que sería él diagnóstico a nivel nacional más reciente sobre el tema, el último ejercicio similar no se realizaba desde el año 2017.
Lo que sí sabemos es la correlación del consumo de drogas o alcohol con la participación en delitos. En el caso de adolescentes procesados por algún delito en el 2022, poco más del 80% declararon haber consumido alcohol, tabaco o drogas alguna vez en su vida.
Las adicciones son ya un grave problema en México pues afecta la cohesión social de las comunidades, se convierte en un reto para el de por si insuficiente sistema de salud, multiplica los delitos y desintegra familias. Este tipo de esclavitud hoy es una realidad a lo largo y ancho de nuestro lastimado país.
Si bien este problema no es uniforme a lo largo del territorio nacional y existen claras diferencias de consumo entre las regiones, ni está a la par del desastre estadounidense, no podemos negar que es ya un problema latente y presente. Ya no somos solamente un país de tráfico y esto debe obligarnos a controlar la oferta y demanda interna principalmente a través del sistema de salud, de la prevención educativa para menores mayores y del aparato de Justicia.
La estela de sufrimiento y muerte que dejan las adicciones está a la vista de todos: es sistemática, afecta a todos e invariablemente resulta en algo nada bueno para quienes se involucran en ellas. De ahí que voltear a un lado o esconder la cabeza bajo la tierra no sea opción, ni como sociedad ni mucho menos como gobiernos.
Sabemos los daños terribles del alcoholismo y tabaquismo, drogas legales que no por ello dejan de ser un problema de salud y de violencia en el caso del alcohol cuando se abusa en su consumo, sobretodo dentro de las familias. El alcohol y el tabaco son muchas veces el primer paso hacia el consumo de otras sustancias, además de la falsamente publicitada como droga natural no dañina: la mariguana.
Pero ninguna campaña de prevención gubernamental vendrá a suplir ni tendrá el efecto de los valores que las familias pueden introyectar a los niños. Es aquí donde debemos tomar conciencia del papel que tienen los padres en la educación de sus hijos y de la protección y promoción que el estado debe brindar a las mismas.
Las adicciones son síntoma y causa del desorden social que se vive, algo falló en las familias, en los gobiernos y/o en el entorno que lleva a repetir un patrón de autodestrucción, destrucción y sufrimiento. Es un problema que de no controlarse multiplica el problema cual hidra de mil cabezas.
“Todo me es lícito; mas no todo me conviene.
Todo me es lícito; mas ¡no me dejaré dominar por nada!
(Corintios 6:12)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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