La reforma al Poder Judicial propuesta por el gobierno actual ha generado un intenso debate en México. Esta reforma, que busca modificar la estructura y funcionamiento del sistema judicial, ha sido criticada por diversos sectores de la sociedad, incluyendo a los propios trabajadores del Poder Judicial. Existen razones por las cuales esta reforma no debería ser aprobada, y se defiende el derecho legítimo de los trabajadores a manifestarse.
Uno de los principales argumentos en contra de la reforma es que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. La propuesta incluye la elección de jueces y magistrados por voto popular, lo cual podría politizar el sistema judicial y someterlo a los intereses de un solo partido político, es decir, el que está en el poder. La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia, ya que garantiza que las decisiones judiciales se tomen de manera imparcial y sin influencias externas.
La reforma también propone reducir el periodo de encargo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 15 a 12 años. Esta medida podría afectar la estabilidad y continuidad en la administración de justicia, ya que los jueces y magistrados tendrían menos tiempo para desarrollar su labor y contribuir a la jurisprudencia del país.
Otro punto, en el que sinceramente puedo estar de acuerdo, es la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros de la SCJN. Si bien es importante promover la austeridad y la eficiencia en el gasto público, el argumento de que esto podría desincentivar a profesionales altamente capacitados a aspirar a estos cargos, afectando la calidad del sistema judicial, no es tan válido. Y en esto quiero hacer una anotación: tampoco es como que a todos los haya incentivado mucho para hacer de manera correcta su trabajo; el deber ser.
Los trabajadores del Poder Judicial tienen todo el derecho de manifestarse en contra de esta reforma. La Constitución mexicana garantiza el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica. Las manifestaciones son una herramienta legítima para expresar desacuerdo y defender los derechos laborales y profesionales. Además, estas protestas reflejan la preocupación genuina de los trabajadores por el futuro del sistema judicial y su impacto en la justicia en México.
La implementación de esta reforma podría tener un impacto negativo en la calidad de la justicia en México. La politización del sistema judicial y la inestabilidad en los cargos podrían llevar a decisiones judiciales menos imparciales y más influenciadas por intereses externos. Esto, a su vez, podría erosionar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y en la capacidad del Estado para garantizar una justicia equitativa y efectiva.
Otro tema no menos importante es que, con la mayoría calificada, Morena y sus aliados tienen la capacidad de realizar modificaciones a la Constitución. Esto incluye la posibilidad de darle paso en su totalidad al “Plan C” de AMLO.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa, ha defendido la reforma al Poder Judicial, argumentando que esta propuesta busca democratizar el sistema judicial y acabar con el “dedazo presidencial”. Según Sheinbaum, la elección de jueces y magistrados por voto popular garantizará que los integrantes del Poder Judicial rindan cuentas directamente al pueblo, promoviendo mayor transparencia y reduciendo el nepotismo.
En un país donde la justicia debe ser imparcial y libre de influencias políticas, la reforma judicial propuesta no solo amenaza con socavar la independencia del Poder Judicial, sino que también pone en riesgo la esencia misma de la democracia y el estado de derecho en México. Pero bueno, ya lo hemos visto desde hace seis años; no debemos estar acostumbrados, pero sí poco asombrados.
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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