Dedicado a mis amigos Gladys María Bejerano Portela, Exvicepresidenta del Consejo de Estado y Ex Contralora General de Cuba y Nelson Shack Yalta, Ex Contralor de la República del Perú.
Los Estados contemporáneos se enfrentan a problemas que exigen soluciones cuyo diseño e instrumentación trascienden los límites nacionales. Ese es el caso de los asuntos medioambientales, las consecuencias de esto son diversas; algunas relacionadas con el signo de alarma en indicadores como el incremento anual de temperatura general o la presión hídrica y la disposición de agua apta para el consumo y actividades humanas.
La magnitud del asunto ha requerido que los gobiernos nacionales celebren acuerdos de colaboración y compromisos internacionales para enfrentarlo, aspectos en los que la Fiscalización Superior es esencial para garantizar el eficaz y eficiente uso de los recursos públicos.
La respuesta global en las políticas públicas ha sido definir un modelo basado en la sustentabilidad.
Recientemente, la OCDE junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial, publicaron el documento “The impact of corruption on sustainable development” en el que exploran los efectos negativos de la corrupción para cumplimentar los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Dichos objetivos y metas han fungido como una agenda internacional para mejorar los procesos de diseño e implementación de intervenciones gubernamentales para el desarrollo sostenible.
En lo que se refiere a la arista de lo medioambiental —por tanto de lo estrictamente sustentable en el manejo, convivencia y cuidado de los recursos naturales, ecosistemas y entorno ecológico— el Informe es enfático en señalar la relación perniciosa entre la corrupción y los resultados marginales en la protección medioambiental. Es decir, en los casos en los que se presentan hechos de corrupción en las áreas encargadas de la protección del ambiente, las capacidades institucionales se reducen y las prospectivos de resultados positivos se minimizan.
El análisis, sugiere al menos tres espacios o áreas relacionadas con la respuesta a los problemas medioambientales, susceptibles de hechos de corrupción, que a su vez pueden provocar afectaciones severas a sus objetivos iniciales. La primera es en las acciones dedicadas a atender el cambio climático. Algunas de las actividades adyacentes a la toma de decisiones que representan riesgos es el cabildeo de ciertos sectores económicos cuya actividad, de manera inherente conlleva consecuencias ambientales. Por otra parte, que la corrupción crea intencionalmente lagunas regulatorias, debilita la implementación de las regulaciones, y permite que las actividades ilegales contaminantes queden impunes.
En la tarea de cuidar el planeta, la biodiversidad y los recursos naturales, deberá prevalecer el apego al Estado de Derecho y el comportamiento regido por la ética e integridad pública. De ahí que, las instituciones dedicadas a la fiscalización y la rendición de cuentas tengan la capacidad para aportar al logro de la sustentabilidad y sostenibilidad a través del enfoque preventivo de la fiscalización, hecho que ha sido prioritario para la ASF y que impulsa a través de las organizaciones regionales y globales para la fiscalización.
La Auditoría Superior de la Federación es un aliado estratégico para garantizar que las políticas, programas y estrategias que los gobiernos implementan para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo desde las lógicas de sustentabilidad y sostenibilidad, sean eficaces y generen aprendizajes institucionales en materia de desarrollo, libre de corrupción y dominada por el uso correcto y transparente de los recursos públicos, con prioridad del gasto social para las clases de menos ingresos y las generaciones futuras.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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