El último documento de la auditoría enviada por la ASE (Auditoría Superior del Estado) del 27 de octubre de 2016 al diputado y presidente entonces de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, el panista Jorge Carlos Soto López es verdaderamente una “joya” y prueba innegable del sinfín de irregularidades y observaciones hechas al famoso Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC).

Las 51 páginas del informe técnico de resultados de auditoria de legalidad ponen en evidencia la manera tan descarada y burda de cómo el Comité Técnico de FICOSEC a cargo de los empresarios, el presidente Luis Lara Armendáriz; el secretario técnico, Sergio Carlos Ochoa; el ex titular de Hacienda, Jaime Ramón Herrera; además de los vocales: Rodolfo Julio Castelló; Gabriel Gerardo Ortíz; Luis Mario Dena Torres; Jorge Contreras Fornelli; Federico Terrazas Becerra; Víctor Almeida García; Alejandra Catarina de la Vega y Juan Carlos Sapién de Anda, entre otros que conforman los 17 vocales, que aprobaron un gasto superior a los 400 millones de pesos en los presupuestos correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016.

Un informe técnico por parte de la ASE y firmado por el contador y entonces titular, Jesús Manuel Esparza Flores, que ni siquiera registró los nombres de las asociaciones civiles que por proyectos y programas, a cambio sí recibieron miles y millones de pesos en los montos inscritos que fueron aprobados por los ‘notables’ empresarios integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso.

Informes de resultado de revisión que fueron entregados a Ricardo Netzahualcóyotl Rodríguez, subdirector de la zona norte del Fideicomiso, aquel personaje que se creyó merecedor de un millonario salario, tras el argumento de haber sacrificado su trabajo en la industria maquiladora. ¿Lo recuerda?

Hicieron y deshicieron de recursos económicos  que tienen un origen de naturaleza pública en virtud de fondos que provienen de la recaudación del gobierno del estado por conducto de la secretaria de Hacienda respecto a la sobretasa del 5 por ciento al Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Una entidad de la administración pública descentralizada que manejó recursos bajo políticas discrecionales, programas que no cumplían con requisitos, reglas de operación y procedimientos. En fin una opacidad total en estados de cuenta de la fiduciaria y de transacciones entre el Fideicomiso, Fideicomitente y el Fideicomisario (beneficiario).

Observaciones que van desde la ausencia de determinación de facultades y funciones que corresponden a distintas áreas, hasta la falta de claridad en torno al carácter del Fideicomiso como una unidad auxiliar al Poder Ejecutivo en materia de seguridad, que se contradice en el documento, al afirmar que:

“Este fideicomiso no se constituye con la finalidad de auxiliar al Ejecutivo en tal tarea (seguridad), pues como se ha señalado este no cuenta con una estructura operativa que implemente de manera directa tales actividades…”

El Fideicomiso incumplió en su momento también con los programas operativos anuales (POA’s) que sustenta el presupuesto y que en el ejercicio de 2015, solamente para hablar de ese año, correspondía a la cifra de 106 millones de pesos relacionados directamente con el Fideicomiso, además de otros fondos asignados en el renglón de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Increíblemente el Ficosec logró obtener recursos etiquetados como gastos de operación correspondiente al 32.1 por ciento como sucedió al cierre del ejercicio de 2015, en donde de 83 millones 475 mil 135 pesos, una cantidad de 26 millones 831 mil 737 pesos se destinó exclusivamente para “gastos de operación”.

Fundación Ficosec actuó como administrador y operador derivado de los acuerdos tomados por la máxima autoridad del fideicomiso, lo cual es el “Comité Técnico”, por lo que actividades y erogaciones efectuadas son en beneficio de diferentes “fideicomisarios” de los cuales ni un solo nombre revela el documento de la Auditoría Superior del Estado.

El multicitado Fideicomiso se constituyó en una especie de juez y parte.

Todavía el 15 de febrero de 2016, el Comité Técnico del Fideicomiso auditado, aprobó otorgar 14 millones 547 mil 506 pesos a la “persona moral”, una A.C. por conducto de la fideicomisaria (A.C.), no obstante que dicha beneficiaria no se encontraba legalmente constituida.

Y muchos otros recursos fueron aprobados y destinados sin que mediara convocatoria. Muchas irregularidades que no tienen explicación.

El relevo de Andrés Carbajal /

Llega en calidad de funcionario de “transición”, Abraham Leonel López León, que será el nuevo jefe de la oficina de la Subsecretaría de Obras Públicas en lugar del ingeniero Andrés Carbajal Casas, que no comulgaba desde hace ya mucho tiempo con el nuevo titular de Obras Públicas en el estado de Chihuahua, el ex alcalde panista Gustavo Elizondo Aguilar.

Ambos personajes eran en el proyecto del ‘Nuevo Amanecer’ como el agua y el aceite. Imposible juntarlos.

Abraham Leonel López será responsable de esa oficina solamente hasta el mes de diciembre, y se dice que trae la consigna de buscarle hasta por debajo de las piedras cualquier irregularidad a la gestión del ex subsecretario de obras públicas.

Oficialmente, se ocupará de dar continuidad a las obras que persisten inconclusas en la ciudad por falta de recursos económicos y, a decir verdad, por la centralización de los mismos desde la capital del estado, donde la antecesora de Elizondo, Norma Ramírez, no movió un solo dedo para que a Ciudad Juárez fluyeran los recursos económicos, muy a pesar de las instrucciones del gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

“Mi responsabilidad será dar seguimiento a las obras. Tendremos qué ver qué recursos hay, de dónde están fondeados, y si alguno se puede rescatar para terminar todo lo que quedó inconcluso”, dijo a los reporteros el nuevo director de transición.

El funcionario comentó que será hasta el próximo lunes cuando podrá dar información precisa del estado que guarda la oficina de obras en la ciudad.

Abraham Leonel López es ingeniero civil y tiene estudios de posgrado; además de que es docente del área de doctorado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Fue asesor externo durante dos años en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, por lo que usted estimado lector ya puede darse cuenta de que el nuevo funcionario es de la gente de Gustavo Elizondo. No podía ser de otra manera.

Defensa de ‘chuecos’: Impunidad /

Los diputados del PAN, PVEM, PANAL, PT y MC, exigieron conjuntamente, casi al unísono, que el gobierno del Estado detenga el decomiso de autos introducidos a la entidad de manera irregular e ilegal, denominados “chuecos”.

En aras y presunta defensa de los intereses de la ‘sociedad’, o mejor dicho de un grupo identificado y tenedor de vehículos irregulares, se subieron al carrusel de la impunidad.

Es decir le hicieron la chamba y cooperaron con los argumentos que habían manejado desde hace rato varios organizaciones defensoras de los propietarios de esos carros que circulan, algunos sin placas y otros con placas rojas.

Los legisladores de la sexagésima sexta legislatura plantearon la existencia de un proceso para crear la Ley para la Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, y por ende suspender las acciones de sanción para las familias que tienen ese tipo de unidades. Han de creer que descubrieron el ‘hilo negro’.

Afirmaron que la idea es generar una alternativa que pudiera resolver la situación de los vehículos internados en México provenientes del extranjero sin regularizar, haciendo no solamente el llamado a las autoridades federales sino presentando una propuesta real con bases y reglas que favorecieran a las partes involucradas, expusieron en la propuesta los congresistas de esos partidos.

Se curaron en salud: “Queremos aquí aprovechar para aclarar, no estamos a favor de la ilegalidad, pero sí de resolver un problema de manera efectiva y definitiva, facilitando la identificación y legal registro de los datos de los propietarios y de los vehículos precisamente para combatir entre otros problemas, la inseguridad, bla, bla, bla…”

Lo mismo que los otros, pero en diferente trinchera y al amparo del poder político y gubernamental. Habrá ver si les hacen caso.

Evaluación a Diputados /

Por cierto que hablando de diputados locales, el ‘pastor’ de la bancada del PAN, Fernando Álvarez Monje propuso la evaluación del trabajo de todos los legisladores. Comentó que todos los diputados deben ser evaluados de forma integral.

En su explicación, el diputado panista mencionó que en la actualidad se tiene a una sociedad más exigente y critica, la cual reconoce que en encuestas nacionales ubican a los diputados entres las seis instituciones reprobadas en lo que refiere a la confianza, y ese es entre otros el argumento por el cual se debe cambiar la desgastada imagen del poder legislativo.

Quien sabe, pero se suponía que el Congreso del Estado, con el tamaño de una estructura como la que opera en Chihuahua, existía todo un proceso de información sistematizada. Sin embargo también el diputado del PAN cree haber descubierto algo nuevo.

Fernando Álvarez comentó que es de urgencia profesionalizar y modernizar el trabajo de los diputados en el recinto legislativo, llevarlo a estándares internacionales y asegurar el monitoreo y evaluación de la calidad del trabajo legislativo.

La idea y la propuesta del panista es buena, y seguramente ya existe algo de trabajo relacionado con reformas a las Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, que harán posible que la propuesta camine.

Quizás lo que no está insertado en el poder legislativo es todo lo relacionado con la  participación de organizaciones no gubernamentales y organismos de la sociedad civil, el sector productivo y  la ciudadanía en general.

Raúl Ávila pone su propio retén

Ahora que el comisario Raúl Ávila Ibarra recién se estrenó como nuevo coordinador estatal de la Policía Federal en Chihuahua, en sustitución del comisario David Israel Aguirre Navarro, se dice por allí que el viejo policía se anda tomando su papel muy en serio, al punto de que ha puesto sus propios retenes, desde la entrada en los puertos y puentes fronterizos que unen a Juárez y el Paso, hasta lugares más recónditos en la carretera y brechas.

La federal quiere hacer su ‘polla’ de navidad y lo está haciendo desde los primeros días de septiembre,  y acosta de los juarenses y de alguno que otro avecinado en el sur del país.

Raúl Ibarra no es nuevo que bah!. Es un viejo conocido y sabe dónde están los negocios en la frontera mexicana. Ya de plano, y sin decir agua va, empezó a ocupar sitios y espacios que son vigilados también por otras autoridades locales y federales.

Por acuerdo del comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, tomó protesta a Raúl Ávila Ibarra, quien recibió la instrucción de mantener coordinación con las autoridades federales y con el gobierno del estado, pero al parecer y por quejas de otros, se sabe que el nuevo coordinador de la policía federal en Chihuahua quiere una rebana grande de pastel.

Mario Héctor Silva

Periodista y Analista Político.

Si quiere compartir información, puede hacerlo a mi correo personal y será tratado con toda confidencialidad.

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