• Congreso va por caso FICOSEC
• Cae ‘socio’ de Everardo Medina
• Infundados argumentos de Elizondo
• Recomendación de CEDH al retrete

Congreso va por caso FICOSEC /

Vaya, finalmente el diputado y dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores le ha puesto el ‘cascabel al gato’ y ha solicitado en la Torre Legislativa de la capital una iniciativa para exhortar a los directivos del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), a que expliquen todos los manejos relacionados con el financiamiento y operación del fideicomiso desde su creación.

Exige una revisión exhaustiva sobre operación, gasto y destino, y los magros resultados que se han obtenido con relación a la inseguridad en todo el estado de Chihuahua.

El diputado y opositor en el Congreso quiere que se explique la transparencia de cuando menos 700 millones de pesos y pide que ese Fideicomiso creado durante la administración estatal del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, deje de ser la “caja chica” de una administración que dijo, paradójicamente, ha sido incapaz de frenar la violencia en Chihuahua.

Los diputados de Morena y del PRI deben también llamar a cuentas a la actual secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega Arizpe, al ex subsecretario de Gobierno, Luis Mario Dena Torres y a Jorge Contreras Fornelli, los primeros dos integrantes del gobierno actual y el tercero asesor y ‘ajonjolí de todos los moles’.

En la ciudad de Chihuahua, hay muchos otros responsables de la operación y manejo del fideicomiso como Luis Lara Armendáriz, el poderoso empresario y presidente del consejo de administración de American Industries y Sergio Carlos Ochoa Muñoz, amén de otros empresarios de la élite chihuahuita.

Ellos fueron en el proyecto de Ficosec, como lo hemos señalado en más de una ocasión en este espacio, los testaferros y aplaudidores de las políticas de seguridad con César Duarte, a pesar de que los resultados en materia de seguridad pública se desmoronaron a partir de 2014, cuando ya no estaban ni el Teniente Julián Leyzaola como titular de seguridad pública en Ciudad Juárez, ni Carlos Manuel Salas como Fiscal General del Estado de Chihuahua.

De todas formas los empresarios administraron el dinero de los impuestos sobre nómina (ISN) y decidieron gastarlo en la forma que convinieron, a capricho de sus propios intereses. No tienen defensa sobre la arbitrariedad de los gastos.

La verdad es que al margen de las declaraciones que también ya han sido vertidas por el actual presidente estatal de Ficosec, el asunto no es, pero si para nada ‘pecata minuta’. Se trata de cientos de millones de pesos que han sido recaudados con aportaciones de los mismos empresarios –vía impuestos-, que han tenido como destino programas sociales, varios de ellos presumiblemente ‘fantasmas’ y que no han tenido el seguimiento y desarrollo.

Pero además, existen irregularidades tales como la inversión de recursos en compra de mobiliario y equipo millonario para organismos del sector privado como es el caso de Desarrollo Económico, lo que deja sobre la mesa muchas dudas sobre la decisión y orientación de inversión y gastos para el desarrollo de programas y acciones que se hicieron por decisión del Comité Técnico del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana.

Es decir, un pequeño grupo de empresarios consideró bien gastar el dinero al interior de los organismos del sector privado, que a su vez actuaron como ‘juez y parte’ para desarrollar programas sociales que han quedado ‘pequeñitos’ y muy ineficientes ante la inseguridad y la ola de asesinatos que se han registrado en los últimos dos años, durante la gestión del gobernador Javier Corral y del alcalde del gobierno independiente, Armando Cabada Alvídrez.

La opacidad es real y difícilmente los actuales titulares del Fideicomiso podrán explicar las observaciones e irregularidades que fueron registradas en los expedientes de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua de los últimos tres años.

Por lo pronto ya el líder estatal del PRI en su carácter de legislador ya metió las manos y ha pedido a sus correligionarios en la Torre Legislativa que comparezcan los directivos para que den una explicación creíble y razonable ante los diputados de la Junta de Coordinación Parlamentaria.

Ya hay un punto de acuerdo para que se exija un informe sobre estrategias y resultados y el destino de 700 millones de pesos, producto de la recaudación del impuesto sobre nóminas, y de los cuales 300 millones habrían sido orientados al Fideicomiso en Ciudad Juárez.

Cae ‘socio’ de Everardo Medina /

Todo cae por su propio peso. José Luis Anguiano Ochoa, empresario y ‘socio’ del ex subsecretario de obras públicas en la frontera norte, Everardo Medina Maldonado, fue vinculado a proceso penal por haber en acuerdos ilícitos para la construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones en los terrenos del desaparecido Hipódromo y Galgódromo de Ciudad Juárez.

Una denuncia que ventiló públicamente desde hace más de un año TORRE FUERTE, de acuerdo a la demanda presentada entonces por el ingeniero Gerardo Bonilla Morales, administrador y propietario de la empresa constructora BCH.

Se ha comprobado que existió complicidad con el exfuncionario estatal y pariente del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por lo que se espera que de un momento a otro sea detenido por ese y otros delitos, el constructor Everardo Medina.

Anguiano Ochoa aparece como administrador único de la Constructora Anglo S.A. De C.V., y fue acusado por el Ministerio Público (MP) del fuero común de haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias y de falsedad ante la autoridad junto con Medina.

En la acusación que fue presentada por un agente del MP en contra de José Luis Anguiano se establece que Everardo Medina Maldonado le ofreció a Francisco Gerardo Bonilla Morales, dueño de Urbanizaciones y Construcciones BCH, cuatro millones 985 mil 951 de pesos e inflar costos de la obra en el Centro de Convenciones para que dejara todo a cargo de Anglo.

Everardo metió a su socio para hacer negocios y ganar en el proceso de construcción de las obras del centro de convenciones.

El juez de Control Adalberto Contreras Payán comentó que la conducta desplegada por Anguiano y Medina no se configuraba en el ilícito de tráfico de influencias, sino el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. También reclasificó el delito de falsedad ante la autoridad por fraude procesal.

Infundados argumentos de Elizondo /

Ante algunos señalamientos de presunto subejercicio de recursos económicos y de obras inconclusas en los primeros dos años de gestión en la oficina de la Subsecretaría de Obras Públicas en la Frontera Norte, el ingeniero Andrés Carbajal Casas respondió categórico y acusó al actual secretario estatal de obras públicas, Gustavo Elizondo Aguilarde total desconocimiento de lo que es la secretaría y de las acciones que ha emprendido.

Nada más faltó decir que el nuevo funcionario en el gabinete estatal de Javier Corral Jurado, es un ‘bocón’.

En un brevísimo mensaje enviado a este periodista, el exsubsecretario de obras públicas aseguró que “los argumentos de Elizondo (Gustavo) y otros, son a todas luces infundados, pues la subsecretaría de OPF “SSOPF” nunca tuvo facultades para tramitar oficios de aprobación de obra alguna, pues la entonces la entonces titular de la secretaría de obras públicas (Norma Ramírez) nunca delegó a mi favor sus facultades”;

Y sí lo hizo a favor de la Dirección de Obras Públicas (DOP) de esa secretaría en la capital. A Ciudad Juárez llegaron únicamente los contratistas que eran ‘palomeados’ y que obtuvieron las obras previa licitación de la dirección de obras. Así le respondió al ‘Jefe Elizondo’, el nuevo mandamás de obras públicas en el estado de Chihuahua.

Por cierto que Carbajal le recomienda muy ampliamente a Gustavo Elizondo, echarse un ‘clavado’ en los archivos de la secretaría de obras públicas para que cuando menos sepa y conozca qué obras y por qué motivos están detenidas las obras que corresponden a Ciudad Juárez.

“No cabe la menor duda de la ignorancia que tiene Elizondo de los procedimientos que establece la Ley de Obra Pública”.

Y a propósito, que hablando de obras y de contratos en el famoso Fideicomiso de Puentes Fronterizos administrado por Elizondo, el ‘nuevo’ funcionario de todas las confianzas de Javier Corral, ya empezaron a salir las transas que se hicieron desde la ciudad de Chihuahua.

Resulta que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua pagó un millón y medio de pesos por la compra de 107 vialetones a una empresa que no está registrada en el padrón de proveedores del organismo ni de la Secretaría de Hacienda del Estado.

Se trata de la empresa Productos y Equipos Internacionales USAMEX, proveedor al que se le pagaron los alineadores viales, de una empresa, que según un periódico de la localidad, asegura que está ligada a Carlos Aguilar García, actual subdirector de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chihuahua.

O sea, que a la vez funge de funcionario en la administración de María Eugenia Campos, pero a la vez también la hace de proveedor para lo que se ofrezca.

“Aguilar se ostenta como director general de la empresa, puesto en el que, de acuerdo con la red Linkedin, ocupa desde septiembre de 2014, tres meses después de su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, publicó el rotativo en su edición digital de este miércoles.

Carlos Aguilar García es actualmente subdirector de Infraestructura Urbana de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chihuahua.

Recomendación de CEDH al retrete /

Otro dato que solamente sirve para los anales de la historia sobre los abusos y excesos que se dan desde el poder público.

Se trata del expediente de la recomendación número 60/2018 que acaba de emitir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) que, a decir verdad, sirve solamente para limpiarse con el documento en el retrete.

No tiene facultades ejecutivas, ni tampoco retroactivas para sanciones e inhabilitar al presidente de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, responsable de la agresión al periodista de televisión, Héctor González García, conductor de Televisa.

La recomendación, imagínese carísimo lector, es turnada  a la Contraloría Municipal para que establezca una sanción y se encargue de la reparación del daño.

Una autoridad que depende del presidente municipal, por lo que seguramente desde ayer por la tarde, cuando se supo de esa recomendación, el alcalde seguramente se echó a reír por tan ‘notable’ documento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La violación a la integridad personal, así como a la honra y reputación del periodista es oficialmente “evidente”. Así quedó emitida por el documento de recomendación que firma José Luis Armendáriz González, que llega por cierto, políticamente al menos, demasiado tarde. Too late, dirían los gabachos.

La recomendación es turnada al Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel y al presidente municipal, Armando Cabada. No sucederá nada.

En la Fiscalía General del Estado, a pesar de que se presentaron las pruebas de las agresiones en su momento en contra de Héctor González, jamás hubo la voluntad política para darle salida a un caso que en los primeros días de febrero escandalizó a ‘todo mundo’ por las agresiones de parte del presidente municipal de Juárez, Armando Cabada.

Hoy el documento, firmado y sellado por el presidente de la CEDH puede servir solo para dos cosas, o para colgarlo en un cuadro, como parte de una “victoria pírica” a favor del comunicador, o puede servir también para limpiarse con el y echarlo al retrete.

Nada que le devuelva la honra y las garantías en el ejercicio de trabajo a un periodista, que además, ha sido también vilipendiado y señalado en la televisión de la familia del señor presidente municipal.

Mario Héctor Silva

Periodista y Analista Político.

Si quiere compartir información, puede hacerlo a mi correo personal y será tratado con toda confidencialidad.

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