Desde que el pueblo de México decidió en 2018, que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, encabezara la conducción e inicio el gobierno de la Cuarta Transformación, la oposición agrupada políticamente en los partidos del PRIAN, junto con los poderes económicos y de los sistemas de comunicación, han utilizado todos sus medios políticos y económicos a su alcance para intentar descarrilar al gobierno de la 4T. Uno de los instrumentos a su disposición, además de la infodemia diaria, fue el usar al poder judicial, para los golpes de “Lawfare”; es decir, para implantar un a guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos deliberadamente ocultos a la opinión pública, pero fáciles de observar y analizar.
De esta forma, se han diseñado narrativas para tratar de generar un consenso negativo respecto del presidente y su gobierno. La peor y la principal de estas fue la intención de erosionar la imagen del gobierno, desde la prensa estadounidense, que trataba de vincular al presidente con el narcotráfico. También, podemos recordar la utilización del poder judicial para emitir amparos, para parar o al menos entorpecer la construcción de las grandes obras emblemáticas del gobierno de AMLO. En ese tiempo el poder judicial emitió al menos 147 amparos, que fueron interpuestos por supuestas organizaciones de la sociedad civil, manifestando que recurrirían a la vía legal en busca de la suspensión de cualquier otro proyecto de infraestructura, siempre haciendo alusión a la defensa del ecosistema y de los derechos humanos (https://www.milenio.com/politica/hay-147-amparos-contra-el-aeropuerto-de-santa-lucia). Y efectivamente la lista de amparos siguió durante todo el sexenio del presidente López Obrador; por ejemplo, las 6 suspensiones definitivas solicitadas en contra del tramo de Cancún-Playa del Carmen, bajo el argumento de que existía una omisión en la entrega de información sobre el impacto ambiental. Por otro lado, para el proyecto de la refinaría de Dos Bocas, el poder judicial emitió 80 amparos, el presidente llamo a estas acciones un evidente sabotaje legal.
El presidente desde el inicio de su gobierno, ha respetado la autonomía del poder judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero siendo enfático al mismo tiempo que se necesitaba una reforma profunda pues la impartición de justicia en México no ha existido para las personas mas vulnerables. En México quien tiene poder y dinero acceden rápidamente para ser atendidos.
En este sentido, el poder judicial en México, desde hace mucho tiempo tiene grandes privilegios, y muchos de ellos son jueces de consigna de las grandes corporaciones que tienen intereses económicos muy grandes en el territorio mexicano. Y también han tenido ligas con grupos de la delincuencia organizada. Los jueces, magistrados y ministros se han dedicado a litigar en contra del interés general del pueblo, ejemplos sobran; pero un caso emblemático fue cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se hicieron las reformas constitucionales que privatizaban el sector energético; aquí se tramitó un amparo para que se realizara una consulta y conocer si el pueblo estaba de acuerdo con esta propuesta. La SCJN, negó rotundamente la posibilidad de realizar la consulta, claro como siempre defendió los derechos de quienes querían hacer negocio con los recursos naturales de las y los mexicanos.
Y no se diga, sobre las personas delincuentes de cuello blanco y otros que ha dejado salir de la cárcel el poder judicial, por situaciones tan absurdas como errores en el proceso de detención, que según ellos vulneran el debido proceso. Por mencionar dos casos, se encuentra el del cambio de la medida cautelar del ex director general de PEMEX, Emilio Lozoya A., emitido por el magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, cambiando la prisión preventiva por un brazalete además de entregarle el pasaporte. El orto caso, es de interés fundamental en el estado de Chihuahua, una jueza de control, de nombre Hortensia García Rodríguez, ubicada en el distrito judicial Morelos, en audiencia de revisión de medidas cautelares, cambio la medida de prisión preventiva a domiciliaria, con portación de brazalete electrónico y también entrega del pasaporte a Cesar Duarte J. Estos, son solo dos casos de los múltiples que el poder judicial ha tenido en sus manos, y que en sabadazos ha liberado a una cantidad considerable de delincuentes.
El poder judicial debe de estar al servició del pueblo, el artículo 39 de la constitución así lo mandata, y que a letra dice:
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Y así como todo poder público dimana del pueblo, el poder judicial también debe de someterse a lo que mandata claramente este importante artículo de la Constitución Mexicana.
El día de hoy en la madrugada, después de 13 horas de trabajo y debate en el Senado de la República, la reforma al poder judicial fue aprobada en lo general y en lo particular. Ahora, falta que las 2/3 partes de los estados aprueben la iniciativa. Con 17 congresos estatales que aprueben la iniciativa, esta se regresa para su publicación en DOF, procedimiento que ocurrirá sin ningún contratiempo.
Este es el primer paso para la construcción de un poder judicial alejado de los poderes fácticos nacionales e internacionales; es decir, alejado del poder económico.
Con El Pueblo Todo Sin El Pueblo Nada
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