La clase trabajadora ha tenido la desgracia de verse representada por supuestos protectores de la fuerza laboral.
La explotación de los trabajadores es una historia que tiene su origen desde los albores de la humanidad.
Y en México han sido décadas de simulación en lo que corresponde al sindicalismo que supuestamente busca lo mejor para sus agremiados.
Alberto Fernández, en un ensayo reciente, nos dice: “En México, el régimen jurídico que norma la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, establecido por el Artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo (LFT), tiene dos características complementarias. Por un lado, un reconocimiento temprano, desde 1917 a nivel constitucional, de esos derechos laborales fundamentales; y por el otro, el establecimiento de todo un entramado legal e institucional, también desde el ámbito constitucional, que les permite a los funcionarios del Estado regular en los hechos el acceso a esos derechos con un alto grado de discrecionalidad. Derechos consagrados e intervencionismo estatal son las dos caras del sistema mexicano de relaciones laborales.
La evolución histórica del régimen que norma lo laboral y sindical en nuestro país ha seguido dos tendencias principales: la ampliación de los mecanismos de intervención estatal, especialmente para el registro de sindicatos y el ejercicio del derecho de huelga, desde la promulgación de la LFT, en 1931, y sus sucesivas reformas hasta 1980; y la reducción de los derechos laborales, sobre todo en lo que corresponde a la estabilidad en el empleo y el carácter tutelar de la ley en favor del trabajador, culminando en la reforma laboral de finales de 2012. En suma, menos derechos y más control.”
En síntesis, los dirigentes sindicales tienen una divisa canjeable al mejor postor, en la figura del trabajador.
Una lacra más terrible que el mismísimo herpes, casi imposible de erradicar.
El tema es motivo de reflexión en la vida política-laboral de México al grado de despertar el interés del presidente electo por terminar con el charrismo sindical: “no vamos a proteger a ningún dirigente”, aseguró recientemente Andrés Manuel López Obrador y reiteró que con el nuevo gobierno se respetará la democracia sindical y afirmó que no habrá protección para ningún dirigente sindical.
“Me dicen que qué va a pasar con el SNTE. ¿Qué va a pasar? Que va a haber democracia sindical. También que eso quede claro: libertad y democracia sindical. Ya el gobierno no va a proteger a ningún dirigente sindical. ¿Quiénes van a elegir a los dirigentes? Los trabajadores. Voto libre y secreto. Se acaba el charrismo sindical, para que quede claro. No le vamos a quitar el derecho a nadie, todos tienen derecho, y, al final, van a ser los trabajadores los que van a decidir de manera democrática”, dijo el presidente electo.
Todos los presidentes al inicio de su mandato arremeten contra alguno de los líderes sindicales.
Pero el único que realmente arrancó de cuajo el mal sindicalismo en México ha sido Felipe Calderón, quien desmanteló por decreto al sindicato de electricistas. Una de las más grandes lacras sindicales después del sindicato de PEMEX, TELMEX, SNTE y otros más.
En Ciudad Juárez, el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, entra en el rango del sindicalismo charro más rancio, con el cinismo de ostentarse así, bajo plena identificación entre corrupto y corruptor.
El obsequio de plazas para amigos y parientes del alcalde, es el intercambio de canonjías, mientras trabajadores muy necesitados y con antigüedad, esperan una oportunidad que nunca llegará…
Raúl Ruiz
Abogado. Analista Político. Amante de las letras.
CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales.
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