La Cámara de Diputados aprobó la reforma que incorpora a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ciudad de México (ADN/Staff) – El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 353 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones, el dictamen que modifica varios artículos de la Constitución para transferir el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con esta decisión, se formaliza el carácter militar de la corporación de seguridad, que hasta ahora estaba adscrita a un mando civil.
Durante la sesión, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, informó que el proyecto fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales. Entre las modificaciones aprobadas se destacan cambios en los artículos 13, 16, 21, 32 y 129, además de disposiciones transitorias que regulan el periodo de transición para armonizar el marco jurídico.
Uno de los puntos más controvertidos fue la aceptación de una reserva presentada por la diputada Merary Villegas Sánchez (Morena) que elimina la mención de personal “de origen militar y marino”, estableciendo que la Guardia Nacional estará compuesta por “personal militar con formación policial”. Esta modificación fue defendida por legisladores de Morena como un ajuste necesario para dotar a la Guardia de las capacidades policiales necesarias, aunque bajo una estructura militar.
Por otro lado, diputados del PRI, MC y PAN manifestaron su preocupación por lo que consideran una militarización de la seguridad pública. Gibrán Ramírez Reyes (MC) y Germán Martínez Cázares (PAN) señalaron que este cambio representa un retroceso en la lucha por mantener el control civil de la Guardia Nacional, argumentando que el gobierno de López Obrador está continuando con las políticas militaristas iniciadas durante el sexenio de Felipe Calderón.
El dictamen establece que la Guardia Nacional deberá operar bajo la conducción del Ministerio Público en la investigación de delitos, alineándose con las policías locales y estatales. También otorga al Congreso la facultad de expedir leyes que regulen la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y seguridad interior.
Finalmente, el decreto fija un plazo de 180 días para que el Congreso armonice el marco jurídico relacionado, mientras la Guardia Nacional sigue operando bajo las disposiciones legales vigentes. Se estipula que el Senado, o en su caso la Comisión Permanente, ratificará los nombramientos de los altos mandos de la Guardia Nacional, que deberán ostentar el grado de general de División.
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