El inminente paso de la Guardia Nacional, cuerpo policiaco del gobierno federal mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional, difícilmente resolverá el grave problema de ingobernabilidad que evidencian diversos y habituales hechos criminales contra la población civil a lo largo y ancho del país, es más bien un retroceso en la búsqueda de la seguridad ciudadana.
El caso de la Policía Federal es uno más en el que por sesgos políticos se optó por extinguir a una institución para crear otra que finalmente no cumpliría con los fines planeados; la solución propuesta es una mayor centralización y franca militarización.
Nadie siquiera pensaba que la entonces Policía Federal estuviera libre de corrupción, al menos durante los años 2008-2011 y sobretodo en ciudades como Juárez Chihuahua tuvimos una idea de su proclividad hacia conductas cuestionables.
No obstante, la idea de una corporación civil de policías federales no solo es buena, es necesaria y determinante en un diseño institucional que pretenda prevenir el crimen y contener a la delincuencia. La entonces Policía Federal se componía de diferentes divisiones, todas con un perfil específico de servidor público.
Durante el sexenio 2012-2018 se crea la Gendarmería Nacional que sería una nueva división de la Policía Federal y no su reemplazo como al principio se pudo pensar. La inversión y experiencia acumulada durante sexenios anteriores de algo debieron servir, de 2012 a 2015 México experimentó una baja en los niveles de violencia criminal.
Cuando se cambian o bloquean esquemas de diseño y operación institucional por motivaciones políticas, sobretodo en el tema de la seguridad pública, sobreviene la ingobernabilidad que afecta más que nada a la población civil. Parte de esto ha sucedido entre gobiernos estatales y municipales y entre estos y las administraciones federales desde hace algunos sexenios.
Es importante que el gobierno federal brinde seguridad por ejemplo en las carreteras (muchas hoy a merced de la delincuencia), realice actividades enfocadas en atender delitos de alto impacto hacia la población, de recuperación de territorios erosionados por el crimen, haga presencia institucional donde la autoridad está ausente o de cobertura a las actividades productivas.
Lo anterior es una función eminentemente civil, que debe ser realizada por servidores públicos civiles de carrera bien capacitados y pagados; formados en la disciplina, la técnica, las leyes y los derechos humanos. Que respondan a la sociedad y a los tribunales civiles.
Si bien la labor del Ejército y Armada de México es hoy esencial y determinante para proteger a la población, no olvidemos que su función está directamente relacionada con la seguridad nacional y que su participación en tareas de seguridad pública debiera ser temporal y subsidiaria.
Es justificada y necesaria la actuación de las fuerzas armadas cuando se trata de contener o eliminar grupos que por su estructura y poder destructivo amenazan la paz e integridad de los mexicanos, es además una exigencia de la sociedad.
Pero el Ejército y Armada de México no debieran realizar funciones permanentes de policía más allá de las de policía militar o naval que ya existen. Antes debieran ponerse sobre la mesa las atribuciones de las policías municipales y de los estados de la República.
La penetración del crimen en las policías municipales y estatales ha obligado desde hace mucho a que las fuerzas armadas tomen parte de tareas que otros dejaron de cumplir. Tener policías municipales y estatales que efectivamente prevengan delitos y policías de investigación que persigan y resuelvan los mismos sigue siendo una buena intención en la mayoría de los estados y municipios.
Tampoco debemos olvidar el papel determinante de la Fiscalía General de la República en el procesamiento de delitos que hoy trastocan la gobernabilidad del país. Repetimos que fortalecer y depurar a las policías de investigación, ministerios públicos y áreas periciales tanto federales como estatales es una condición necesaria para bajar los altísimos niveles de impunidad.
Esto no es más que invertir en capital humano, en su formación, actualización y capacitación, sueldos y prestaciones justas, en tecnología avanzada, equipamiento y filtros de control de confianza periódicos realizados bajo estándares internacionales que incluyan a todos los mandos medios y superiores.
La naturaleza del Ejército es salvaguardar la soberanía y territorio nacional, proteger y auxiliar a la población en determinados casos, también realiza investigación e inteligencia, pero orientada a la seguridad nacional. La Historia nos enseña que militarizar las funciones civiles no es el camino.
“No queda a salvo el rey por su gran ejército, ni el bravo inmune por su enorme fuerza.”
(Salmos 33:16)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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