Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera el pasado jueves revisar la constitucionalidad de la última Reforma Judicial ya promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, se abre el primer desafío al nuevo gobierno federal que tendrá que subsanar y más aún, evitar la expansión de una crisis institucional heredada por el anterior gobierno.
Derivado de amparos interpuestos y de peticiones de jueces, así como de un último y desesperado intento por diluir la reforma al Poder Judicial apenas aprobada, la Suprema Corte ha determinado analizar el contenido de esta y elaborar un proyecto que resuelva la constitucionalidad y aplicación de la misma o parte de ella.
Es un escenario de alta trascendencia pues sentará precedente sobre la actuación y facultades de los poderes de la Unión. En esta ocasión vemos un conflicto del Poder Judicial federal con el Ejecutivo y Legislativo del mismo ámbito.
Conflicto que bien pudo evitarse o resolverse de no ser por la insensatez del gobierno anterior y por la torpeza política de la presidencia de la Suprema Corte. “Para pelear se necesitan dos”.
Las anquilosadas cúpulas (hablo de los cargos más altos) del Poder Judicial federal no pueden rehuir a su responsabilidad en la crisis política institucional que mantiene en paro a los juzgados federales.
Por décadas, la alta casta judicial no tuvo rubor en asignarse mega sueldos, prebendas y pensiones de lujo; institucionalizaron el nepotismo, se acomodaron a los gobiernos en turno y pocas veces defendieron el interés del ciudadano común comparado con la acuciosidad con la que muchas veces protegieron a los grandes bancos o al poder económico y político.
¿Ahora buscan preservar la separación de poderes o los privilegios?. Aquí es donde parece que la Suprema Corte entró demasiado tarde y torpemente al debate, ni renunciaron a ganar menos que el titular del Ejecutivo ni actuaron en su oportunidad ni de manera categórica contra el nepotismo que persiste en el poder judicial del país.
Es cierto, como ya se ha expresado en este espacio, que la elección de jueces es más un procedimiento de sustitución por elementos que tendrían de alguna forma el visto bueno del oficialismo y por lo tanto es dar en la práctica mayor peso al poder Ejecutivo, es allí donde debe encauzarse la defensa al principio de separación de poderes.
El análisis a la reforma que la Suprema Corte ha decidido hacer pone a prueba la voluntad y capacidad política del gobierno federal para concertar una salida al conflicto que no rompa con el orden constitucional y que al mismo tiempo mantenga a las bases del oficialismo contentas en la narrativa de transformar a los tribunales federales.
También obliga ( o debería ser así) al más alto tribunal de la Nación a anteponer su honor y el bien de la República para buscar puentes de convergencia ante una reforma que cumplió con todas las formalidades previstas en la Carta Magna.
Esto implica centrarse en algún o algunos puntos accesorios de la modificación constitucional para que luego de observarse sea posible inducir a una legislación secundaria que atempere la inquietud por ahora soslayada de los principales socios comerciales del país y de parte importante de los distintos sectores de la sociedad mexicana.
Más allá de los estridentes discursos públicos, este desafío de la Corte aporta una coyuntura para que el gobierno recién establecido marque su propio camino conduciendo una discusión de leyes secundarias que rescate algo del principio de separación de poderes. Existen otros serios desafíos que atender (por ejemplo la violencia criminal que se agrava) y que necesitan de toda la capacidad del Estado.
“porque con sabios consejos harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está el éxito.”
(Proverbios 24:6)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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