La mayoría de la gente no sabe qué significa el que se viva en un entorno en que el Estado de Derecho no se aplique, en donde no haya democracia, justicia y que la vida republicana desaparezca. Así, frente a las reformas constitucionales que se han estado aprobando y los cambios a las leyes secundarias que las reglamentan, el gran público es indiferente.
Lo que pretendo en esta entrega es hacer el intento de explicar las implicaciones que la captura del Poder Judicial, por parte del Ejecutivo Federal principalmente y, de manera secundaria, por parte del Poder Legislativo, nos traerá como consecuencia y afectará a lo ciudadanos en su vida cotidiana.
Enuncio estas consecuencias por rubro:
- Impactos financieros. Las primeras consecuencias que tendremos serán de índole financiera cuando los mercados de capitales empiecen a reaccionar negativamente respecto del riesgo que implica invertir en México, ahora como país sin un Poder Judicial independiente
¿Qué significa esto para un inversionista? Pues, lo que implica es que el resultado de su inversión siempre estará sujeto a que el gobierno no cambie las reglas del juego, no solo al inversionista, sino al entrono de la inversión en donde recaerán los fondos en donde se dirigirá lo invertido. Es decir, si el gobierno cambia cualquier ley o norma, o toma alguna decisión administrativa no basada ni sustentada en alguna disposición legal, no habrá Poder Judicial que la revoque en protección de las partes afectadas.
Lo anterior implica que el riesgo del inversionista aumente exponencialmente, por lo que, o el inversionista preferirá o no invertir (esto implica fuga de capitales mexicanos hacia el extranjero), o invertir menos; o invertir con expectativas mayores de recuperación de los invertido (aumentando intereses, si su inversión es de prestar dinero, o con una entrada a corto plazo con grandes utilidades cuyos costos se cargan a usuarios o consumidores.
Todo esto, en primer lugar, genera inflación, disminuye la entrada de capitales que generan empleo, por lo que se pierden las fuentes de trabajo, e induce a que haya mayor informalidad. Todo ello teniendo como consecuencia que la economía deje de crecer y se generen mayores índices de pobreza, se venga abajo la recaudación fiscal, deteriorándose los servicios que presta el gobierno, como la salud, mantenimiento de infraestructura (puentes, carreteras, alumbrado), generándose impulsos a las actividades criminales, que devendrán a generar conflictos sociales y políticos.
- Impactos a la seguridad y libertades. Cuando no se tiene un Poder Judicial capacitado ni independiente los ciudadanos quedan a merced de los abusos de personas con poder, ya sea derivado del gobierno (personas con contactos en el gobierno o coludidas con funcionarios públicos). Así podremos ver casos de despojos de propiedades, herencias amañadas, fraudes sin castigo, aumento de las extorsiones, abusos de confianza, y ataques francos a la integridad de las personas (lesiones y homicidios), que no quedarán resueltos al no haber un Poder Judicial confiable, o por falta de conocimientos (se está despidiendo al 100% del personal calificado que lleva muchos años de experiencia en el Poder Judicial, para sustituirlos por personas con 8 de promedio en la escuela y con mínima experiencia profesional)
Al estar personas de mala fe coludidas con el ejecutivo o con legisladores (son los que tendrán la preferencia de designar a los candidatos a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial y tendrán el poder político para que los candidatos que designen sean elegidos), la población quedará atrapada por los políticos o los delincuentes.
Esta situación tendrá como consecuencias el que se vaya subiendo la presión social y genere violencia, salida mayor de mexicanos hacia el extranjero, y se genere un entorno en México de ingobernabilidad que nos lleve a una espiral de inseguridad, pérdida de nuestras libertades (la prisión preventiva oficiosa se utilizará como medio de represión del gobierno en contra de la población que pretenda revelarse), violencia generalizada, pobreza extrema, caída de inversión, que haga que se colapsen aún más nuestras instituciones.
Conclusión:
Esperemos que nuestra presidente recapacite en lo que implica la pérdida del Poder Judicial, como uno de uno de los componentes esenciales del gobierno, y no se oponga a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anule la Reforma Judicial, y le entre en serio a la reestructuración del Poder Judicial, no para que pierda su independencia, sino para que brinde justicia a los mexicanos y a quienes inviertan en nuestro amado México. Ahora sí que “para bien de todos, primero la justicia”.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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