En nuestro país el derecho a la vivienda digna está plasmado en la Constitución; sin embargo, en la realidad esto no es una garantía dado que, del alrededor de treinta y cinco millones de viviendas existentes, todavía hay cerca de diez millones que no están en condiciones de ser habitables, arrojando un problema debido al déficit y afectando a millones de personas.
Durante los últimos ocho años la construcción de vivienda de tipo económica, disminuyó en casi un ochenta por ciento, aunado a un fenómeno de especulación que ha influido en los precios de la construcción afectando el derecho que todas y todos tenemos a una vivienda.
En ese orden de ideas, el Gobierno Federal desde la administración pasada, así como la actual de la Presidenta Sheinbaum, buscan dotar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como INFONAVIT, de atribuciones con el firme propósito de frenar el aumento en los precios de la vivienda y la construcción que, contrario a la significativa caída en la construcción, llegaron a aumentar hasta en un sesenta por ciento en los pasados ocho años.
Hemos de decir que, la política que inició en el sexenio de AMLO, permitió mejorar el ingreso del INFONAVIT, aumentando las aportaciones en un sesenta y cinco por ciento, aumentando además el fondo de inversión a la par de fijar la mayor dispersión de créditos en la historia
Analizando la problemática en mención, se ha retomado la propuesta de reformas que parten de dos ejes básicos: la construcción y renta de viviendas, que, bajo un esquema de justicia social, garantizarán para las personas trabajadoras en México el acceso a una vivienda.
Es así que, dotando al INFONAVIT de facultades para construir vivienda, en un segundo término, estas viviendas se ofrecerán a las personas bajo esquemas de renta -que no excederá del 30% del salario de la persona trabajadora- con opción a compra o bien bajo un esquema directo de compra venta.
Por más esfuerzos que haga la oposición en crear un falso conflicto con nuestro estado, estas acciones callan la boca, dado que Ciudad Juárez y Chihuahua se encuentran en los primeros lugares pensados para dicha inversión, contemplando para estas dos ciudades la construcción de por lo menos sesenta mil viviendas, generando al menos ochocientos mil empleos con una inversión cercana a los $30,000 millones de pesos que, en conjunto con otros puntos del país, sumarán un estimado de quinientas mil viviendas con una inversión de $250,000 millones de pesos generando millones de empleos por cada año.
Si a este punto, esta medida no le convence lo suficiente, diremos que los beneficios se traducen en una mayor oferta de vivienda económica, haciendo accesible para las familias la construcción de un patrimonio asequible y formal, fomentando a la par proyectos regionales orientados a reactivar la economía y la generación de empleos.
Para seguridad de todas y todos, las finanzas del Instituto no se verán afectadas sino todo lo contrario, dado que el esquema de renta generará un flujo de ingresos a largo plazo, aunado a que las empresas constructoras no se verán afectadas dado que, podrán incluso participar en estos proyectos como parte de un esfuerzo conjunto.
Habría que sumarle al anterior el hecho de que, existe un amplio respaldo ciudadano, tan amplio como de casi el ochenta por ciento a las reformas en materia de vivienda; por otra parte, más de la mitad de las y los mexicanos están interesados en adquirir una vivienda a través de INFONAVIT, institución que le será corresponsable al priorizar los elementos de la vivienda adecuada que promueve ONU-Habitat
No podemos más que decir que, fiel a la transformación, estas medidas buscan compartir la prosperidad lejos de asegurar privilegios para ciertas clases, para que cada vez más personas materialicen el derecho de cada persona, a tener una vivienda digna.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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