En los últimos días, la bancada de Morena y sus aliados en el Senado han avanzado significativamente en la aprobación de la controvertida reforma de la supremacía constitucional. Esta iniciativa busca modificar los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de blindar las reformas constitucionales contra amparos y acciones de inconstitucionalidad. La propuesta ha generado un intenso debate, ya que muchos la consideran una medida autoritaria que pone en riesgo los derechos fundamentales y la democracia en el país.
La reforma de la supremacía constitucional establece que ninguna reforma constitucional aprobada por el Congreso pueda ser anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto significa que los jueces y magistrados no podrán invalidar cambios a la Constitución, eliminando así una de las principales herramientas de control y equilibrio del poder. Con esta medida, el poder legislativo se asegura de que sus decisiones no puedan ser cuestionadas, blindándose ante cualquier intento del “pueblo sabio” de sacarlos del poder.
Esta medida es claramente autoritaria. Al eliminar la posibilidad de impugnar reformas constitucionales, se está limitando el acceso a la justicia y debilitando el sistema de pesos y contrapesos, fundamental en una democracia. Además, los legisladores de Morena y sus aliados no están considerando los riesgos de esta reforma, ni siquiera se toman el tiempo de leer y analizar a fondo lo que están aprobando. Todo lo aprueban porque así han sido las instrucciones que se les da, tal como lo expuso el diputado Alejandro Domínguez hace un par de semanas. Son tan obvios que la indicación baja en un simple whatsappazo.
Uno de los mayores riesgos de esta reforma es que se abre la puerta a posibles abusos de poder. Sin la posibilidad de que la SCJN revise y anule reformas inconstitucionales, el Congreso tendría carta blanca para aprobar cualquier cambio que desee, sin importar si este va en contra de los derechos humanos o los principios democráticos. Esto podría llevar a una erosión gradual de las libertades y garantías individuales, poniendo en peligro el Estado de derecho en México. Pero bueno, recordemos que seguimos en el país donde no pasa nada.
Un ejemplo del descaro con el que se ha manejado esta reforma es el intento de modificar el artículo 1 de la Constitución. Inicialmente, la propuesta incluía cambios que limitaban el control de convencionalidad sobre los derechos humanos, lo que generó una fuerte oposición. Ante la presión, los legisladores de Morena se retractaron y eliminaron esta modificación de la propuesta final. Sin embargo, este episodio dejó en claro la falta de consideración y el apresuramiento con el que se están llevando a cabo estas reformas.
Ayer 24 de octubre, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen de la reforma con 24 votos a favor y 10 en contra. Este dictamen fue enviado a la Mesa Directiva para su correspondiente publicación en la Gaceta Parlamentaria y se espera que sea votado en el pleno del Senado en las próximas horas. La bancada de Morena ha asegurado que con esta reforma se busca fortalecer la supremacía de la Constitución, aunque sus críticos advierten que podría tener consecuencias graves para la democracia y los derechos humanos en el país. Aquí el peligro más inminente es que absolutamente todo será aprobado, porque tienen ya una mayoría relativa.
La reforma de la supremacía constitucional representa un grave riesgo para la democracia y los derechos humanos en México. Al blindar las reformas constitucionales contra amparos y acciones de inconstitucionalidad, se está debilitando el sistema de pesos y contrapesos y se está abriendo la puerta a posibles abusos de poder. Todo esto con el beneplácito de la señora presidenta y obviamente de “ya saben quién”. Es fundamental que los legisladores tomen en cuenta los riesgos y analicen a fondo las implicaciones de esta reforma antes de aprobarla. Se están sentando las bases para un régimen autoritario que ponga en peligro las libertades y garantías individuales de todos los mexicanos.
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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