Este martes 5 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá referente a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos políticos de oposición contra la reforma constitucional al Poder Judicial publicada el pasado 15 de septiembre. Lo que al caso resuelva el más alto tribunal del país supone consecuencias de la más alta trascendencia para los mexicanos.
La Suprema Corte de Justicia perfila la invalidación parcial de la reforma al Poder Judicial, específicamente en el punto toral de la misma: la elección popular de jueces y magistrados. Este probable escenario vendrá a acentuar la crisis política y constitucional que ya vive la República.
Es decir, del conflicto pasamos a un choque frontal que nada abona al bien común. A menos que el Poder Ejecutivo acate la resolución de la Corte, algo hasta ahora poco probable pero que en definitiva ayudaría al recién estrenado gobierno federal a tomar su propio cause político y administrativo.
En el probable escenario donde la Corte invalide parcialmente la reforma judicial y esta sea desacatada por el Ejecutivo, estaremos ante la ruptura del Estado de Derecho como país occidental civilizado.
Por lo anterior, no puedo decirlo de otra forma, México podría estar en camino de contarse entre las repúblicas bananeras que no garantizan el mínimo de los derechos humanos y sus garantías. Las consecuencias económicas no serán menores y calarán sobre todo y como siempre en las clases medias y bajas.
Nuestro país, bien o mal, ha mantenido la estabilidad macroeconómica desde hace 28 años. El agravamiento de la crisis política y constitucional nos pondrá en los albores de la primera crisis económica y financiera desde 1995.
¿Por qué decimos esto?
- Implica que México pierde total seriedad en el comercio internacional, la reforma judicial es contraria al T-MEC del que nuestro país forma parte y que es fundamental para el crecimiento económico. Ante una eventual renegociación del acuerdo comercial y al quedar pesimamente parados, no esperemos más y mejor comercio con nuestros vecinos del norte.
- Los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha ratificado se encuentran formalmente a la par de la Constitución, el mensaje que México de al exterior como un país que incumple las resoluciones del sistema de impartición de Justicia abriría la puerta a procedimientos en instancias internacionales y a posibles sanciones fundamentalmente económicas.
- Desacatar la resolución de la Corte va a incrementar el riesgo que como país tenemos ante posibles o actuales inversores. Nadie que no desee apostar su reputación corporativa quiere invertir en países inestables y sin Estado de Derecho.
- Ante el prácticamente nulo crecimiento económico de los últimos seis años y a otras decisiones de política económica tomadas en este lapso, nuestro país está condicionado a atraer nuevas inversiones para recuperar el crecimiento, estás en definitiva no se darán si se persiste en desmantelar el poder judicial, lo que no solo implica perder oportunidades de desarrollo como el nearshoring, sino que puede motivar y seguramente así será, la salida de inversiones.
- El impacto en el sistema financiero de un desacato a la resolución de la Corte será directo, a la desconfianza actual vendrá una salida de capitales ya sea por políticas corporativas o por regulaciones de los países de origen de quienes invierten en México y que les obligan a operar solo en países que cumplen con la garantía de la seguridad jurídica.
- La fuga de capitales, como en 1982 o 1994, con similitudes a la situación actual si observamos el ropaje de partido cuasi hegemónico que hoy se cierne en el país y a la inestabilidad política derivada de un procesamiento ineficaz e ideologizado del tema del poder judicial, es igual de probable que suceda como en esos años. Esto precede a una crisis económica.
- En la arena geopolítica, México es un país prioritario para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América, a quienes no conviene, gane quien gane las elecciones presidenciales de ese país, la erosión institucional de un socio comercial estratégico. Los botones que desencadenen una devaluación del peso mexicano pueden ser oprimidos en el momento que se requiera.
- El coctel de déficit presupuestario, crecimiento de la deuda, necesidades de inversión en infraestructura y energía para la actividad productiva, crisis de inseguridad pública y ahora con la probable perdida del Estado de Derecho o captura del Poder Judicial por un ente político y por los poderes de facto implica un impacto serio y negativo en la economía mexicana. Si bien las reservas internacionales del Banco de México son históricas, la deuda pública actual las supera de manera considerable.
Aunque, como ya lo hemos comentado, la Suprema Corte o la mayoría de sus ministros entran tarde y torpemente a tratar de salvar el honor; optan de acuerdo al proyecto del ministro González Alcántara Carrancá por “auto contenerse” y aceptar ser sustituidos a través del voto popular, no así de los magistrados y jueces, lo que conduciría a abrir la posibilidad de salvar en gran parte el permanente sistema de contrapesos y el Estado de Derecho mínimo requerido. Sigo creyendo en la cordura de la titular del Ejecutivo.
“La insolencia sólo disputas proporciona; con los que admiten consejos está la sabiduría.”
(Proverbios 7:10)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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