Para mí, es muy clara la postura que nuestra presidente de la República tiene de no respetar la posible resolución de la Suprema Corte de Justicia, respecto a la invalidez de la reforma constitucional del Poder Judicial relativa a la elección por voto popular de jueces y magistrados.
Es claro que la presidente está cegada de poder, ignorando lo que representa quebrantar el orden constitucional en una nación como México, tan importante en la geopolítica mundial.
Ello implica romper con los múltiples tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, principalmente los relativos a los derechos humanos y a los de libre comercio e inversión.
Esto traerá para el país consecuencias funestas e incalculables, derivadas de la fuga de capitales y suspensión de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, acarreándose una recesión económica y crisis financiera de dimensiones gigantescas.
El gobierno se puede quedar sin dinero para la prestación de los servicios básicos, como seguridad, salud, educación e infraestructura, para seguir alimentando a los barriles sin fondo de PEMEX y CFE, teniendo que suspender sus proyectos de infraestructura ferrocarrilera de pasajeros, poniéndose en peligro la ayuda social y el servicio de la deuda. No sabemos si, en su desesperación, el gobierno elimine la autonomía del Banco de México para sustraer nuestras reservas internacionales.
Para acabarla de amolar, el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, en el sentido que sea, no nos garantizará nada bueno para México. El crimen organizado continuará desatado, la reacción del ejército ante una posible rebeldía social será de pronóstico reservado.
Sí, lo que planteo es un escenario catastrófico, y muchos dirán, “no hombre, México es resiliente, es grande y aguanta un piano, eso no pasará, saldremos adelante”. Pues sí, ojalá tengan razón, pero que las cosas se van a deteriorar es un hecho, quizás no tan rápido como predigo, pero sí habrá consecuencias graves que, en el mejor de los casos, poco a poco iremos experimentando.
Otro escenario es, que nuestra presidente aproveche la coyuntura de que una posible resolución de la Corte echando abajo la elección de jueces y magistrados, le de, aceptando dicha resolución, otorgándole la oportunidad de que los ministros de la Suprema Corte que ya han renunciado, con efectos al último día de agosto de 2025, ya no la molesten, y que las ministras entregadas al oficialismo, Lenia Batres, Jasmín Esquivel y Loreta Ortiz, que se han postulado a ser elegidas por el pueblo, más las que recomiende el oficialismo, integren a la nueva Corte en septiembre de 2025.
Además, la presidente tendría la oportunidad de designar las candidaturas de las personas que integrarán el Tribunal de Justicia Judicial y aprovecharse de los fideicomisos del Poder Judicial, que la resolución de la Corte deja sin atacar.
La resolución que el ministro González Alcántara Carrancá ha ofrecido con su ponencia presentada ante la Suprema Corte, es de por más generosa. Salva a todo el aparato judicial de México que tanto trabajo ha costado construir, manteniendo la profesionalización de nuestro Poder Judicial, en contra de entregar a la Suprema Corte, que de todas formas estaría perdida, al jubilarse el ministro Aguilar a fines de noviembre, ya que la presidente y la mayoría calificada con la que cuenta morena y sus aliados garantizan que la designación del nuevo ministro queda en sus manos.
En conclusión, la presidente Sheinbaum, o se empecina en su delirio de poder, destruyendo nuestro orden constitucional con todas las consecuencias que ello acarreé, o toma la oferta que le ofrece el ministro González Alcántara Carrancá, llevándose el control de la última instancia constitucional que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si la presidente opta por la primera opción, sabremos que estamos siendo dirigidos por una persona insensata, ignorante, necia, arrogante y perversa, que no le importan las consecuencias de sus actos en detrimento de México y su pueblo.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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