Luego de que feneciera de manera prematura el desafío de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Poder Ejecutivo y Legislativo al admitir acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial, la elección popular de jueces y magistrados sigue su curso, junto a eso la incertidumbre de parte de la sociedad, así como los riesgos políticos y económicos que distan de disiparse.
Finalmente la Suprema Corte desechó, al no alcanzar la mayoría calificada de ocho votos, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos de oposición contra la reforma constitucional al Poder Judicial.
Esto al decantarse de manera inesperada el voto del ministro Alberto Pérez Dayán en contra de invalidar parcialmente dicha reforma tal como lo proponía el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá.
Se perfilaba que la Corte invalidara la elección popular de jueces y magistrados, anulando así la parte que más dudas genera de la modificación constitucional aprobada por el Legislativo.
Se contaban ocho votos de ministros que de manera regular habían votado en bloque y que por sus posicionamientos anteriores podían con toda probabilidad ceñirse al proyecto de González Alcántara Carrancá para obstaculizar el curso de la citada reforma.
Sin embargo, con el sorpresivo voto de Pérez Dayán, se desactiva (al menos temporalmente) la crisis constitucional y la reforma termina por legitimarse y hasta por cobrar un mayor impulso jurídico y político.
El máximo tribunal del país ha determinado desestimar la revisión de la reforma judicial, por lo que no procede cambio alguno y está debe seguir su curso en los términos promulgados.
Y sí, la Corte pudo haber hecho más, mucho más, con o sin el voto del ministro que rompió el bloque que pretendía frenar la reforma en mención. Lo dijimos en más de una ocasión, la Corte entró tarde y torpemente al debate.
Pudieron, lo expresamos en su momento, frenar el nepotismo anquilosado en parte considerable de la estructura del Poder Judicial. Nunca vimos algún posicionamiento, al menos oportuno, mucho menos alguna medida tendiente a contrarrestar dicho vicio administrativo.
Las propuestas de reforma como la de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, llegaron demasiado tarde, pudieron hacerlo desde hace mucho tiempo. Faltó visión, sensibilidad social y oficio político.
Pudieron detectar y eliminar o corregir, dentro de sus posibilidades y responsabilidades; las fallas, inercias dañinas y coágulos de corrupción dentro de sus estructuras. Fallaron, no les fue posible o no quisieron hacerlo.
Alimentaron pues el discurso beligerante en su contra, bajo el mote, palabras más palabras menos; de privilegiados, defensores del poder económico, cómplices del poder político, corruptos…
Ahora la República asumirá los costos o los beneficios. Pensamos que los riesgos son grandes y que nada bueno puede esperarse de la concentración excesiva de poder tal como parece estar sucediendo.
Claro que faltaba una reforma al Poder Judicial, dudamos mucho que sea la que terminó aprobándose; las posibles consecuencias económicas que comentábamos en la pasada entrega siguen fundamentalmente latentes, más aún cuando el oficialismo ha anunciado meter mano muy próximamente a los órganos autónomos.
Tratemos no de esperar que no nos fallen, tendremos que aprender a no fallarnos a nosotros mismos, como mexicanos, con todo lo que esto implica. Ojalá y todo sea para bien.
“Y ahora, Señor, ¿qué puedo yo esperar? En ti está mi esperanza.”
(Salmos 39:8)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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