Según explicó el jueves a AP Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca, un albergue de la ciudad de Monterrey, esas fueron algunas de las acciones acordadas por los 28 albergues de migrantes de la zona norte (muchos de ellos de la Iglesia católica) que se reunieron esta semana en el estado fronterizo de Nuevo León, donde se ubica Monterrey.

Zavala, sacerdote, académico y uno de los anfitriones de la reunión, indicó que la primera idea es repetir lo que Tijuana hizo hace décadas, cuando empezó a recibir deportados: replantear los albergues para atender no solamente a quienes van hacia Estados Unidos sino a los que son devueltos, y contactarlos con fábricas y empresas locales que puedan contratarlos.

El objetivo es buscar cómo insertarlos laboralmente de forma inmediata. Y para ello Nuevo León, un estado muy industrial, es uno de los puntos clave.

“Todos los días vienen aquí empleadores”, dijo Zavala refiriéndose al albergue que dirige.

“Monterrey tiene un déficit de mano de obra de más de 15.000 puestos” sobre todo en empresas con cadena de suministro.

Otra de las propuestas, prevista en colaboración con la ONG estadounidense “Immigrant Hope”, es hacer una base de datos de abusos sufridos por migrantes a ambos lados de la frontera para poder exigir mecanismos legales para su protección.

Pero hay mucha incertidumbre y eso hace que sea complicado prepararse.

Zavala dijo que no se sabe qué tipo de protección ofrecerán los consulados mexicanos en Estados Unidos, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que habrá apoyo legal y administrativo. También se desconoce si Trump deportará a México sólo a nacionales mexicanos o devolverá a migrantes de otras nacionalidades.

“Ante cualquier escenario factible, las casas tenemos que replantearnos de manera eficiente cómo vamos a canalizarlos”, sentenció el sacerdote.

Nuevo León es uno de los pocos estados que, desde hace un par de años, da recursos a la sociedad civil para atención a los migrantes, agregó Zavala, pero la ayuda del gobierno federal es muy escasa.

De ahí que en el comunicado final del encuentro, los albergues pidieron al ejecutivo federal que apoye financieramente a las organizaciones —oficiales o de la sociedad civil— que trabajan con migrantes, que promueva más programas de regularización y estancia legal en México y que investigue los abusos contra esta población, en cumplimiento con sus compromisos nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos.