El pasado 13 de noviembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una controvertida reforma que amplía la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México. Esta medida, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un intenso debate y críticas tanto a nivel nacional como internacional.
La prisión preventiva oficiosa permite que un juez ordene la detención de una persona sin necesidad de una condena previa, siempre y cuando se trate de delitos considerados graves. Sus defensores la justifican como una herramienta para combatir la inseguridad y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. No obstante, sus detractores advierten que esta medida socava derechos fundamentales y representa un retroceso en el sistema de justicia mexicano.
Los argumentos en la balanza
A favor
Los partidarios de la reforma sostienen que esta es indispensable para enfrentar delitos de alto impacto, como la extorsión, el tráfico de drogas sintéticas y el contrabando. Según Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la prisión preventiva oficiosa fortalece el marco jurídico y ofrece mayor protección a la sociedad.
Desde esta perspectiva, la medida se presenta como un recurso esencial para frenar el auge del crimen organizado y los delitos que afectan de manera directa a la población. Sus defensores afirman que es un mal necesario en un contexto donde la inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas del país.
En contra
Por otro lado, diversos sectores han señalado que esta reforma es un grave retroceso en materia de derechos humanos. La oposición, integrada por partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, ha cuestionado la constitucionalidad de la medida, argumentando que viola la presunción de inocencia, un principio clave en los sistemas de justicia modernos.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) calificó la ampliación de la prisión preventiva oficiosa como “perjudicial y regresiva”. Según el organismo, esta práctica no solo desincentiva el fortalecimiento de las capacidades de investigación del Estado, sino que también abre la puerta a detenciones arbitrarias. Las personas sin recursos para acceder a una defensa adecuada se verán particularmente afectadas, aumentando así la desigualdad en el acceso a la justicia.
Además, la ONU-DH subrayó que la reforma incumple compromisos internacionales adquiridos por México, incluyendo sentencias y recomendaciones emitidas por organismos internacionales que demandan limitar el uso de la prisión preventiva.
Riesgos e implicaciones
Con la aprobación de esta reforma, cualquier ciudadano podría ser detenido sin una condena previa, generando un clima de incertidumbre y temor. La ausencia de un proceso judicial adecuado incrementa el riesgo de abusos de poder y detenciones arbitrarias, lo que, a su vez, podría minar aún más la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
Esta situación pone en entredicho los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y tratados internacionales. Al apostar por una política punitiva que privilegia la prisión preventiva por encima de la investigación eficaz, se corre el riesgo de perpetuar un modelo de justicia que prioriza la apariencia de acción por encima de los resultados efectivos.
Reflexión final
La aprobación de la ampliación de la prisión preventiva oficiosa ha reavivado un debate crucial sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en México. Mientras que algunos consideran esta medida como una herramienta necesaria para combatir delitos graves, otros la ven como un retroceso que amenaza los pilares del sistema de justicia.
Solo el tiempo permitirá evaluar si esta reforma logra sus objetivos sin comprometer las garantías fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, las preocupaciones actuales invitan a reflexionar sobre la urgencia de un modelo de justicia que privilegie tanto la seguridad como el respeto a los derechos humanos.
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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