Detectan compra de lentes a sobreprecio y manipulación de contratos en perjuicio de menores víctimas de la lucha contra el crimen.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) sancionó a dos exfuncionarios públicos involucrados en la adjudicación irregular de contratos del Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI). Ambos fueron inhabilitados por un año tras comprobarse el abuso de funciones para evadir procesos legales de licitación en 2018.
De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE), los exfuncionarios utilizaron indebidamente un monto de 3 millones 193 mil 479 pesos del fideicomiso en la compra de servicios y lentes para menores beneficiarios, muchos de ellos hijos de policías caídos. Aunque el programa buscaba apoyar con exámenes de vista y dotación de lentes, se detectaron sobreprecios y manipulaciones en la contratación que perjudicaron los recursos destinados a estas víctimas.
La ASE identificó que los responsables, de iniciales H.E.C.P. y B.R.P., fraccionaron el monto total en tres contratos menores para evitar el proceso de licitación pública, obligatorio por ley en adquisiciones de este tipo. Mediante esta estrategia, lograron adjudicar directamente los contratos a proveedores no especializados, beneficiando a Ricardo Humberto Márquez Jasso, GRUPO RULAND, S.A. DE C.V. y BARI NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V., por montos que rondaron el millón de pesos cada uno.
Según el análisis, los proveedores no contaban con experiencia en optometría, lo que derivó en un sobreprecio. La ASE calculó que cada lente adquirido costó alrededor de 6 mil pesos por unidad, un valor significativamente superior al del mercado. Estas irregularidades motivaron las sanciones administrativas emitidas por la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA.
En su resolución, el tribunal determinó que H.E.C.P., quien fungía como jefe del Departamento de Servicios y Adquisiciones de la Fiscalía General del Estado, y B.R.P., asesor técnico de la Dirección de Administración y Enajenamiento de Bienes, incurrieron en abuso de funciones al intervenir en la creación de dictámenes de excepción. Esto permitió omitir el procedimiento competitivo que habría garantizado transparencia y mejores precios.
Además de su inhabilitación, los sancionados no podrán participar en adquisiciones, arrendamientos o contrataciones relacionadas con el servicio público durante el mismo periodo. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación penal sobre este caso, con la posibilidad de establecer responsabilidades mayores en el ámbito criminal.
El fallo refuerza los esfuerzos por combatir la corrupción en el manejo de recursos destinados a sectores vulnerables, destacando la necesidad de mayor supervisión en fideicomisos como el FANVI, especialmente cuando el objetivo es asistir a víctimas indirectas de la violencia en la región.
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