La diputada Leticia Ortega cuestiona a autoridades sobre medidas contra violencia feminicida en Chihuahua, donde sigue siendo un grave problema social.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Leticia Ortega Máynez, representante del grupo parlamentario de Morena, alzó la voz en el pleno del Congreso de Chihuahua para cuestionar abiertamente las estrategias implementadas por distintas autoridades para abordar la alarmante situación de violencia feminicida en el estado.
En su intervención, Ortega manifestó su preocupación por los datos que posicionan a Chihuahua y Ciudad Juárez en el listado de los 15 municipios con mayor incidencia de violencias contra las mujeres en México.
En lo que va del 2024, se han reportado 198 homicidios dolosos de mujeres, con 43 de estos clasificados formalmente como feminicidios, un fenómeno que no solo se refleja en las estadísticas, sino que resuena en el tejido social de la región, donde la violencia de género se ha convertido en un flagelo que afecta a diversas comunidades.
La legisladora señaló que, a pesar de la aparente implementación de leyes y tratados internacionales que buscan proteger los derechos de las mujeres, las cifras indican que estos esfuerzos no han sido suficientes para erradicar un problema tan profundo y sistémico como el feminicidio.
El caso reciente de Abril Villareal, quien fue asesinada y abandonada en un lugar visible como la Cruz Roja, subraya la urgencia de una respuesta coordinada y efectiva de las autoridades, ya que representa no solo una tragedia personal, sino un antecedente que pone de relieve la vulnerabilidad en la que viven muchas mujeres en la entidad.
Las preguntas planteadas por Ortega a César Jauregui, Fiscal General del Estado, y Raquel Bravo Osuna, líder del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, tienen como objetivo profundizar en la evaluación de las políticas públicas implementadas y los resultados alcanzados hasta ahora.
En un contexto donde las expectativas sociales en torno a la seguridad y la justicia para las mujeres son cada vez mayores, es esencial que las autoridades puedan aclarar qué medidas concretas se están tomando y con qué efectividad están operando. La falta de estas respuestas podría agravar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de proteger a las mujeres.
Es relevante también considerar la capacitación recibida por los servidores públicos que tienen la responsabilidad de catalogar los homicidios de mujeres y diferenciarlos de los feminicidios, un aspecto crítico que puede influir en la forma en la que se investigan los casos y, por ende, en la forma en que se percibe la violencia hacia las mujeres en el estado. La falta de procedimientos claros y eficientes podría desembocar en una subestimación del problema y en una respuesta institucional insuficiente.
La morenista también insistió en la necesidad de programas de protección para mujeres en riesgo, lo que refleja una carencia en las acciones preventivas que se deberían llevar a cabo. La lucha por la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres no puede esperar, y las estadísticas del 2024 revelan que aún queda mucho por hacer. La existencia de programas efectivos e inclusivos resulta imperativo en la construcción de un entorno más seguro para las mujeres que, cada día, enfrentan el temor de ser víctimas de violencia.
En última instancia, Leticia Ortega enfatiza que la erradicación de la violencia feminicida debe ser parte fundamental de la agenda estatal y nacional. La seguridad de las mujeres no es solo un compromiso moral, sino un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado.
La respuesta a sus cuestionamientos no debería limitarse a la simple rendición de cuentas, sino que debe traducirse en acciones concretas, efectivas y visibles que permitan a las mujeres de Chihuahua vivir sin miedo, con la certeza de que su vida y bienestar son prioridades en la gestión gubernamental.
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