El viraje hacia la perspectiva global de los problemas públicos derivó en la conformación de organizaciones multilaterales durante el siglo XX. Este contexto institucional global ha permitido crear espacios de colaboración, cooperación y comunicación permanentes. Es el caso de la fiscalización superior, ls entidades fiscalizadoras, INTOSAI a nivel mundial y la OLACEFS para el caso particular de América Latina y El Caribe.
La participación voluntaria de los países, a través de sus respectivas Entidades de Fiscalización Superior (EFS) ha permitido generar conocimiento colectivo, referencias comunes sobre buenas prácticas, proyectos de innovación tecnológica y una red de apoyo internacional que respalda el trabajo de las EFS en sus respectivos contextos nacionales. Es decir, se trata de un círculo virtuoso en el que la totalidad de las EFS tienen la posibilidad de mejorar su actuación y cumplir con sus objetivos a partir de la lógica de la cooperación multilateral y el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas.
Los Congresos y Asambleas de la INTOSAI y la OLACEFS son —además de un aliciente para el trabajo cotidiano de las EFS— espacios sin igual para el establecimiento de metas compartidas, estándares del trabajo fiscalizador y de la propia integración de las instituciones auditoras. En consecuencia, bajo el razonamiento de complementariedad, las decisiones acordadas en estos espacios influyen en la fiscalización superior.
Al respecto, justo en este mes, se cumplen 17 años de la aprobación de la ‘Declaración México’ en el marco de la INTOSAI, ocurrida en noviembre de 2007. Este documento marcó un hito internacional al dejar de manifiesto la necesidad de que las EFS cuenten con autonomía tecnica de gestion. En ese momento histórico marco el inicio formal del largo derrotero para contar con instituciones exclusivamente dedicadas a fiscalizar, observar, analizar y evaluar el ejercicio del gasto público. Dicha declaración partió del supuesto de que, en el mundo se requería contar con garantías mínimas para lograr que el trabajo de fiscalización tuviese confiabilidad y efectos inmediatos en el desempeño de las organizaciones públicas.
Tras ese proyecto, la Auditoría Superior de la Federación ASF ha tenido un rol activo y de liderazgo tanto en la INTOSAI como en OLACEFS (donde actualmente desarrolla las funciones de Secretaría Ejecutiva) y la OCCEFS. En medio de estas fechas, conviene realizar el ejercicio de revisión hacia atrás para comprender la trascendencia de que la ASF impulse proyectos y compromisos a nivel internacional para mejorar las capacidades de fiscalización.
En ese sentido, destaca la aprobación de la ‘Declaración Oaxaca’ en el marco de la XXXI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada en la ciudad de Oaxaca en septiembre de 2022. Este documento es un compromiso internacional entre instituciones auditoras para lograr que la función de las EFS tenga incidencia —por medio de la fiscalización— en la reducción del riesgo de desastres y los desafíos del cambio climático. El documento coloca el compromiso de que las EFS implementen auditorías para reducir los actos de corrupción, generar resiliencia, restauración ambiental y acelerar el desarrollo sostenible.
Como es notorio, la participación de México en el escenario internacional de la fiscalización superior ha permitido ejercer liderazgos para generar valor y beneficio. Ahora mismo, en el contexto de nuevas transformaciones —como las que supone la irrupción de tecnologías alternas y el frágil equilibrio medioambiental— es relevante revalorizar los espacios multilaterales con que se cuenta. Es un momento propio para avanzar en la consecución de objetivos vinculados con la agenda para el desarrollo sostenible y la mejora de las capacidades de fiscalización de las EFS.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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