En días recientes y a raíz de lo ocurrido en el estado de Jalisco, algunos chihuahuenses se han subido al barco para dejar el pacto fiscal federal, pero… ¿qué es esto?
El Pacto Fiscal en México se refiere a un acuerdo entre el gobierno federal, los estados y los municipios que establece cómo se recaudan y distribuyen los ingresos fiscales en el país. Este pacto está vigente desde 1978, y busca centralizar la recaudación fiscal a nivel federal para redistribuir los recursos entre las entidades federativas con criterios de equidad y apoyo al desarrollo de regiones más rezagadas. Esto es redistribuir ingresos entre los estados, lo cual incluye aportaciones etiquetadas y participaciones de libre disposición.
El objetivo original era garantizar un desarrollo más equilibrado entre regiones ricas y pobres, pero con el tiempo han surgido debates sobre su efectividad, ya que algunos estados consideran injusta la distribución actual.
Sin embargo, hay críticas sobre la forma en que la federación asigna los recursos, ya que algunas partidas importantes han disminuido. En 2024, Chihuahua experimentó una reducción de 352 millones de pesos en fondos específicos. Que van a dar a estados que su pobreza no ha disminuido y su desarrollo no ha aumentado, pero que si son estados clientelares en votos al sistema.
Desde el gobierno local y sectores empresariales, se han manifestado opiniones sobre renegociar el pacto fiscal para equilibrar mejor lo recaudado y recibido. Por ello, se ha propuesto una mayor proporcionalidad en la distribución, particularmente en fondos de libre disposición.
En términos generales, Chihuahua enfrenta retos importantes para obtener un mayor retorno de sus contribuciones al gobierno federal. La revisión del pacto fiscal sigue siendo un tema de interés para los líderes políticos y económicos del estado.
Es por ello que más allá de salirnos del pacto fiscal este debe desarrollar modificaciones por las siguientes razones:
- Desigualdad en la redistribución: Los estados ricos reciben una proporción significativamente menor de lo que aportan, mientras que estados con menor capacidad económica reciben mucho más. Esto genera tensiones entre las entidades federativas
- Fórmulas obsoletas: La Ley de Coordinación Fiscal, que define la fórmula de redistribución, no se ha actualizado para considerar adecuadamente factores como la inflación, el crecimiento poblacional y la inversión en infraestructura
- Falta de incentivos: El sistema actual no premia a los estados que incrementan su recaudación local o su productividad, lo que desalienta esfuerzos en estas áreas.
- Capacidades recaudatorias desiguales: Si los estados deciden salirse del pacto fiscal, necesitarían establecer sistemas fiscales estatales complejos, lo que podría generar problemas de eficiencia y altos costos administrativos.
Actualmente, de lo recaudado 80% se va a la federación y 20% a las entidades, es oportuno que esto cambie a 70 y 30%, respectivamente. Y cabe señalar algunos puntos indispensables para eficientizar el uso de los recursos porque los gobiernos estatales no tienen un gasto público eficiente ya que, más que promover políticas públicas pro crecimiento, pareciera que tienen todos los incentivos para promover políticas públicas clientelares.
Como se ve, salirse del pacto fiscal suena fácil, pero el estado tendría primero que proponer una nueva estructura fiscal, aprobarla, y después fortalecer de manera importante una oficina recaudadora de los impuestos. Así, en el primer año, los estados sufrirían una caída drástica de sus ingresos, imposibilitándolos a cumplir sus obligaciones de gasto. Más, considerando que son estados endeudados, como el nuestro.
Aunque es una discusión latente, que seguirá generando ruido, no se vislumbran consecuencias concretas para los próximos meses; no solo porque políticamente es complicado, sino también porque financieramente es imposible. Hoy por hoy la solución es concentrarse en el presupuesto y tejer redes federales.
Reformar el Pacto Fiscal parece ser una opción más viable que abandonarlo. Ajustar los criterios de distribución, otorgar mayor autonomía fiscal a los estados y fomentar su autosuficiencia pueden ser caminos hacia un federalismo fiscal más justo y eficiente, nos leemos en la próxima columna en un tú a tú.
César Calandrelly
Comunicólogo / Analista Político
