Si bien desde la campaña de 2016 el presidente electo de los Estados Unidos llevó como bandera de campaña el freno a la inmigración y la construcción del muro fronterizo, durante su tercera campaña electoral, en este 2024, se intensificó exponencialmente el nivel de agresión de su retórica anti-inmigrante al proponer deportaciones masivas. Pero, ¿es viable el cumplimiento de esa promesa hecha a sus electores? Yo creo que no.
Seguramente las deportaciones masivas desde Estados Unidos tendrían consecuencias profundas para los países de origen de los migrantes, pero asimismo y de manera determinante para esa nación.
La principal consecuencia es la del impacto económico negativo que generaría, ya que sectores como la agricultura, la construcción y los servicios dependen en gran parte de la mano de obra migrante, y Estados Unidos no está preparado para enfrentar una escasez de trabajadores, porque ello le acarrearía un aumento de costos y pérdida de competitividad.
Los trabajadores migrantes no solo son esenciales para esos sectores clave de la economía estadounidense, sino que también contribuyen al crecimiento económico general, a los ingresos fiscales y a la competitividad global del país. Sin ellos, muchas industrias enfrentarían graves dificultades, lo que podría desencadenar aumentos en los costos de producción y una desaceleración económica.
La población migrante representa una proporción significativa en industrias que dependen de mano de obra intensiva, como la Agricultura, sector que es vital para garantizar el suministro de alimentos en Estados Unidos y donde aproximadamente el 73% de los trabajadores son migrantes, la mayoría de ellos de origen latinoamericano.
El sector de la construcción también se vería seriamente afectado, ya que alrededor del 30% de la fuerza laboral está compuesta por migrantes, mientras que en la industria de servicios los trabajadores migrantes son fundamentales en restaurantes, hoteles y actividades de mantenimiento y limpieza.
En un gran número de fábricas y plantas procesadoras, los migrantes son empleados en tareas de ensamblaje, empaque y producción.
Se estima que los migrantes, documentados e indocumentados, aportan entre el 6 y el 8 por ciento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, lo que equivale a cientos de miles de millones de dólares anuales, y contribuyen significativamente al sistema fiscal a través de impuestos sobre la renta, ventas y nómina, incluso los indocumentados.
Adicionalmente a lo anterior, muchos migrantes indocumentados pagan impuestos a través de números de identificación falsos o temporales, pero no son elegibles para recibir los beneficios que en justicia les corresponden, situación que crea un superávit en el sistema de seguridad social de ese país.
Los migrantes participan activamente en la economía como consumidores, generando demanda para bienes y servicios locales, además contribuyen al emprender pequeños negocios. En contraparte, la reducción de la población migrante puede disminuir el consumo, afectando a pequeñas y medianas empresas locales.
Es un hecho que la disponibilidad de mano de obra migrante contribuye a mantener bajos los costos de producción, además de que no reemplaza a los trabajadores locales sino que complementan la fuerza laboral, porque toman principalmente los puestos que éstos no quieren.
Además, para llevar a cabo deportaciones masivas se requiere de sumas considerables de recursos económicos, es decir, se incrementaría el gasto público en operativos, detenciones y procesos judiciales, al tiempo que los migrantes que no sean deportados optarían por actividades fuera de la economía formal, reduciendo el pago de impuestos y fomentando un mercado laboral clandestino.
Considero que Trump se estaría dando un balazo en el pie de cumplir sus amenazas, y creo que las presiones, tanto internas como externas, serán un impedimento para ello, pero, por si acaso, el gobierno de México ha planteado diversas estrategias para responder a la posibilidad de deportaciones masivas desde Estados Unidos.
Se aumentaron los recursos financieros y humanos de los 50 consulados en aquel país para ofrecer asistencia legal, información y apoyo a los migrantes, y se contemplan campañas para informarles sobre sus derechos, cómo reaccionar en caso de detenciones y cómo evitar ser víctimas de fraudes legales.
Además, se diseñan estrategias como la creación de albergues, sistemas de transporte y programas de empleo de emergencia, así como programas para facilitar la reinserción laboral, social y económica de los deportados.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en mantener canales diplomáticos abiertos para abordar la migración como un fenómeno regional que requiere soluciones compartidas y mantener iniciativas que ya se pusieron en práctica desde la anterior administración federal, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en el sur de México y países centroamericanos para atacar las causas de la migración forzada.
Pedro Torres
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
