La diputada María Antonieta Pérez opone un nuevo impuesto a plataformas digitales, alertando sobre su impacto en la competitividad y la supervivencia de repartidores.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un contexto donde la economía digital ha tomado un papel preponderante en la vida cotidiana de los ciudadanos, la propuesta del Gobierno del Estado de imponer un impuesto del 1.5 por ciento sobre las comisiones de las plataformas digitales de reparto ha suscitado un debate significativo en Chihuahua. La diputada local por Morena del Distrito 10, María Antonieta Pérez Reyes, ha sido una de las figuras más visibles en esta controversia, manifestando su postura en contra de esta medida que, según argumentan sus detractores, podría poner en riesgo la viabilidad de estas empresas y afectar a los trabajadores que dependen de ellas para su sustento.
La propuesta forma parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal del 2025 presentado por el gobierno estatal y tiene como objetivo, en teoría, incrementar los ingresos públicos en un contexto de crisis financiera agudizada por la pandemia de COVID-19 y otros factores económicos adversos. Sin embargo, la implementación de este impuesto ha sido considerada por algunos como una carga adicional que podría afectar negativamente la operación de los servicios de entrega que han crecido exponencialmente en los últimos años, sobre todo a raíz de cambios en los hábitos de consumo de los ciudadanos.
Durante una reunión que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2024, donde además de la diputada Pérez Reyes participaron el coordinador de la bancada morenista, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, representantes de las plataformas afectadas como DiDi y Uber, así como un grupo de repartidores, se expusieron los riesgos asociados a la medida. Los testimonios de los chóferes y repartidores señalaron que un aumento en los costos operativos podría traducirse en pérdidas de empleo, una subida de precios para los consumidores y, en última instancia, la disminución de la competitividad de estas plataformas frente a competidores que no operan bajo el mismo marco tributario.
Históricamente, Chihuahua ha enfrentado retos importantes en términos de política fiscal y sostenibilidad económica. La posibilidad de un esquema tributario que fue declarado inconstitucional en la Ciudad de México, al replicarse en el estado, añade una dimensión de preocupación adicional para los legisladores y trabajadores. La creación de impuestos que afectan desproporcionadamente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) se ha convertido en un tema delicado, considerando que muchas de estas empresas dependen del uso de servicios de entrega para la comercialización de sus productos. Este tipo de políticas podría agravar la brecha existente entre las grandes corporaciones y las PyMEs locales, las cuales luchan por sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo.
La conversación también apunta a un aspecto cultural y social relevante en la entidad. Chihuahua, con su creciente urbanización y dinámica economía local, ha visto cómo el uso de plataformas digitales se ha vuelto un recurso vital no sólo para la comodidad de los consumidores, sino también para la economía informal que representa una parte importante del sustento de muchos chihuahuenses. Por lo tanto, la política alternativa que surja de este debate tendrá que considerar no sólo el enfoque recaudatorio, sino también el bienestar social de sectores vulnerables.
Esta problemática se inscribe en un marco más amplio de tensiones entre el gobierno estatal, los legisladores y la nueva economía digital, marcada por la necesidad de adecuar normativas que permitan la convivencia entre la regulación fiscal y el desarrollo de servicios innovadores. La respuesta que se genere a esta controversia será fundamental no solo para la población trabajadora relacionada, sino también para el futuro económico de Chihuahua en el contexto de un país que enfrenta grandes desafíos en términos de adaptabilidad y competitividad ante la era digital.
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