Protestas de repartidores en Chihuahua critican un propuesto impuesto del 1.5%, afirmando que daña su economía y la de pequeños comercios tras la pandemia.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Chihuahua ha sido testigo en las últimas semanas de una serie de movilizaciones que han tomado las calles como plataforma de protesta. En el corazón de este clamor social se encuentran los repartidores y trabajadores de plataformas digitales, quienes han manifestado su descontento contra una propuesta del Gobierno del Estado que contempla la aplicación de un impuesto del 1.5 por ciento por concepto de “aprovechamiento” en cada entrega de servicio.
Esta situación ha generado un debate no solo económico, sino también social, que pone de manifiesto las desigualdades que pueden surgir en el contexto de la modernización y la digitalización del trabajo.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, ha expresado públicamente su apoyo a estas movilizaciones.
Estrada ha catalogado la medida fiscal como “injusta” y “discriminatoria”, argumentando que su implementación podría llevar a una doble tributación que afectaría desproporcionadamente a un sector ya vulnerabilizado por la crisis económica derivada de la pandemia.
Las plataformas digitales, utilizadas ampliamente durante los confinamientos, han permitido que muchos pequeños negocios se adapten y sobrevivan, generando un nuevo motor económico en un mercado local herido. Sin embargo, la introducción de este impuesto podría poner en jaque esos esfuerzos, perjudicando tanto a los trabajadores como a los consumidores.
El impacto de este tipo de decisiones fiscales se extiende más allá de lo individual. Estrada menciona que la medida solamente afecta a una fracción de la población, destacando la ironía de que se castigue a quienes utilizan las plataformas digitales para obtener ingresos, mientras se olvida el tratamiento fiscal preferencial que reciben grandes empresas. Esta comparación pone de relieve la necesidad de un enfoque más equitativo en el diseño de políticas económicas que no solo considere los ingresos del estado, sino también las realidades de quienes sostienen la economía local.
La resistencia de los repartidores también refleja una mayor preocupación por su calidad de vida y su sustento. Es un sector notablemente compuesto por trabajadores informales que, en su mayoría, cuentan con ingresos variables y carecen de prestaciones sociales. La introducción de un impuesto que se suma a los ya elevados costos de operación puede representar un obstáculo significativo para su sostenibilidad.
Esto sucede en un entorno donde la informalidad laboral ha crecido, creando una dependencia de trabajos que a menudo no proporcionan seguridad económica a largo plazo.
Asimismo, las protestas nos hacen reflexionar sobre el espacio que la ciudad de Chihuahua ofrece para el desarrollo de estas nuevas formas de empleo. La conurbación del transporte, la logística y la digitalización de los servicios han cambiado la dinámica del trabajo tradicional, y esto también debe reflejarse en las conversaciones sobre políticas públicas. A medida que los ciudadanos demandan una atención más justa y equitativa, se hace evidente que es necesario revisar cómo el gobierno y las instituciones abordan el fenómeno del trabajo en plataformas digitales.
El futuro del empleo en Chihuahua y la respuesta del Gobierno a estas demandas serán determinados, en parte, por las decisiones que se tomen en torno a esta cuestión impositiva. Es crucial que las autoridades busquen un equilibrio entre las necesidades económicas del Estado y el bienestar de sus ciudadanos, particularmente en un momento en que la lucha por la justicia social se vuelve cada vez más relevante en el panorama político. Mientras tanto, los repartidores seguirán en las calles, alzando la voz por sus derechos y reafirmando su lugar en una economía que sigue transformándose.
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