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    diciembre 17, 2024 | 7:55

    La Prohibición de Vapeadores en México: ¿Una medida sanitaria o un incentivo al mercado ilegal?

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    La reciente prohibición de los vapeadores en México, dispositivos electrónicos utilizados para inhalar nicotina, ha generado un debate intenso sobre su impacto en la salud pública y sobre si realmente responde a un interés genuino en proteger a la población, especialmente a niños, niñas y adolescentes, o si más bien se trata de un movimiento impulsado por otros intereses, incluidos los tabacaleros y la lucha contra un mercado paralelo que, aunque ilegal, se está expandiendo rápidamente.

    En primer lugar, es importante reconocer que la preocupación por la salud de los menores de edad es un factor legítimo en la implementación de cualquier medida que busque limitar el acceso a productos potencialmente dañinos. El consumo de nicotina en adolescentes es una preocupación creciente en todo el mundo, y la disponibilidad de productos como los vapeadores ha incrementado su accesibilidad a esta sustancia. De acuerdo con diversos estudios, el uso de estos dispositivos puede tener efectos nocivos en el desarrollo cerebral de los jóvenes y en su salud a largo plazo, además de generar dependencia a una edad temprana.

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    El gobierno mexicano ha adoptado esta medida con el fin de reducir el consumo de estos dispositivos, y las autoridades argumentan que la prohibición es necesaria para evitar la entrada al mercado de menores de edad, quienes muchas veces ven estos productos como una alternativa “menos peligrosa” al cigarro tradicional, sin conocer los efectos reales que pueden generar.

    Sin embargo, una de las principales críticas a esta política es la posibilidad de que, en lugar de reducir el acceso a estos productos, lo que realmente se esté haciendo es fomentar el mercado ilegal. En muchos países, la prohibición de productos de este tipo ha resultado en la proliferación de un mercado negro, donde los consumidores, especialmente los jóvenes, acceden a estos dispositivos de manera aún más fácil y sin ningún control sanitario.

    En México, a pesar de la prohibición de la venta de vapeadores y otros productos de vapeo, estos dispositivos siguen circulando en tiendas no reguladas, redes sociales y a través de canales informales. La ausencia de controles sobre la calidad de los productos en el mercado ilegal también presenta un riesgo significativo, ya que los dispositivos podrían estar hechos con materiales no aptos para el consumo o contener sustancias peligrosas. Además, no existe un control sobre la edad de quienes adquieren estos productos en el mercado negro, lo que puede aumentar aún más el riesgo para los adolescentes.

    El mercado ilegal no solo elude las regulaciones sanitarias, sino que también se beneficia de la falta de controles gubernamentales, lo que convierte a esta prohibición en un arma de doble filo. Al impedir el acceso a productos legales, se crea una brecha que fácilmente es aprovechada por actores sin escrúpulos que ven en la venta clandestina una oportunidad lucrativa.

    ¿Una medida impulsada por los intereses tabacaleros?

    Por otro lado, es importante considerar si detrás de esta prohibición no se encuentran también intereses de las grandes empresas tabacaleras. Si bien no hay evidencia directa de que los gigantes del tabaco estén detrás de la política en México, el panorama global sugiere que estas empresas están cada vez más interesadas en recuperar cuota de mercado frente al auge de los productos de vapeo, que son percibidos por muchos consumidores como una alternativa menos dañina que el cigarro tradicional.

    La industria tabacalera ha mostrado históricamente su capacidad para influir en políticas públicas, especialmente en lo relacionado con la regulación de productos competidores. De ser cierto que la prohibición de los vapeadores favorece a los intereses de estas empresas, se estaría creando un ambiente en el que el consumo de cigarrillos tradicionales sigue siendo la única opción legalmente disponible, mientras que el mercado de los productos de vapeo se ve desplazado a la ilegalidad.

    De esta manera, no se estaría resolviendo un problema de salud pública, sino más bien reconfigurando el mercado de nicotina a favor de la industria tabacalera, cuyo producto sigue siendo, por lejos, el más nocivo para la salud, pero con una regulación más accesible.

    Un enfoque integral y una regulación equilibrada

    La prohibición de los vapeadores puede tener una justificación legítima si se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para proteger la salud de los jóvenes, pero debe ser parte de una estrategia más amplia y equilibrada que considere no solo la prohibición, sino también una regulación adecuada, la promoción de alternativas más saludables y el control efectivo del mercado ilegal. En lugar de simplemente prohibir, sería más eficaz educar a los jóvenes sobre los riesgos de estos dispositivos y garantizar que los productos disponibles sean seguros, evitando las alternativas ilegales.

    Además, es necesario que el gobierno mexicano sea más proactivo en la fiscalización de los mercados informales y en la promoción de alternativas menos perjudiciales a la nicotina, como programas de cesación que ayuden a los adolescentes a evitar caer en la adicción desde el inicio.

    La prohibición de los vapeadores en México es una medida que refleja una preocupación válida por la salud de los niños, niñas y adolescentes, pero también plantea serias dudas sobre su efectividad. ¿Realmente se está protegiendo la salud pública o simplemente se está empujando el consumo hacia el mercado ilegal, donde los controles y la seguridad brillan por su ausencia? Y, más importante aún, ¿estamos siendo conscientes de los intereses económicos que podrían estar detrás de estas políticas?

    Es urgente que se adopte un enfoque más completo, que no solo busque prohibir, sino regular y educar, para evitar que, al intentar proteger la salud, se termine incentivando prácticas aún más peligrosas e insostenibles. Hasta la próxima, yo soy Daniela Gonzalez Lara.

    Daniela
    Daniela González Lara

    Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal.

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