En un país donde cada día diez mujeres son asesinadas, más de 25,000 llamadas anuales denuncian violencia de género y más de 110,000 personas permanecen desaparecidas, el recorte presupuestario a temas de justicia para las mujeres y derechos humanos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 no es solo un acto de negligencia administrativa: es una condena política. Este retroceso pone en peligro la vida, dignidad y seguridad de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Los refugios para mujeres víctimas de violencia enfrentan una reducción del 20% en su presupuesto, lo que amenaza la operación de más de 70 centros en todo el país. Estos espacios protegen y apoyan anualmente a 20,000 mujeres y sus hijos, brindándoles una alternativa segura frente a la violencia. Sin recursos suficientes, muchas de estas mujeres quedarán atrapadas en situaciones de riesgo extremo.
La recién creada Secretaría de las Mujeres, que prometía ser un bastión para la igualdad de género, verá su presupuesto reducido a menos de la mitad de lo proyectado: de los 1,200 millones de pesos inicialmente previstos, apenas se aprobaron poco más de 600 millones. Este recorte compromete programas esenciales como la capacitación en perspectiva de género para operadores de justicia, perpetuando la brecha institucional que deja desprotegidas a millones de mujeres.
En el ámbito de los derechos humanos, el panorama es igualmente sombrío. Programas clave para atender desapariciones forzadas y desplazamientos internos sufrieron recortes del 15%, equivalentes a más de 500 millones de pesos según organizaciones como Fundar. Esto dificultará aún más la identificación de personas desaparecidas y el acceso a la justicia para sus familias.
Mientras tanto, las mega obras del gobierno, como el Tren Maya, recibirán más de 145,000 millones de pesos en 2025, evidenciando un contraste abrumador en las prioridades nacionales. La inversión en políticas de género y derechos humanos representa menos del 0.3% del gasto total, dejando claro dónde están las prioridades gubernamentales.
Justificar estos recortes bajo el pretexto de la austeridad es no solo cínico, sino moralmente insostenible. Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), cada peso destinado a la prevención y atención de la violencia de género genera un retorno social significativo, fortaleciendo el tejido social y mejorando la seguridad colectiva.
En un país donde cada día 25 niños y niñas quedan huérfanos por feminicidios, reducir los recursos destinados a su atención no es solo insensible: es una traición a las víctimas y sus familias.
El Presupuesto 2025 no solo desmantela avances históricos en justicia y derechos humanos, sino que envía un mensaje alarmante: la vida de las mujeres, niñas y comunidades vulnerables no es una prioridad para este gobierno.
No podemos permitir que estas decisiones permanezcan sin respuesta. Como sociedad, debemos alzar la voz y exigir un replanteamiento inmediato. Esto no es solo una cuestión de números en una hoja de cálculo; es una cuestión de vidas humanas, de familias destrozadas y comunidades que merecen justicia y esperanza.
México tiene la oportunidad —y la obligación— de construir un futuro donde la justicia y los derechos humanos sean innegociables. Pero para lograrlo, debemos actuar ahora.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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