Hace algunas semanas, visité la ciudad de México. Y uno de mis objetivos fue ver el funcionamiento del Cable-bus de Iztapalapa. En honor a la verdad, fue un gran acierto de la Dra. Claudia Sheinbaum, financiar este proyecto de transporte público. Tuve la oportunidad de entablar conversación con las personas que compartimos espacio en la canasta. A una de estas personas, que se llamaba doña Juana, le pregunte, que si le había servido este tipo de transporte; la señora me respondió que por supuesto que la había ayudado, pues me respondió, con una sonrisa en su cara, que el trayecto se redujo en un poco más de una hora desde su casa al trabajo. También, le pregunté si sabía de las “Utopías” o de “Los Pilares”, y viéndome directamente a los ojos, me responde que en estos lugares se imparten muchos talleres, y además natación, y todo es gratis.
Esto es un ejemplo de éxito, pues la inversión pública en proyectos sociales es muy importante para la reconstrucción del tejido social y de las relaciones entre personas en las comunidades. Y de esta forma, las y los jóvenes puede invertir su tiempo en actividades productivas que les dejen herramientas para enfrentar la vida.
Sin embargo, aquí en Chihuahua, a 2 mil kilómetros de distancia al norte, y con un gobierno de derecha, al cual no le interesa brindar el servicio público, sino cómo hacer negocios al amparo de éste; vemos que, por ejemplo, los servicios del DIF y el CREE, definen cuotas y precios para poder ofrecer los talleres y actividades culturales para las niñas, niños y los ciudadanos en general.
Ayer, 17 de diciembre, se aprobaron por la mayoría de las y los diputados (PAN, PRI, PT, MC), modificaciones a la Ley de Derechos del Estado de Chihuahua. En donde la Gobernadora, María Eugenia Campos, propone pagos para ofrecer los servicios del DIF. Por ejemplo, la alberca del DIF en Chihuahua ofrece un espacio para que personas de todas las edades, incluyendo adultos mayores, niños y personas con discapacidad, puedan practicar ejercicio. Sin embargo, en una sociedad con grandes desigualdades económicas, el acceso a servicios de calidad como lo son una alberca o a instalaciones deportivas, debieran de ser gratuitos. Pero nada mas lejano, para la gobernadora los servicios se tienen que pagar. En el DIF, la natación individual de una hora diaria la cobran en 5.06 UMAS; aproximadamente 541.00 MXN. Si una persona va tres veces por semana, ya gastó más de 1,500.00 pesos. Una cantidad con la que no cuenta la mayoría de la población. De esta forma un servicio que debiera de ser gratuito se convierte en una actividad elitista.
Otro ejemplo, son los servicios que cobra el CREE (Centro de Rehabilitación y Educación Especial). Es de interés social, mantener estos servicios accesibles ya que asegura que todas las personas que sufren de algún trastorno o de alguna discapacidad, independientemente de su situación económica, tengan acceso a las oportunidades de rehabilitación y educación que se necesitan para desarrollarse plenamente. Ofrecer servicios gratuitos, es clave para la inclusión social de las personas con discapacidad o con algún trastorno, y puedan integrarse de manera efectiva en la sociedad. De hecho, dentro de las reformas y adiciones propuestas, los cobros que se quieren realizar dentro del CREE no se encontraban con anterioridad.
Uno de los servicios que cobra el centro, son las pruebas de diagnóstico del trastorno del espectro autista. Solo imaginen, si las o los jefes de familia cuentan con más de 5,500.00 pesos para pagar el examen de diagnóstico. Nuevamente, este cobro por un examen tan importante no hace más que eliminar un derecho y vender un producto, como si el servicio publico fuera un negocio.
Un gobierno como objetivo principal, debe de implementar políticas publicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, además de proporcionar los servicios públicos esenciales, como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura pública. Y esto de forma gratuita, pues a través de las contribuciones es que entre todos financiamos estos servicios, y derechos.
En resumen, los derechos no se cobran, se garantizan.
Leticia Ortega Máynez
Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez.
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