La 68 Legislatura de Chihuahua aprueba la Ley Electoral para elegir 305 juzgadores, marcando un paso crucial hacia una mayor participación ciudadana en la justicia.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó, durante su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, la Ley Electoral Reglamentaria que regulará la selección de 305 cargos dentro del sistema judicial local, incluyendo 30 magistraturas y 270 jueces de primera instancia.
Este desarrollo significativo se enmarca en un contexto donde la necesidad de transparencia y eficiencia en la administración de justicia en la entidad se ha vuelto cada vez más apremiante. Desde hace años, Chihuahua ha enfrentado serios desafíos en materia de justicia, exacerbados por la creciente impunidad y la desconfianza en las instituciones.
El diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue uno de los principales exponentes de esta legislación, que detalla un procedimiento exhaustivo de selección. El nuevo marco jurídico está compuesto por 146 artículos organizados en 16 capítulos, que abarcan desde disposiciones generales hasta el régimen sancionador electoral. Esta estructura legal busca ofrecer un proceso claro y accesible que involucre a diferentes actores, incluyendo a la ciudadanía y las autoridades electorales.
La estructura de la Ley también incluye un capítulo dedicado a la participación ciudadana, lo que indica una tendencia hacia una democratización en los procesos judiciales. Esta inclusión es crucial, ya que la legitimidad de las instituciones no solo se mide por las normativas que establecen, sino también por la percepción y participación de la ciudadanía en dichos procesos. Adicionalmente, se profundiza en el uso de tecnologías de la información, un avance necesario en un mundo donde las plataformas digitales juegan un papel central en la administración pública y la comunicación.
La propuesta, inicialmente elaborada por el diputado Alfredo Chávez Madrid del PAN, pasó por un proceso de revisión que permitió la incorporación de diversas sugerencias de otros legisladores. Este enfoque colaborativo es un paso positivo hacia un sistema de justicia más inclusivo y representativo. El proceso de modificación y validación de la ley sugiere un intento consciente de adaptarse a las necesidades de la población y, a su vez, fortalecer los aspectos que regulan la conducta de los jueces y magistrados.
Entre los aspectos clave establecidos en la ley, se resalta que la preparación de la elección extraordinaria comenzará con la primera sesión del Consejo General del Instituto Estatal, que debe llevarse a cabo dentro de una semana posterior a la entrada en vigor del nuevo decreto. Esto marca un hito importante en la organización del proceso electoral, indicando un interés por parte del legislador en que las elecciones transcurran de manera ordenada y sin contratiempos. Además, se contempla que el Consejo de la Judicatura enviará a la Legislatura un listado de los actuales juzgadores que desean participar en el proceso electoral, asegurando que la ciudadanía tenga la opción de elegir entre los diferentes contendientes.
La inclusión de medios de impugnación y un régimen sancionador para posibles transgresiones resalta la voluntad de establecer un panorama judicial que no solo se limite a la elección, sino que también supervise el comportamiento y las actuaciones de quienes ocupen los nuevos cargos. La existencia de un proceso claro para la resolución de controversias electorales es esencial para fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones, considerados ambos factores cruciales en la recuperación de la credibilidad pública hacia el sistema judicial en Chihuahua.
Con la declaración de validez y los plazos establecidos para la toma de protesta ante el Congreso del Estado, el marco normativo recién aprobado se configura como un esfuerzo decidido hacia la transformación del Poder Judicial en la entidad.
La implementación de estas reformas no solo responde a una necesidad operativa, sino que refleja un compromiso por parte de los legisladores de Chihuahua para trabajar hacia un sistema que contemple la equidad de género en la asignación de cargos, así como un reconocimiento de la voz ciudadana en la elección de quienes administrarán justicia.
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