El PRI en Chihuahua asegura avances en la Ley Electoral para asegurar elecciones judiciales transparentes y equitativas, con nuevas restricciones para candidatos.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El 22 de enero de 2025, el contexto político en Chihuahua da un giro significativo con la reciente aprobación de una nueva Ley Electoral, un marco normativo diseñado para regular la elección judicial. Esta legislación, promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), busca establecer condiciones que aseguren la equidad, transparencia y libertad en los procesos electorales, elementos críticos para fortalecer la democracia en la región.
Arturo Medina, quien es el Coordinador de los Diputados del PRI en el Congreso del Estado, ha enfatizado la importancia de esta reforma para ofrecer a los chihuahuenses una participación efectiva y confiable en el sistema judicial.
La iniciativa surgió tras un proceso de diálogo extenso entre los diferentes actores políticos y sociales de la entidad, reflejando un esfuerzo por harmonizar las preocupaciones ciudadanas con las necesidades legislativas. Medina destacó que la votación a favor del PRI fue resultado de la incorporación de diversas observaciones al dictamen, que enriquecieron la propuesta original. Esto sugiere una apertura por parte del grupo tricolor para considerar las inquietudes de otros sectores y mejorar el proyecto antes de su aprobación final, lo cual es indicativo de un ambiente político que busca salir de la polarización habitual.
Entre los puntos destacados de la nueva ley se encuentran restricciones específicas para las personas que puedan acceder a cargos en el Poder Judicial. Por un lado, se ha establecido que no podrán ocupar estas posiciones quienes sean deudores alimentarios morosos o quienes hayan ejercido violencia política de género. Esta medida es un intento de limpiar las filas del sistema judicial, asegurando que quienes lo integren tengan un compromiso claro con los principios de justicia y equidad, algo esencial para restaurar la confianza en las instituciones.
Adicionalmente, la ley introduce mecanismos que prohíben la participación en procesos electorales de individuos que han sido inhabilitados para ejercer funciones en el servicio público. Esta cláusula refuerza la idea de que solo aquellos con trayectorias limpias y adecuadas pueden aspirar a cargos de gran relevancia, buscando asegurar que la justicia se administre por los mejores perfiles disponibles.
Asimismo, se incluyen disposiciones para regular la propaganda electoral y limitar los actos anticipados de campaña, elementos que afectan directamente la dinámica del elector y su relación con los candidatos.
Uno de los aspectos más interesantes de esta reforma es la implementación de una veda electoral, que limita actividades tres días antes de cualquier proceso electoral. Este tiempo de reflexión es vital para que los ciudadanos procesen la información y realicen decisiones fundamentadas, algo que puede influir profundamente en el resultado de las elecciones.
Este tipo de medidas son cruciales en un momento en el que la información abrumadora y las campañas agresivas pueden distorsionar la percepción de los votantes.
Medina concluyó resaltando el compromiso del PRI de actuar con independencia política y un sentido moral durante el proceso de reforma judicial. La esencia de su mensaje es clara: garantizar que la administración de justicia en Chihuahua se realice de manera transparente y sin influencias externas que puedan comprometer la legalidad y los derechos humanos.
Esta postura es un paso importante en un estado donde la confianza en las instituciones ha sido afectada por escándalos y crisis informativas, marcando un punto de inflexión que podría reconfigurar la relación entre el gobierno y la ciudadanía.
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