TORRE FUERTE
- Ellos deciden por todos
- Coletazos del caso Aristeo Baca
- Disputa por el fondo minero
- Clara Torres, vestida y alborotada
Ellos deciden por todos /
Actores políticos y sociales de Ciudad Juárez, están inmersos en una gigantesca ‘olla de presión’.
El gobierno del panista, Javier Corral Jurado, definitivamente no sabe ni qué hacer, o qué paso dar con todo los estertores de lo que ocurre en el estado de Chihuahua, particularmente en la frontera.
Los múltiples asesinatos, los ‘housejacking’, el cinismo de muchos empresarios que conforman hoy la nueva élite de latrocinio de ‘cuello blanco’ y el reciente caso del párroco Aristeo Baca, que ha polarizado a varios sectores, acusado de abuso sexual en contra de una menor de edad, amenaza con ‘reventar’ a una sociedad que sigue siendo rehén del poder político y económico.
Los desatados empresarios fronterizos siguen siendo el ‘blanco’ perfecto de una ofensiva periodística –que no una campaña-, por parte del rotativo del empresario Oscar Cantú Murguía, que de nueva cuenta a puesto en serio predicamento el comportamiento moral y ético de un poderoso grupo de empresarios y ejecutivos de Juárez que se han servido del poder público en los gobiernos del prófugo ex mandatario de Chihuahua, César Duarte Jáquez y del actual gobernador, el panista Javier Corral.
“Una facción de empresarios que decide por todos”, se intitula el trabajo de investigación de NorteDigital.MX, donde se exhibe al grupo empresarial que ha tenido supremacía a través de la asociación civil de Desarrollo Económico de Juárez (DEJ), organismo privado pivote en el manejo y administración de recursos públicos, y cuya opacidad demostrada en los expedientes de la Auditoria Superior del Estado (ASE) no ha dejado a nadie satisfecho.
El problema que involucra de inicio, en abierto conflicto de interés a la empresaria Alejandra de la Vega Arizpe, a su hermana Guadalupe, y a una red de empresarios, ahora funcionarios públicos, que decidieron mezclar los negocios con los recursos de los Fideicomisos constituidos por el gobierno, que debieron tener un fin social y de apoyo a la comunidad, sigue poniendo en contra de la pared al gobernador de Chihuahua.
En ese desaseo, los presuntos responsables de la opacidad y el desorden financiero, son quienes ahora dictan desde un escritorio y sobre las rodillas, y lo peor, que sin experiencia administrativa en el gobierno, las políticas públicas, con la venia y complicidad del Jefe del Ejecutivo.
La responsabilidad de Alejandra de la Vega Arizpe, la hija del finado empresario Federico de la Vega Matthews no es menor.
Ella es la que cobija y patrocina a un grupo de empresarios de la nueva élite de ‘cuello blanco’ que tienen metidas las narices en los asuntos públicos y en el manejo de los dineros en los Fideicomisos que fueron constituidos –algunos de ellos- durante el sexenio de César Duarte.
Jorge Contreras Fornelli; Mario Dena Torres; Juan Carlos Talavera; Octavio Muñoz; Juan Carlos Sapién de Anda; Laura Ochoa Bermúdez, además de Carlos Murguía Chávez y Guadalupe de la Vega, la hermana mayor de Alejandra, son solo algunos de los nombres de los empresarios que han cruzado la frontera entre los negocios y las iniciativas en el sector privado con proyectos públicos y el manejo de cientos de millones de pesos.
Ellos participan como integrantes de los fideicomisos que administran recursos en los fideicomisos del Centro de Convenciones (que sigue en la nada), de Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), que lejos de ser investigado por el gobierno de Chihuahua, le ha concedido control total al empresario Jorge Contreras Fornelli -hoy director estatal de ese fideicomiso-, pero presunto responsable en el desorden y las irregularidades financieras encontradas por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.
Y a esos fideicomisos, súmele la relación y poder de sus prominentes empresarios en la Mesa de Seguridad, la Mesa Interinstitucional, y hasta la relación de poder político que llega hasta el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari y Ana Paula Gerard. Y los empresarios juarenses lo saben.
El caso del futbol soccer del equipo de Bravos de Ciudad Juárez, y el compromiso ya pactado, casi amarrado, para la construcción de un estadio de futbol que tendrá el apoyo público del gobierno de Chihuahua, es otro de los hilos de conducción en las relaciones tiene el empresariado con el jefe del Ejecutivo en Chihuahua.
Pero no es todo. La gestión del Centro de Investigación e Innovación de Tecnología Avanzada (CIITA) fue una idea ‘brillante’ propuesta por Desarrollo Económico de Juárez con el apoyo de Alejandra de la Vega. De ese tamaño se inclina la balanza de los intereses a favor de un punado de empresarios que se han apoderado de la ciudad.
Esa abstracción y ambición por el poder político y económico de los empresarios de Juárez, trae metidos a otros personajes que forman parte de la misma élite y que le sirven también a Juan Carlos Loera de la Rosa, el llamado ‘súperdelegado’ del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.
El trabajo y seguimiento periodístico, denunciado por el empresario Oscar Cantú Murguía, cuya función y labor fue reconocida hace algunos meses por Naciones Unidas, ha puesto el dedo en la llaga sobre los intereses del empresariado y la realidad social de Ciudad Juárez y de sus habitantes.
En medio del conflicto de intereses de unos y otros, la figura del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, sigue empequeñecida.
Coletazos del caso Aristeo Baca /
El caso de la aprehensión del sacerdote católico Aristeo Baca, acusado de violación y abuso sexual en contra de una menor de edad en la ciudad, ha puesto en perspectiva que las decisiones en torno a su presunta responsabilidad y la aparente y expedita acción de la justicia no fueron tomadas localmente, y quizás, ni siquiera por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, amigo del párroco, como muchos otros políticos y hombres en el poder.
Más arriba, en estructuras superiores alguien ha decidido que se castigue al ‘ángel caído’ de la Iglesia, lo que ha detonado en todo un escándalo a escasas horas de que el caso fue hecho público y revelado a los medios de comunicación en la frontera.
Y es que, presumiblemente, no se trata solamente de un ‘pecado’ como lo llama la iglesia, sino de un delito que debe de acreditarse en el proceso judicial que se sigue, y cuyo caso ha dejado casi sin habla a la clase política de Juárez, precisamente por ser Aristeo Baca, el hombre de la Iglesia que ahora es señalado y casi, satanizado.
Hombre ‘bueno’ y perseverante de los proyectos comunitarios y sociales, amigo de los empresarios y de los gobernantes, ha sido sentado en el banquillo de los acusados.
Y que ironía, el día del amor y la amistad, es el día en que Aristeo Baca ha sido citado para su audiencia de vinculación a proceso.
Ya las asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres, como es el caso de la Red Mesa de Mujeres que encabeza Imelda Marrufo, han exigido que el proceso del imputado se realice en prisión.
“La niña es una víctima que merece respeto y consideración para que no sea revictimizada. El presunto agresor debe probar su inocencia, si lo hace en libertad el mensaje para la ciudadanía es que los delitos se cometen y no hay castigo, eso inhibe que las personas denuncien porque no pasa nada”, dijeron los integrantes del Programa Compañeros, según las ultimas noticias de esta jornada.
Un grupo de asistentes pertenecientes a “Programa Compañeros”, “Sin Violencia A.C.”, y “Casa Amiga Esther Chávez Cano” encendieron velas y exigieron, cartulinas en mano, el proceso en prisión para el sacerdote Aristeo Baca, detenido el pasado sábado en cumplimiento de una orden de aprehensión.
Disputa por el fondo minero /
En medio de las diferencias que libran los diputados de Morena, principalmente Gustavo de la Rosa Hickerson en el Congreso y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral que han agarrado partido y llevado agua a su molino en relación con el caso del fondo minero en la entidad, el líder del PRI de Chihuahua, Omar Bazán, ha salido con el ingenio de que ya pasó el tiempo de las “políticas clientelares”.
Y en medio de ese salto que quiere dar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para entregar los recursos, no a los gobernantes, sino directamente a los beneficiarios con el argumento de “estimular capacidades de emprendimiento” en las zonas de producción minera, que ha provocado esa disputa y diferencias político-partidistas, ha salido a la palestra el inevitable trasfondo político.
Es decir, que bajo esa nueva disposición, el gobierno morenista decidirá para quiénes y para qué irán etiquetados los recursos. No escapó el gobierno de AMLO de la suspicacia política de sus opositores, incluido también el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que fue quien primero pegó el grito en el cielo.
Observan un trasfondo partidista que no se puede ocultar, ni a miles de kilómetros.
Se trata, dice Bazán, de una estrategia clientelar obsoleta que pasa además por encima de la autonomía municipal y de las necesidades colectivas de la región.
El mentado fondo para el desarrollo de zonas de producción minera, creado en la reforma fiscal de 2013, se obtiene de una tasa especial a las empresas mineras del 7.5 por ciento sobre sus utilidades.
Sin embargo la modificación en el articulado de la Ley de Ingresos de 2019, replantea un esquema de distribución donde la Secretaria de Economía es la encargada de lleva las gestiones necesarias para constituir en una institución de banca de desarrollo, un vehículo financiero para administrar el fondo para el desarrollo de esas zonas de producción minera.
El caso sigue generando incertidumbre por la falta de claridad en las reglas y ha propiciado por ahora que el mentado fondo sea objeto de la disputa política en Chihuahua.
El caso de esa disputa política también ha generado que el partido de Morena en el Congreso acuse al gobernador Corral de querer confrontar a los alcaldes de las poblaciones mineras con el presidente de México. De ese tamaño el ‘novelón’ que se traen en Chihuahua.
Clara Torres, ¿vestida y alborotada? /
La ex diputada panista Clara Torres, impulsora de los Centros de Bienestar Infantil y apoyadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez, sigue en espera de que el nuevo gobierno la incluya en el proyecto de la Cuarta Transformación.
El asunto y la decisión del gobierno de acabar con los intermediarios de las estancias infantiles en el dispendio de miles de millones de pesos que se destinaban por parte del gobierno mexicano, parece no preocuparle a la también amiga de Tatiana Clouhtier.
La hija de Beto Torres, un ‘Dino’ dentro del panismo de Ciudad Juárez, sigue haciendo su vida terrenal. Hace unos días se le vio de compras en fábricas de Francia, y seguramente a la espera de que pueda ser invitada a alguna otra área del gobierno, en caso de que no prospere el proyecto de la dirección nacional de centros de bienestar infantil.
A los morenistas que apoyaron el proyecto político del ex alcalde priista Javier González Mocken –no los seguidores o amigos de Juan Carlos de la Rosa-, les consta que Clarita hizo todo lo que debe hacer una nueva invitada. Es más, ella dijo que hasta convenció a su cónyuge, que hasta entonces era un ‘hueso’ duro de roer en eso de cambiar proyectos e ideología partidista. Era un panista de hueso colorado.
Por cierto que hablando de las estancias infantiles y todo el revuelo y ‘celo’ que ha generado a lo largo y ancho del país, un grupo plural de senadoras anunció que pedirá, a través de la Junta de Coordinación Política del Senado, una audiencia con los Secretarios de Hacienda y del Bienestar para conocer la respuesta del Gobierno a la petición de que otorgue la misma bolsa presupuestal del año pasado a las estancias infantiles.
Y miren que la propuesta viene de, ni más ni menos que de la senadora panista y ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota quien comunicó a la Mesa Directiva, presidida por Martí Batres, la decisión de solicitar la audiencia.
La semana pasada, por unanimidad, el pleno del Senado solicitó a Hacienda y Crédito Público mantener la bolsa de cuatro mil millones de pesos que la Administración anterior destinó al programa de estancias infantiles.
Mario Héctor Silva
Periodista y Analista Político.
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