El caso del Padre Aristeo Baca, amerita una investigación interna en la Diócesis de Ciudad Juárez, porque de antemano la Jueza Raquel Carlos Ávila, que conoce de la causa penal por violación agravada, consideró que existen elementos suficientes para que el sacerdote sea procesado penalmente. La niña víctima de tan solo once años de edad, que denunció los hechos aberrantes, es una alerta para que la iglesia investigue el centro que alberga niñas y niños, denominado San María de la Montaña.
El señor Obispo José Guadalupe Torres Campos, es un hombre dedicado al servicio de Dios y se ha ganado la confianza, el cariño, el afecto y el reconocimiento como misionero ante la feligresía católica y autoridades. Como jerarca de la comarca, debe corresponder a la petición del Papa Francisco, para hacer de la Iglesia un “hogar seguro” para niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables, en su carta dirigida al pueblo de Chile, atendiendo las denuncias contra sacerdotes pedófilos.
El delito de violación agravada es muy grave, por lo que la Jueza optó correctamente al vincular a proceso al sacerdote que al parecer nos engañó durante años, utilizando a la fe, para cometer actos que solamente una mente enferma puede justificar. La violencia física y moral, así como las lesiones en su cuerpo, cometidos en perjuicio de la niña está tipificado en nuestro código penal, pues desgraciadamente se cometen muy seguido en el Estado de Chihuahua, -pero es la primera vez que tengo conocimiento-, que un sacerdote tan reconocido por su labor humanitaria es el imputado.
El Señor Obispo, aplicó el Código Canónico, suspendiendo como sacerdote a Aristeo Baca, además de ex comulgarlo, colaborando con las autoridades para continuar con el debido proceso. Pero eso no basta. Creo que debe actuar con más energía y efectuar una investigación dentro del territorio eclesiástico que se le encomendó. El Papa afirmó el año próximo pasado, que no quiere ver a la iglesia como pequeñas elites, pidiendo la participación activa de toda la iglesia y en especial del laicado.
Compañeras abogadas afirmaron que las “niñas no mienten”, y aunque mintieran debemos escuchar. Tenemos a peritos especializados para determinar la veracidad de las víctimas y el Estado tiene la obligación de atender el interés superior de las niñas y los niños, como en este caso actúo la Fiscalía General del Estado, porque nadie puede pasar por encima de ley.
La cultura de la legalidad es necesaria en todas las escuelas desde el “kínder”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Nuestra niñez es sagrada y está protegida por nuestra Constitución, tienen acceso directo a la justicia. Por eso deben estar informados y educados para que se apliquen los protocolos respectivos.
La gente que acude al CERESO para brindar apoyo al sacerdote, orando y llevando a niños vestidos de monaguillos, parece que no han comprendido la magnitud de los delitos que se le imputan al sacerdote, que en caso de ser cierto, burló a la iglesia, desprestigia al sacerdocio y ofende a Dios. En ningún momento ha declarado que es inocente, y la familia que lo acusa lo trataba con respeto y confianza en su hogar, hasta que la niña habló.
Como católico me sumo al llamado del Papa en su lucha contra la pedofilia. Los laicos debemos atender el malestar que ocasiona el abuso sexual, especialmente en los infantes y colaborar con la justicia para prevenir y sanar las heridas de los abusos. Así como nos unimos para rezar, para evangelizar y para realizar congresos en defensa de la vida y de la fe, defendamos a la niñez vulnerable afectada por pedófilos y que sean procesados por la justicia terrenal. Dios seguramente los juzgará por utilizar su nombre para hacer daño.
La presunción de inocencia a favor del sacerdote es incuestionable hasta que se le demuestre lo contrario. También los derechos de la víctima u ofendidos se encuentran muy bien definidos, como recibir atención médica, psicológica, a que le reciban todos los medios de prueba, reparación del daño, y que se tomen medidas protectoras entre otras. Pero su integridad, el daño emocional y espiritual sufrido, la hacen diferente de las demás niñas, porque le arrebataron brutalmente su infancia e inocencia.
Héctor Molinar Apodaca
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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