TORRE FUERTE
- Adelgazan figura de ‘Súperdelegados’
- Amnesia del diputado Jorge Soto
- Estancias, entre gobierno y los pobres
- Sin oposición aprueban Guardia Nacional
Adelgazan figura de ‘Súperdelegados’ /
Se cae la figura de los llamados ‘Súperdelegados’ en el país.
Su función será reducida exclusivamente a la figura delegados del ‘Bienestar Social’ en las entidades, y como coordinadores de los programas de desarrollo, uno por cada una de las entidades federativas, tal y como se planteó en el esquema original tras el nombramiento otorgado por parte del gobierno federal.
En los próximos días el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hará un ‘ajuste’ a la controvertida figura, que en la práctica no ha logrado siquiera vertebrar los esfuerzos del gobierno federal por cada una de las 2,300 viejas delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales existentes en todo el país.
Es más, el megapoder de los elegidos por el presidente de México, en el papel, ha quedado reducido a coordinar apenas algunas acciones y programas, y sin siquiera capacidad para recomendar o poner funcionarios en las dependencias del gobierno, que son designadas en muchos de los casos por el centro del país.
En Chihuahua, el ‘súperdelegado’ Juan Carlos Loera de la Rosa, es uno de los tantos designados por el presidente que han batallado para poner a funcionarios afines al proyecto de la 4ª Transformación.
Dos casos recientes. La designación del delegado del ISSSTE en la figura del priista, Jorge Esteban Sandoval, que entro como mantequilla en pan, por la recomendación de Luis Antonio Ramírez -el hijo del también priista y viejo cacique, Heladio Ramírez-, que es el director general de esa institución a nivel nacional, y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se designó a Enrique Orozco Besenthal, nombrado en la lista que fue manejada desde la ciudad de México por el titular, Germán Martínez Cázares.
Incluso antes de dejar su cargo como delegado estatal del Seguro Social, Cristian Rodallegas, tuvo, literalmente, que correr al doctor Roberto Vázquez Molinar, que había llegado a la institución por la recomendación del ‘superdelegado’ de Chihuahua, Juan Carlos de la Rosa.
El pobre médico que llegó diciendo que iba a ese encargo por recomendación de Juan Carlos, salió con cajas destempladas, cuando le exigieron el nombramiento. Obvio, nada lo respaldaba.
La controvertida figura de los súperdelegados, que en la praxis, se supone, debe obedecer a una simplificación administrativa, también responde a intereses de posicionamiento político del partido en el gobierno (Morena) en la estructura del nuevo gobierno federal.
El esquema de enlace entre las dependencias federales y los gobiernos estatales es cuestionado y ha polarizado intereses, entre quienes gobiernan en Chihuahua y en los municipios con el ‘súperdelegado’ del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Incluso las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) aprobadas por el Congreso también has sido impugnadas y existen cuando menos cuatros recursos ante el poder judicial Federal.
Gobernadores y legisladores de oposición al nuevo gobierno han cuestionado la polémica figura, porque consideran vulnera la soberanía de los estados.
Habrá que esperar como vienen esos ajustes, pero el asunto de los ‘Súperdelegados’ y el plan de reducirlos a delegados del Bienestar Social en cada una de las entidades, es tema que se maneja en los intramuros del Congreso y de la Presidencia de la República.
Ya la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, había adelantado que los delegados federales en los estados formarán parte de la estructura de la Secretaría del Bienestar, además de que apoyarán para que los recursos de los programas sociales lleguen a los beneficiarios. No habrá intermediarios.
La vieja sentencia popular dice: ‘”No hagas cosas buenas que parezcan malas”, y tiene que ver con la última designación y nombramiento del ex diputado Pedro Torres, a quien Juan Carlos Loera de la Rosa nombró como su secretario particular en Chihuahua.
Nada tiene de malo. Lo que sucede es que nadie cree que Juan Carlos contravenga el espíritu de austeridad del nuevo gobierno federal, por lo que es casi seguro que el dinero que se pagará al ex diputado local, saldrá de la bolsa de Loera, que es, sin duda, un empresario próspero.
Amnesia del diputado Jorge Soto /
Ironía o burla?. Anduvo ayer aquí el diputado panista Jorge Soto, para ‘cacarear el huevo’ de que la bancada legislativa de su partido (PAN) presentó una nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, y se olvidó de que fue él, como presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso el que dejó sin sanción penal las múltiples irregularidades que contenían los expedientes de la Auditoria Superior del Estado (ASE) para castigar a los empresarios y funcionarios vinculados al ‘saqueo’ del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC).
El 22 de diciembre de 2016, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, decidió dejar sin castigo al grupo de empresarios que comandaban en el gobierno del prófugo exmandatario César Duarte, el famoso fideicomiso: Luis ‘Tito’ Lara, Jorge Contreras Fornelli y la actual secretaria de Economía, Alejandra de la Vega Arizpe.
El diputado Jorge Soto presentó un ‘pobre’ dictamen que apenas si contenían solamente siete recomendaciones, pese al cúmulo de las detalladas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado.
A finales de 2018, se documentó públicamente que la anterior Legislatura del Congreso del Estado así como la Comisión de Fiscalización, habrían solapado irregularidades expuestas por la Auditoría Superior sobre la discrecionalidad en el manejo de los recursos del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana.
Los diputados que dictaminaron la auditoría del 2015 del Ficosec, escondieron el conflicto de interés de al menos una decena de empresarios de Juárez y Chihuahua integrantes del fideicomiso, y cuyas asociaciones de las que son socios fundadores recibieron recursos públicos, documento en su momento el periódico Norte de Ciudad Juárez.
Los empresarios involucrados en las asociaciones a las que se les entregaron los recursos de manera discrecional son Sergio Ochoa Muñoz; Luis Lara Armendáriz; Gabriel Ortiz Hernán y Samperio; Alejandra de la Vega Arizpe; Luis Octavio Muñoz Corral; Cuauhtémoc García Hernández; Gabriel Cantú Murguía; Jorge Contreras Fornelli, Luis Mario Dena Torres y Marco Antonio Parson Parra.
Esos fueron los empresarios a los que por instrucciones superiores, el diputado Soto tuvo que dispensar a la hora de presentar el dictamen ante el pleno del Congreso del Estado.
Y ayer el legislador llegó muy orondo y muy quitado de la pena, para anunciar la nueva ley de fiscalización superior del Estado, la misma que, seguramente volvería a pasarse por el ‘arco del triunfo’, antes que cumplir con su obligación de legislador en el Congreso de Chihuahua.
La lista de las asociaciones beneficiadas fueron Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C; Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C; Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua A.C; Observatorio Ciudadano de Prevención y Seguridad y de Justicia A.C; Instituto de Formación Integral de Chihuahua A.C; Fundación Ficosec A.C; Observatorio Ciudadano de Seguridad Centro Sur A.C; Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C; y Observatorio Ciudadadano para Nuevo Casas Grandes A.C.
En la revisión de la cuenta de Ficosec, la Auditoría Superior reveló que unos 144 millones de pesos de recursos públicos no fueron manejados de manera correcta y terminaron en manos de asociaciones, cuyos fundadores son los mismos integrantes de Ficosec en Juárez y Chihuahua, y/o bien, no se realizaron licitaciones de manera correcta, entre otros.
Estancias, entre gobierno y los pobres /
Un amigo, acérrimo crítico –que no enemigo del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado-, lo citó recientemente y de manera textual con todas sus letras: ¿Qué es sociedad civil?: la forma de intermediar entre el gobierno y los pobres para sacar raja.
Se refirió a la perversa operación, casi generalizada de las organizaciones de sociedad civil (OSC’s), que han medrado política y económicamente con la gente de las colonias, y con los más necesitados.
Y el asunto viene a colación, porque los responsables de la operación de las 82 estancias infantiles de la ciudad, se han puesto muy ‘dignos’ con el gobierno federal y con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien dicen ya no harán ningún trato.
Ahora pedirán ‘chichi’ a los generosos empresarios de Juárez y de Chihuahua, que si siguen recibiendo fondos y prebendas del gobierno estatal a través de asociaciones y organismos privados como es el caso de Desarrollo Económico de Chihuahua y Juárez, y la Fundación del Empresariado Chihuahuense.
Es más, los responsables de esas estancias infantiles deben pedir el apoyo de los ricos del pueblo y de funcionarios que a la sombra y ‘cobija’ del sector privado han sacado provecho. Y allí están, otra vez los mismos: Alejandra de la Vega; Mario Dena; Jorge Contreras Fornelli y hasta Carlos Murguía Chávez y Lupita de la Vega, que le han sacado jugo a sus relaciones de poder político y empresarial. Jorge Contreras es un experto y hasta tiene poderosos amigos en el mundillo policial, por cierto muy ligados y conectados a la delincuencia organizada
Ellos pueden pagar de manera sobrada la inversión para que las pobres mujeres, muy preocupadas por las estancias infantiles y las políticas del gobierno, no pasean apuros. Pueden ser los nuevos patrocinadores del nuevo reto de convertirse en entes particulares.
Y lo dicho, desligados del gobierno, subirán los costos de operación. Al fin los negocios que nunca dejaron de ser para algunos de los operadores e intermediarios.
Sabrá la gente si invierte o no los cerca de 1,600 pesos que les enviará el gobierno de manera trimestral por cada niño o niña, pero lo cierto es que nadie, ni aquí ni en China, cuidara de los infantes de manera gratuita. No que bah!
Los empresarios en sociedad, van por los negocios.
Pero siempre cabe la posibilidad de que las grandes empresas, esas que se quedan con los centavos de sus clientes en las tiendas como Smart canalicen los millones de pesos que mensualmente recolectan para apoyar a las estancias y a los niños de la ciudad. ¿Qué dicen los señores Muñoz?
Oficialmente, el 28 de febrero el grupo de encargados de las estancias infantiles, iniciará el procedimiento para convertir los centros de cuidado en establecimientos particulares, lo que incrementara el costo del servicio, de 150 hasta los 500 pesos por cada chilpayate en la tarifa semanal.
Los muy dignos representantes de las estancias infantiles ya ni protestar quieren ante la próxima visita que AMLO ha programado en la ciudad de Chihuahua.
Sin oposición aprueban Guardia Nacional /
El líder de la banca de Morena en el Senado, Ricardo Monreal tuvo ayer una jornada de ensueño. Le sacó sin ningún raspón al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa que da génesis a la Guardia Nacional en México.
Por unanimidad, se alcanzó el acuerdo para aprobar un dictamen modificado que da paso a la creación de la Guardia Nacional, la responsable de las tareas de seguridad pública para prevenir y atacar el delito en el territorio nacional.
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside precisamente Monreal, anunciaron que el mando del nuevo organismo será civil y que la actuación de las Fuerzas Armadas tendrá una temporalidad de cinco años.
Es decir que los militares andarán por las calles durante todo un quinquenio en el nuevo modelo de seguridad instrumentado por el gobierno de México.
Después de varios días de negociación, los coordinadores de todos los Grupos Parlamentarios aprobaron la incorporación de modificaciones a la minuta que se recibió de parte de la Cámara de Diputados.
El dictamen establece que la Guardia Nacional será una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinado y profesional.
La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.
El dictamen también establece que el Congreso de la Unión deberá realizar reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y expedir la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
Tendrá 60 días naturales, después de la entrada en vigor del decreto, para expedir la Ley de la Guardia Nacional y hacer las adecuaciones legales conducentes
La Guardia Nacional actuará con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y los municipios. No sustituye a las policías estatales o municipales Sólo actuará de manera subsidiaria y en apoyo de éstas, en la medida de sus necesidades, se dijo.
Mario Héctor Silva
Periodista y Analista Político.
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