TORRE FUERTE
- Caso Stefany: la búsqueda frenética
- El tiro de Maribel vs el patriarca
- Fiscalía protege al General
- Carlos Hernández, ¿el ‘Delfín’ en CEDH?
- No confían en Elizondo
Caso Stefany: la búsqueda frenética /
La irrupción de agentes de las fuerzas estatales la noche del martes 9 de octubre de 2018 a la vivienda del periodista radiofónico, Reyes Ramos Rodríguez, localizada en el norponiente de Juárez, sin orden de cateo y tras el argumento de dar seguimiento a una denuncia anónima sobre un secuestro, tiene presunta vinculación al misterioso expediente que un día antes, fue entregado a un abogado local en el comedero de la avenida 16 de septiembre.
La arbitraria intervención policial de los elementos de seguridad en el gobierno del ‘Nuevo Amanecer’ no fue fortuita.
Los enterados aseguran que iban en la búsqueda de las pruebas (posiblemente fotografías) del mismo expediente que contiene información valiosa sobre el reporte de operaciones financieras e inmobiliarias hechas por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado desde que asumió su cargo como mandatario estatal, y del cual hora antes y, quizás sin conocer el contenido a detalle del mismo, el periodista había tenido conocimiento y habría ordenado tomar material fotográfico.
Pero el pitazo había sido dado por alguien del gobierno estatal que estaba al tanto de los movimientos y monitoreo de ese expediente al que ahora relacionan con la renunciada secretaria estatal de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, de quien según fuentes reveladas, le habrían solicitado desde el gobierno federal toda la información pertinente sobre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
Es decir, que hipotéticamente se siguió el mismo patrón de la información que por aquellos tiempos, el ex secretario de gobernación, y ahora senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong consiguió de las operaciones irregulares y los movimientos de compra-venta de terrenos, propiedades, ranchos, equipo y maquinaria que desde el poder hizo el ex gobernador César Duarte Jaquez, con el avieso propósito de hundirlo y de ayudar, a través de otro ex gobernador priista, Reyes Baeza, a quien sería el futuro mandatario: el panista Javier Corral Jurado.
Toda la información conjuntada que sirvió para la formulación de cargos en los expedientes y denuncias por el saqueo a Chihuahua, en el explosivo ‘coctel’ que tiene huyendo al ex gobernador César Duarte, y que ha sido desde antes, durante y después de la campaña política, el activo principal en la lucha contra la corrupción por parte del gobernador panista.
Hoy el caso de Stefany Olmos Loya, de cuya salida del gobierno y motivos se han dicho tantas versiones, tiene a la clase política con el ‘Jesús en la boca’, por los nuevos derroteros que darían pie a una futura investigación por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que sabe y conoce quienes son sus enemigos.
Aquella noche del 9 de octubre, 25 agentes, en su mayoría con el rostro cubierto, arribaron al domicilio del periodista a revisar el inmueble, denunció públicamente Reyes Ramos Rodríguez, a quien no pocos colegas reconocen su sagacidad y experiencia en las lides del reporteo.
El allanamiento de los policías estatales del gobernador Javier Corral, a cargo de un mando que sólo fue identificado como el “comandante Rodríguez”, quedó asentado incluso en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), pero no trascendió, al menos públicamente, absolutamente nada sobre la secrecía de la investigación policial y el objetivo de esa búsqueda frenética.
En un país donde cada día, la libertad de los periodistas se ve acotada, la astucia y sagacidad del reportero, quizás sin saberlo y conocer el fondo del misterioso expediente, tuvo sus consecuencias.
Al final los policías, aparentemente, se fueron con las manos vacías, y quizás con la certeza de que el asunto no trascendería más allá.
La historia, llena de intrigas y morbosidad, como lo citamos en la entrega de ayer, digna de una serie de investigación policial al estilo de las películas de Bourne en los Estados Unidos, tiene un objetivo preciso en la política, donde nada es fortuito.
Extraoficialmente, y sin que haya hasta ahora pruebas y documentos que salgan a la luz pública, se habla de una presunta investigación sobre la adquisición de once propiedades atribuidas al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y de un expediente que en manos de un abogado simpatizante del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tiene precio. Es ‘oro molido’, dirían en la jerga política.
Y cuentan que mucha de esa información, en el hipotético caso de que sea probado, la renunciada exfuncionaria estatal, Stefany Olmos Loya, fue pieza importante.
El tiro de Maribel vs el patriarca /
Maribel Hernández, la joven titular de la oficina de gobernación estatal en Juárez cree haber descubierto el hilo negro de la corrupción y las irregularidades que por décadas han acusado a los cientos de negocios dedicados a los llamados ‘giros negros’.
Lo que no sabe la funcionaria de gobernación, es la presunta vinculación de poderosos políticos pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN), amigos del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que han sido solo facilitadores en la pujanza de muchos negocios dedicados a esa actividad en la frontera, y que han sido parte del otro motor de la economía juarense.
Por ejemplo, la ex diputada podría preguntarle a los Barrio, o a los Ostos o quizás a otros de los amigos de muchas décadas del ex gobernador Pancho Barrio sobre los entrelazados intereses que sostienen a los negocios dedicados a la venta de alcohol en la frontera.
Es más, a Maribel Hernández le bastaría con preguntarle a la secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega Arizpe, amiga del gobernador, sobre las colosales ganancias que deja la venta y distribución de cerveza, vinos y licores, y sobre las cuales, su padre, el finado y distinguido hombre de empresa, Federico de la Vega Matthews fundó todo un imperio, y del cual, ahora, ella es una de las herederas de la riqueza de los negocios que siempre fueron coptados por el poderoso empresario de Ciudad Juárez.
Nuestros informantes aseguran que la novel funcionaria que llegó a esa oficina por encargo del gobernador de Chihuahua, se está dando un tiro contra de los intereses del gran patriarca del PAN, y que por varias décadas, y a pesar de los siempre molestos estertores e intereses del crimen organizado, ha sobrevivido y garantizado la estabilidad de los negocios dedicados a la venta de alcohol en la frontera.
Por cierto que, hablando de enchiladas, ayer Maribel Hernández, denunció que el bar ‘La Vaca Loca’, uno de los tantos negocios que operan en Juárez con algo de facilidades e incluso con el giro de restaurante, que permite el ingreso de menores, funcionaba bajo esa condición.
El negocio fue clausurado por el asesinato de un hombre frente a los clientes en el interior del bar, como ha sucedido en muchos otros casos que han sucedido en Ciudad Juárez, y ha abierto la ‘caja de pandora’ de los ‘giros negros’.
La mayoría de esos negocios carece de seguridad y muchos otros funcionan de manera irregular.
Habrá que ver como resuelve la inteligente funcionaria de gobernación, que llegó a ese puesto por instrucciones del gobernador Javier Corral, y de la que nos informan, ya ni siquiera obedece instrucciones de su jefe superior en la ciudad de Chihuahua, Nacho Castro.
Le está pegando a la mafia del Patriarca, aunque otros dirían también, que le está rascando los ‘huevos’ al tigre.
Fiscalía protege al General /
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) no persigue, ni mucho menos investiga a las agencias de seguridad privada con verdaderos problemas y trasfondo de presunta corrupción en Ciudad Juárez, pero sí ‘golpea’ a las medianas y pequeñas empresas que intentan sobrevivir y generar fuentes de empleo.
El tema viene a colación por la denuncia que algunos de los considerados pequeños y medianos empresarios en materia de seguridad privada han hecho en contra del Sub oficial Alejandro Vladimir Núñez Matus, empleado de la FGE que trae atemorizados a todas las empresas de seguridad.
Y pese a que varias de esos negocios han presentado trámites de regularización, y cumplen con el pago de sus impuestos con Hacienda, Seguro Social, Infonavit y la generación de empleos, es señalado como el responsable de generar daños y hasta amenazar a los empresarios.
Toma como ley un reglamento contenido en el código administrativo del estado de Chihuahua para hacer “terrorismo”, con la sospecha de que intenta favorecer a otra empresa en particular.
El bravo y celoso suboficial no le ‘pega’ a las maquiladoras, “no las toca ni con el pétalo de una rosa”, dijo a este periodista uno de los empresarios del ramo de la seguridad privada en Juárez.
Mucho menos pensar que el ‘policía fiscal’, a quien consideran un auténtico ‘perro de caza’, vaya a molestar a la empresa ASIS del General Alejandro Sandoval Torres, y cuyo caso sí implicaría una investigación de fondo por parte de la Fiscalía de Chihuahua y del gobernador Javier Corral.
Hablamos del influyente general, que vende permisos para la portación de armas como si fuera ‘palomitas’, gracias a sus ligas y conexiones con los altos mando del Ejército. Y del mismo hombre del que dijimos a principios de febrero pasado, que buscaba la protección no sólo del gobierno estatal, sino el cobijo del gobierno de la 4ª transformación.
Hasta hace unos días seguía la soterrada disputa de la concesión para el usufructo de los permisos y autorización de armamento y de explosivos que durante muchos años ha manejado ASIS, la empresa de seguridad del General, la cual aparecía a nombre de su esposa, Patricia Álvarez, de acuerdo con el último reporte oficial publicado por APRO.
Y decíamos que las razones de esa soterrada disputa eran, entre otras, el control de la seguridad y de la totalidad de las agencias de seguridad privada, la venta y renta de armas cortas, largas y de todos los calibres para empresas y empresarios, y hasta para algunos elementos y grupos asociados a la delincuencia organizada que operan en el estado de Chihuahua.
También, la disputa del mercado relacionado con autorizaciones y permisos a agencias y empresas de valores, y corporativos que como Cementos de Chihuahua (GCH) e Interceramic y mineras que requieren de explosivos para sus empresas.
Y el negocio no acaba allí, el General Alejandro Sandoval Torres también se ha dedicado al manejo y renta de armas a grupos y `clientes` especiales y tiene también injerencia en el mercado ‘negro` de las armas del que no existe oficialmente un control.
Y allí no entra, ni tiene interés alguno de hacer presencia la gente de la Fiscalía General. No, que bah!. El general tiene vara alta y control.
Carlos Hernández, ¿el ‘Delfín’ en CEDH? /
Si no es el ‘Delfín’ del gobernador de Chihuahua, como algunos piensan, la zancada política y mediática que ha dado José Carlos Hernández Aguilar, un especialista en sistemas penitenciarios, que aspira a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEH), tiene el viso de que podría ser el plan ‘B’ de Palacio.
Los agudos conocedores, dicen que José Carlos Hernández ni idea tiene de lo que son los derechos humanos.
Vienen días turbulentos y una guerra, casi fratricida al interior del Congreso por la nominación del futuro sucesor de la silla que dejara vacía el presidente José Luis Armendáriz González.
Pero por lo pronto José Carlos Hernández ya se abrió públicamente y desplego una campana de posicionamiento mediático.
Aparecerán en las próximas horas otros aspirantes. La posibilidad de que aparezca la enviada de Palacio, la diputada panista, Blanca Gámez, será clave para enfrentar a otros de los posibles contendientes.
Se menciona en esa búsqueda por la presidencia de la CEDH a Carlos Gutiérrez Casas, más de media vida dedicada a los derechos humanos, y también se habla de Karla Gutiérrez y José Alarcón.
Ya se sabrá en los próximos días el rumbo que tomaran los derechos humanos en el estado de Chihuahua.
No confían en Elizondo /
Que no confían en el secretario estatal de obras públicas del gobierno de Chihuahua, Gustavo Elizondo Aguilar no es nada nuevo.
Pero hoy aparece nuevamente en los reflectores por el anuncio hecho por la diputada federal de Morena, Esther Mejía, quien dijo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será la institución encargada de concluir los hospitales de cancerología y especialidades de Juárez.
Un balde de agua fría para el gobernador de Chihuahua y para el ex presidente municipal de Juárez, Gustavo Elizondo, que, literalmente, ya se frotaba las manos con el envío de los recursos para su administración y la ejecución de las obras.
La noticia difundida ayer, produjo el siempre mordaz comentario de su acérrimo enemigo en Juárez, el ex subsecretario de obras públicas en la frontera, Andrés Carbajal Casas que simple y llanamente dijo: “Pues cómo le iban a dinero a Elizondo”.
Mario Héctor Silva
Periodista y Analista Político.
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