No cabe duda de que la impunidad es uno de los mayores problemas que tenemos en México. Las estadísticas y encuestas de opinión nos dictan que los mexicanos están muy conscientes de que la inseguridad y la corrupción son las lacras más lacerantes de México. Sin embargo, a mi me queda muy claro que ambas se dan principalmente por la impunidad que no es otra cosa de que la falta de existencia del Estado de Derecho.
Si tenemos leyes que sancionan conductas antisociales precisamente para la protección de la población, si al cometerse no hay consecuencia alguna, podemos decir que son letra muerta, son leyes imperfectas porque no existe un entramado institucional efectivo que las ponga en práctica.
Alrededor del 99% de los actos delictivos en México no llegan a tener consecuencias, esa situación hace que en nuestro país, cada vez más, el crimen organizado y no organizado se ha ido apoderando del control de la sociedad, a través de amenazas, extorciones, cobros de piso, venta de protección, eliminándole al Estado en amplias áreas del territorio nacional, el monopolio de la fuerza y la violenta.
En ese sentido cada vez más nos acercamos a lo que se conoce como “Estado Fallido”, pues no nos garantiza la paz y la tranquilidad para que las actividades humanas se desarrollen adecuadamente, teniendo efectos nocivos en la economía, inhibiéndose la inversión, la generación de empleos y el desarrollo humano en general.
Ahora bien, cuando el gobierno expresamente manda señales concretas a los criminales de que cuando ellos amenazan a la población en general, las acciones de gobierno, en torno a lo que los criminales quieren obtener, se logra, por lo que el propio gobierno queda como una instancia más sujeta a extorsión.
Considero que esta situación se dio claramente en el caso de los recientes sucesos de Culiacán, que a la liberación del llamado Chapito, han mandado esa señal a los criminales.
Ahora tenemos acontecimientos como los de Ciudad Juárez, en donde un operativo del gobierno para poner orden en el penal estatal localizado en esa ciudad, detonó una serie de acciones concertadas perpetradas por el crimen organizado para generar pánico en la población, consistentes en la quema de transporte de personal de la industria maquiladora de exportación.
Se llevaron a cabo incendios provocados por el crimen en camiones que transportaban a trabajadores del último turno en la medianoche, así como una serie de incidentes similares a lo largo y ancho de la ciudad que continuaron durante varios días.
Lo anterior es una deplorable prueba de que el ejemplo cunde rápidamente. Me queda claro que los criminales han aprendido rápidamente que la amenaza a la población con actos francamente terroristas puede generar dividendos para sus maléficos fines.
Esta situación está haciendo escalar el problema de inseguridad a niveles de ataques directos a la población que pueden generar serias disrupciones en la vida de todos y mover al país a una especie de guerra civil en donde la población, por falta de respuesta de las autoridades ante la señal del presidente que prefiere abrazos y no balazos, responda a través de autodefensas que en sí nos lleven a más falta de cumplimiento de la ley e impunidad, si el gobierno continúa, a través de las políticas pacifistas irresponsables del presidente, sin actuar en aras de no generar más violencia.
Aunque los crímenes de la familia LeBarón no se relacionan con actos de esta naturaleza, uno puede pensar que los criminales están escalando sus acciones delictivas de una forma en la que no respetan a mujeres y niños que nada tiene que ver con las actividades delictivas, generándose una ola de violencia dirigida a la población civil inocente de las actividades delictivas.
Los ciudadanos debemos exigir al gobierno que desarrolle una estrategia y contenga, aún con el uso de la fuerza, la consecución de los delitos para evitar la impunidad y darnos los caminos hacia el bien común.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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