Gobiernos van, gobiernos vienen y nadie da pie con bola en la solución de la inseguridad en el país que, salvo los últimos años del gobierno de Calderón, ha ido siempre a la alza.
El actual gobierno que tanta esperanza ha generado para los ciudadanos no ha sido la excepción. Estimo que el problema es que siempre se ha querido centralizar la solución de un problema que es esencialmente local.
No existe una sola fuerza criminal que rete al gobierno en turno, no hay un solo cartel, sino que cada vez se atomizan más y más los grupos criminales que se encuentran en procesos de constantes escisiones. Reportes de transparencia del 2016 al 2018, señalan que, por lo menos, existen en México 37 cárteles del narco. Cada vez que se abate o aprenden a capos importantes, sus grupos de delincuentes se multiplican.
Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos sabe quiénes operan en sus colonias y barrios, las autoridades municipales y los policías a nivel sección los conocen, y muchos de ellos se coluden y coordinan perfectamente bien con los criminales y operan como parte de los grupos delincuenciales.
El gobierno federal no tiene la fuerza ni el tamaño necesarios para la solución del problema.
Para poder resolver el problema de cuajo, habría la necesidad de hacer lo que constitucionalmente se ha conocido como una suspensión de garantías (hoy suspensión de derechos humanos), con una amplia intervención del ejército, situación cuestionable bajo los tratados internacionales.
Esto no es deseable porque, por la naturaleza de la situación, tendría que haber intervención de la fuerza pública. Esto generaría amplias violaciones a los derechos humanos, creándose una especie de estado de guerra, con innumerables víctimas y abusos, que crearía caos en el país, pudiendo ser peor el remedio que la enfermedad.
Por esta situación, esta solución no es deseable ni recomendable.
Un posible camino es generar una estrategia de Estado que sea de mediano a largo plazo, consistente en localizar (hacer local) el problema, y desarrollar las soluciones a partir del nivel ciudadano y de la autoridad municipal.
Para ello, se necesita primero generar un gran acuerdo nacional con la sociedad civil a fin de establecer compromisos, tanto con ella, como con las autoridades municipales, estatales y federales, para realizar las siguientes acciones:
- Creación de grupos coordinados de vigilancia ciudadana (como el llamado neighborhood watch con gran éxito en los Estados Unidos).
- Terminar en definitiva los exámenes de confianza y despedir a las personas que no los pasen.
- Establecer a nivel nacional, de una forma coordinada, a la llamada Policía de Proximidad, para que se escojan y contraten personas, de manera conjunta entre ciudadanos y policía municipal, que se encarguen de vigilar los barrios y colonias de una manera permanente, para que los comités ciudadanos de seguridad mantengan contacto y se coordinen con ellos.
- Redireccionar el presupuesto federal para otorgar a los elementos de seguridad pública de todo el país aumentos de sueldo, seguros de vida, seguridad social, vivienda y educación para sus hijos.
- En las áreas de alta penetración del crimen organizado, formular estrategias especiales adecuadas a las problemáticas particulares de cada una de las mismas.
La seguridad del pueblo es la mayor responsabilidad de todo Estado. Este es el mayor reto que enfrentan los gobiernos federal, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios de nuestro país. Pero también la población, como parte integrante del Estado es responsable de ello. El gobierno tiene el deber de coordinar estos esfuerzos y de utilizar toda la fuerza del Estado para acabar con el flagelo de la delincuencia. Si los mexicanos logramos solucionar el grave problema de inseguridad que nos aqueja, será el primer gran paso para establecer la plataforma de crecimiento y desarrollo que todos buscamos para la consecución del bien común.
Carlos Angulo Parra
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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