A partir del primero de enero de este año entran en vigor los presupuestos estatales, así como las leyes de ingresos que establecen las contribuciones que pueden ser cobradas por los mismos para cubrir en parte los gastos, ya que en su mayoría los ingresos provienen del presupuesto federal.
Aun así, el presupuesto que se aprueba en los congresos estatales para los gobiernos locales, considera todo tipo de ingresos, tanto los propios como los provenientes de fondos federales que no son otra cosa más que contribuciones federales que se generan en cada una de las entidades.
Ante el proceso natural de recaudación, administración y ministración de recursos a los estados, en los primeros meses del año se da una necesidad de recursos que se trata de cubrir con los recursos propios sobre todo aquellos que puede cobrar directamente como los casos de revalidación vehicular en los estados, así como el predial en los Ayuntamientos, donde se ofrecen hasta descuentos por pago en los primeros meses del año, lo que permite cubrir los gastos del inicio de año.
Por lo tanto, el presupuesto de egresos se basa en la Ley de Ingresos y ambos son aprobados en su caso por los Congresos Locales en cada una de las entidades.
A su vez, estos mismos órganos legislativos tienen funciones de fiscalización del uso y aplicación de los recursos públicos.
Los Ejecutivos Estatales están obligados a presentar informes trimestrales sobre el uso del recurso, reflejando el nivel de gasto ante el Congreso Estatal el cual tiene facultades para revisar estos informes preliminares y en su caso, para convocar a funcionarios para rendir cuentas al respecto.
Estudio del IMCO
Esta semana el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer su Índice de información del Ejercicio del Gasto 2019, con el título de Complicidad Legislativa.
En el da cuenta de cómo los Congresos Locales se van dando cuenta del gasto adicional al presupuestado que se va dando por parte del Poder Ejecutivo, sin embargo, no se tienen acciones concretas de auditoria u observaciones.
Caso en Chihuahua
Destacan casos como el de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de construcción entre otros, donde a la mitad de 2018 ya se había ejercido el gasto por 72 veces más de lo presupuestado, y 582 veces al final del año.
Caso Sonora
En el caso de Sonora, se tiene un gasto adicional el presupuestado hasta por el 22%, siendo uno de los 13 estados que gastaron al menos 15% más de lo presupuestado.
En estos casos, los Congresos también terminan gastando más de lo que se presupuesta, 3% en el Caso de Chihuahua y 12% en el caso de Sonora.
En ayudas sociales, concepto que no les corresponde a los congresistas, se destinaron en Sonora el 3% y en Chihuahua el 6%.
Los costos totales de estos congresos los ubican en los lugares 7 y 13 a Sonora y Chihuahua respectivamente, aunque el de Chihuahua fue de los de mayor incremento presupuestal el año pasado.
Respecto del costo por diputado considerando los representados, Sonora es de los más caros en el tercer lugar y Chihuahua en el 16.
Conclusión
Como podemos ver la correlación presupuestaria y de negociación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo genera una relación “tóxica”, pero para la sociedad civil, ya que se autorizan aumentos, gastos discrecionales y sin revisión estricta generan distorsiones presupuestales.
Carlos Monroy
Doctor en Materia Fiscal. Consultor en Comercio Exterior y Gerente de Consultoría en Palco Consorcio de Comercio Internacional.
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