Consejero Jurídico afirma que las declaraciones del ex funcionario del sexenio de César Duarte en el sentido de que es víctima de persecución política son infundadas; lo investigan además el SAT y la UIF por lavado de dinero, evasión y discrepancia fiscal
Chihuahua, Chih. – El consejero jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, señaló que las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado por el delito de peculado en contra de Marcelo G. T. están debidamente soportadas por jueces de control e incluso por jueces federales en materia de amparo.
Debido a lo anterior y ante las declaraciones del ex funcionario del gobierno de César Duarte, en el sentido de que es objeto de persecución política, Espinoza Cortés aseguró que estas aseveraciones son infundadas y que la supuesta persecución política no existe.
En entrevista con medios de comunicación locales, enfatizó: “no nos dejemos llevar por cortinas de humo, por manifestaciones sin fundamento o una supuesta persecución política”, las investigaciones por montos millonarios son serias, y por ello han trascendido a nivel federal y generan el soporte legal de las actuaciones de la FGE”.
Agregó que los abogados están tratando de litigar el asunto en los medios, “lo que no han sabido defender en los tribunales, lo quieren defender a través de los medios y a través de todas esas publicaciones, solo para distraer la atención de la realidad, de lo que se le está acusando”.
Además, dijo, no se trata únicamente de una investigación de carácter penal por el delito de peculado o desvío que se le atribuye a nivel estatal, ya que también están en proceso investigaciones por parte de autoridades federales que fueron turnadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por lavado de dinero, evasión fiscal y discrepancia fiscal.
Todo lo que genera esta polémica de que existe una persecución, es falso, ratificó el Consejero Jurídico, quien agregó que lo mismo sucede con el caso del magistrado Jorge Abraham Ramírez, a quien se acusa de enriquecimiento ilícito y enfrenta acusaciones de carácter federal por una cantidad de 10.5 millones de pesos, por lo cual está siendo investigado por la UIF y el SAT por discrepancia fiscal.
En este caso específico, detalló que si no llegara a proceder la petición de desafuero del magistrado, la cual está en manos de las y los diputados del Congreso del Estado, se podría presentar una petición desde el orden federal, ya que se integran las correspondientes carpetas de investigación y se turna a la Fiscalía General de la República (FGR).
Abundó que la Fiscalía investiga hechos y los hechos llevan a personas, de ninguna manera hay justicia selectiva, simple y sencillamente hay una investigación, datos de prueba suficientes, y sobre ellos se ejercita la acción penal.
El funcionario estatal indicó que cada carpeta de investigación tiene su momento procesal, y es hasta que ya se tiene el elemento respecto de algún funcionario, o ex funcionario, sobre el cual se investiga, cuando se ejercita o se judicializan los temas.
Las investigaciones continúan, señaló, porque las pruebas son variadas y diferentes; se irá formulando imputación respecto a cada una o uno de los funcionarios que en los mismos hechos o en diferente carpeta puedan generarse, pero no todo es al mismo tiempo.
Finalmente señaló que la UIF investiga actualmente a 10 ex funcionarios.
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