Como sabemos, el 27 de enero este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de distintas leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2020, todas del Estado de Chihuahua, en donde destaca la relacionada con el pago de derechos de concesionarios del servicio de alumbrado público para 56 municipios del estado.
La CNDH parte del fundamento de que el pago por el derecho de Alumbrado Público (DAP), de acuerdo con el importe del consumo de energía pagado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), transgrede el derecho humano de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y proporcionalidad en las contribuciones, previstos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Norma Fundamental.
Sostiene que las disposiciones referidas contienen un vicio de constitucionalidad en común consistente en que establecen que los contribuyentes que cuenten con un contrato de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, deberán pagar una cuota fija mensual o bimestral sin precisar cuál será la cuota que dichos contribuyentes deberán pagar, y por el contrario, remite a convenios realizados con la mencionada Comisión para la fijación de esa cuota.
Debo destacar que en algunos estados como Nuevo león, Jalisco, Veracruz, CDMX, Baja California Sur, Tamaulipas, Nayarit, Tabasco, no se cobra el DAP.
No me corresponde decir si es anticonstitucional o no el cobro del DAP por parte de los municipios, la instancia responsable seguramente en breve determinará al respecto, pero si me gustaría comentar sobre la “posible” afectación económica que usan como argumento tanto el gobierno de estado como algunos gobiernos municipales como el de Juárez y Chihuahua para oponerse e inconformarse por la acción promovida por la CNDH.
En este sentido mi opinión es que el posible no cobro del DAP de ningún manera paraliza a los municipios referidos como se ha dicho en algunos medios de comunicación, pues por ejemplo, en Juárez el monto que ingresa por este cobro, 265 millones de pesos, es apenas el 4.8% del presupuesto del municipio (5,445 millones de pesos). Para el caso de Chihuahua, lo que se obtiene por el DAP es del orden de los 176 millones de pesos mientras que el presupuesto de egresos es de 3,778 millones de pesos, es decir representa un 4.5%.
Como se observa, ese “hueco financiero” en las arcas municipales puede ser compensado con medidas de austeridad y uso eficiente y racional del presupuesto, por razones de espacio solo pongo un botón de muestra, el gasto destinado a comunicación y publicidad en Juárez es de 104.5 millones de pesos, algo así como el 40% del ingreso vía DAP, en Chihuahua este gasto asciende a casi 63 millones de pesos, el 36% de lo que entra por el DAP.
En fin, sobre el tema se deberá seguir comentando en días venideros, pero algo es seguro, tuvimos la razón al oponernos a comprometer por 15 años el DAP para los ya extintos proyectos de alumbrado público tanto en chihuahua como en Juárez.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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