Los jueces escucharon los argumentos de la apelación del gobierno de Biden a la sentencia de un tribunal inferior que limitaría la prescripción y distribución de la mifepristona.
Estados Unidos (VOA) – Los jueces de la Corte Suprema de EEUU se mostraron escépticos este martes ante la posibilidad de que grupos antiabortistas y médicos que pretenden limitar el acceso a la píldora abortiva, tengan la capacidad jurídica para llevar adelante el caso, mientras la administración del presidente Joe Biden lucha por mantener un amplio acceso a la medicación.
Los jueces escucharon los argumentos de la apelación del gobierno de Biden a la sentencia de un tribunal inferior que limitaría la prescripción y distribución de la mifepristona. Cuatro asociaciones médicas y cuatro médicos que se oponen al aborto presentaron el recurso contra la mifepristona en Texas.
El caso vuelve a situar los derechos reproductivos en la agenda de los jueces en un año de elecciones presidenciales.
Los cambios normativos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) que están en juego en el caso, incluyen la autorización de abortos farmacológicos hasta las 10 semanas de embarazo, en lugar de las siete, y la entrega por correo del fármaco sin que la mujer acuda primero a un médico en persona.
En nombre de la administración, la Procuradora General, Elizabeth Prelogar, dijo a los jueces que los demandantes carecían de la capacidad legal adecuada para presentar el recurso y pidió al tribunal que “pusiera fin a este caso”.
Además, afirmó que los demandantes no han demostrado, como es necesario, que hayan sufrido un perjuicio que pueda atribuirse a la FDA. Los demandantes no se acercan “a 100 millas del tipo de circunstancias” necesarias para demostrar un perjuicio legal, dijo Prelogar.
Ante las preguntas de algunos de los jueces, Erin Hawley, la abogada que representa a los demandantes, dijo que sus clientes tenían la capacidad legal necesaria para demandar.
Los demandantes han afirmado que sus médicos miembros se verán obligados a violar su conciencia porque “a menudo se les pedirá que traten complicaciones derivadas de fármacos abortivos” en situaciones de emergencia debido a lo que denominan acciones ilegales de la FDA.
Prelogar dijo a los jueces que las acciones de la FDA eran legales.
“La agencia se basó en docenas de estudios en los que participaron decenas de miles de mujeres. Los demandados no identifican ninguna prueba que la agencia pasara por alto. Simplemente no están de acuerdo con el análisis que hizo la agencia de los datos que tenía ante sí. Pero eso no autoriza a los tribunales a cuestionar las opiniones de los expertos de la agencia”, dijo Prelogar.
El Departamento de Justicia ha afirmado que los daños alegados se basan en una cadena de acontecimientos especulativa e inadmisible: que otros médicos proporcionen mifepristona a mujeres que luego sufren una emergencia poco frecuente y acaban recibiendo atención médica de las demandantes.
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