La diputada local de Morena, Leticia Ortega, establece un posicionamiento para visibilizar que la violencia contra ese sector de la población aumenta en vez de disminuir, aun a pesar de las recomendaciones emitidas por organizaciones defensoras de derechos humanos a lo largo de dos décadas.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Diversas acciones emprendidas por el Gobierno del Estado provocaron en Chihuahua un retroceso en el combate de la violencia contra la mujer, indicó la diputada local de la bancada de Morena, Leticia Ortega Máynez.
A través de un posicionamiento, dio a conocer que las mujeres representan la mayoría de la población en el estado y que la violencia hacia ellas incrementa año con año.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el 2021 Chihuahua se colocó en el sexto lugar a nivel nacional en el número de feminicidios registrados de enero a junio del 2021, concluyendo el año con 44 víctimas de este delito, expresó.
En lo que va del 2022, agregó, se han presentado homicidios de mujeres en municipios como Ciudad Juárez, Parral, este mes se reportó otro en Guachochi, donde la Síndica Municipal, Dayra Rocío González, fue asesinada al parecer por su expareja sentimental.
“Nuestro Estado tiene dos décadas siendo objeto de recomendaciones por organismos internacionales, sin embargo, la violencia hacia la mujer no se ha detenido, al contrario, ha ido en crecimiento”, escribió.
Añadió que desde agosto del 2021 existe una Alerta de Violencia de Género en el Estado para Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Parral y Cuauhtémoc, con la finalidad de que se implementen acciones y políticas públicas para disminuir la violencia contra las mujeres.
Por el contrario, se han realizado acciones que llevan a un retroceso en los avances en el tema de la violencia contra la mujer.
Argumentó que la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, decidió modificar la naturaleza de la Fiscalía Especializada de la Mujer, convirtiéndola en una Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, cuando se requiere mantener y fortalecer la fiscalía de la mujer y no compartir recursos para atender distintos delitos.
Este año, además, recortó el presupuesto asignado al Programa de Atención a Mujeres Víctimas del Delito, que recibió 8 millones 600 mil 430 pesos, mientras que en el 2021, ese recurso fue superior: 9 millones 089 mil 383 pesos.
Ortega Máynez dijo que ese hecho implica una regresión en los derechos adquiridos por las mujeres, así como una falta de interés en el reconocimiento y la tutela de su derecho a una vida libre de violencia.
El estado, continúa, tiene una deuda histórica con las mujeres; asociaciones civiles y organizaciones de mujeres, así como legisladoras, han externado la preocupación sobre los cambios que la gobernadora realizó y exigen que se respete su naturaleza y se apoye con mayores recursos, pero no fueron escuchadas.
La fracción parlamentaria de Morena interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de revertir y mejorar el presupuesto asignado.
Se generó una violencia institucional, pues las acciones realizadas por el Ejecutivo estatal llevan a dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia hacia ellas.
Es obligación de la autoridad estatal garantizar el recurso adecuado y realizar las acciones necesarias para promover, proteger y difundir los derechos de las mujeres, porque es más que evidente que falta mucho por hacer para prevenir la violencia contra la mujer y lograr justicia ante los hechos ocurridos, concluyó.
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