Destaca Gobernador Javier Corral que con la decisión de descoordinarse con el Estado de Chihuahua en esa materia, se violentan principios fundamentales del FederalismoChihuahua, Chih. – Se busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspenda ese abandono y mandate al Gobierno Federal a cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad a los chihuahuenses y coordinarse con el Estado para ese fin
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió, con carácter urgente para su tramitación, la Controversia Constitucional 180/2020 que interpuso el Gobierno de Chihuahua contra la decisión del Gobierno Federal de abandonar la coordinación con la entidad en materia de Seguridad Pública.
El gobernador Javier Corral informó lo anterior y destacó que en la descoordinación se violentan principios fundamentales del Federalismo, por lo que se procedió a presentar el recurso legal.
El Consejero Jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, explicó que la Controversia elaborada por la oficina a su cargo, se basa en tres temas principales:
- Sustentar la inconstitucionalidad de la decisión errónea del Gobierno Federal de alejarse y abandonar la mesa de seguridad del Estado de Chihuahua.
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Buscar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspenda ese abandono y obligue al Gobierno Federal a cumplir con su obligación de coordinarse con el Estado en materia de seguridad.
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Buscar que el Gobierno Federal cumpla con su obligación constitucional de brindar seguridad a los chihuahuenses.
En la Controversia se destaca que la coordinación en materia de seguridad pública es una obligación de los tres órdenes de Gobierno, ya que está mandatada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se argumenta que en el Artículo 21 establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de los Estados y de los Municipios, los cuales deben coordinarse, en los términos señalados por la ley, para fijar un sistema nacional de seguridad pública.
Agrega que el Gobierno de la República debe velar por el derecho superior colectivo de brindar seguridad pública a los ciudadanos del Estado de Chihuahua, en un marco de coordinación de estrategias.
La Consejería Jurídica dará seguimiento a la controversia presentada e informará en su oportunidad los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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