El diputado Cuauhtémoc Estrada de Morena apoyará un juicio de amparo para exigir pensiones universales a personas con discapacidad en Chihuahua.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, anunció su apoyo a la Asociación de Personas con Discapacidad de Chihuahua A.C., quienes están preparados para promover un juicio de amparo ante la omisión del gobierno estatal, liderado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, de firmar un convenio con la federación que busca universalizar la pensión para personas con discapacidad de 0 a 64 años. Esta situación remarca la urgencia de atender las necesidades y derechos de un sector de la población que ha enfrentado históricamente desatenciones en sus demandas.
La situación de las personas con discapacidad en Chihuahua no es nueva, ni es un problema exclusivo de esta administración. Sin embargo, la reforma constitucional que se realizó en diciembre del año pasado establece claramente que la pensión universal es un derecho, y que tanto la federación como las entidades federativas tienen la obligación de financiar el 50 por ciento de esta prestación. La negativa del gobierno estatal a firmar el convenio es vista por Estrada Sotelo como una violación a este derecho fundamental, lo que eleva la tensión entre los diferentes niveles de gobierno y resalta la falta de compromiso por parte del Estado en la atención a sectores vulnerables.
Laura Fuentes, representante de la Asociación de Personas con Discapacidad de Chihuahua A.C., enfatizó en la necesidad de que las autoridades escuchen y atiendan las demandas de este grupo que, a menudo, se siente ignorado. En su intervención, Fuentes hizo un llamado a la gobernadora para que este convenio se concrete, destacando la importancia de las pensiones universales para hombres y mujeres en el rango de edad de 30 a 64 años, quienes actualmente no cuentan con este tipo de apoyo. Este reclamo pone de manifiesto la lucha constante de las organizaciones civiles por visibilizar las necesidades y derechos de personas con discapacidad, quienes requieren servicios básicos que son vitales para su calidad de vida.
El monto propuesto de 3 mil 600 pesos mensuales para las pensiones tiene implicaciones significativas en la vida diaria de los beneficiarios, ya que representa un apoyo fundamental para acceder a alimentos, pañales, medicamentos y otros servicios esenciales. Esta realidad económica, sumada a la falta de servicios adecuados y accesibles, evidencia las carencias que enfrenta este grupo poblacional en un estado donde la desigualdad y la pobreza son problemáticas recurrentes.
La cuestión de la pensión universal para personas con discapacidad no es solo un asunto de derechos humanos, sino que también se convierte en un tema de justicia social en un contexto histórico y político en el que las políticas públicas han fracasado en ofrecer protección y asistencia a colectivos vulnerables. A nivel nacional, se ha confirmado que hay seis entidades donde aún no se otorgada la pensión, lo que refleja la disparidad en la implementación de políticas inclusivas. Asimismo, la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone de relieve la urgencia de que el gobierno estatal adopte medidas concretas para cumplir con su deber constitucional.
En este contexto, las palabras del diputado Estrada Sotelo sugieren no solo una crítica a la administración estatal, sino también una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de garantizar derechos a todos los ciudadanos, sin distinción. Este tema tiene el potencial de generar un debate muy necesario sobre cómo mejorar los mecanismos de inclusión y atención a las necesidades de las personas con discapacidad, una tarea que trasciende a las administraciones en el poder y que demandará un esfuerzo conjunto entre ciudadanos, organizaciones civiles y gobiernos en todos sus niveles. La respuesta a este llamado social podría redefinir la manera en que el estado de Chihuahua aborda la discapacidad y la inclusión en sus políticas públicas.

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