La reforma constitucional en Chihuahua fue aprobada por 28 ayuntamientos, representando el 85.54% de la población, modernizando la elección judicial.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) –El 23 de diciembre de 2024 se realizó un importante avance en el ámbito judicial del estado de Chihuahua, con la aprobación de adecuaciones a la Constitución Política local por parte de 28 ayuntamientos.
Esta signatura es clave en el marco de la reforma que busca modificar la elección de personas juzgadoras e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración del Poder Judicial, alineándose con el reciente decreto que reformó la Constitución Federal.
La diputada Carla Yamileth Rivas Martínez, quien se desempeña como Primera Vicepresidenta del Poder Legislativo, fue la encargada de declarar la aprobación en una Sesión de la Diputación Permanente.
El proceso de aprobación no solo se destacó por su visibilidad institucional, sino también porque las decisiones tomadas por los cabildos representan el 85.54% de la población del estado, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2020.
Este respaldo por parte de los municipios refuerza la legitimidad y la necesidad de estas reformas, que buscan modernizar y transparentar el funcionamiento del sistema judicial y administrativo en Chihuahua.
Los ayuntamientos que respaldaron estas reformas abarcan un amplio espectro geográfico y demográfico en el estado. Desde el municipio de Juárez, que concentra el 40.41% de la población, hasta localidades más pequeñas como Coronado y Huejotitán, que contribuyen con porcentajes significativamente menores. Este conjunto de aprobaciones se formalizó en diversas fechas, evidenciando un proceso deliberativo que involucra a múltiples actores políticos y sociales en el estado.
La reforma tiene especial relevancia en el contexto de la impunidad y la percepción de corrupción que enfrentan los sistemas judiciales en diversas partes de México. Chihuaua no ha sido una excepción, y estas modificaciones buscan no solo optimizar los procesos electorales para los jueces, sino también fortalecer la imparcialidad y la rendición de cuentas en el ejercicio de la justicia. Al permitir que la elección de estos funcionarios sea a través del voto popular, se espera una mayor cercanía con la ciudadanía y un incremento en la confianza en las instituciones.
Es importante considerar que este tipo de reformas constitucionales no se producen en un vacío, sino que requieren de un entorno político propenso al cambio. En Chihuahua, el debate sobre la reforma judicial ha sido constante, con críticas que han apuntado a la inercia del sistema anterior y la necesidad urgente de reformas sustantivas.
La llegada de esta reforma puede ser vista como un clima político que favorece el cambio, impulsado por la voluntad de diversos actores políticos y la presión social por un sistema más justo y transparente.
Una vez que la diputada Rivas Martínez formalizó la declaratoria de aprobación, todo queda ahora en manos del Poder Ejecutivo del estado para la publicación correspondiente en el Periódico Oficial de Chihuahua.
Este proceso de visibilidad pública es crucial, ya que marca el inicio de su aplicación y el comienzo de una nueva etapa en el sistema judicial del estado, la cual tiene el potencial de impactar de manera significativa en cómo se ejerce la justicia en Chihuahua.
Este avance legal es una clara señal de la intención de adaptar las estructuras de poder a las exigencias contemporáneas de la sociedad, enfocándose en una justicia más accesible y eficiente.
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