El diputado de Morena expone que se debe proteger el derecho a la información y transparencia al grabar a trabajadores de gobierno que incurran en irregularidades durante su ejercicio público.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Para garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión, así como combatir la corrupción y transparentar el ejercicio público, el diputado de Morena, Óscar Daniel Avitia Arellanes, presentó iniciativa para que cualquier ciudadano evidencie con videograbaciones de funcionarios públicos actos que afecten la administración pública o violenten derechos humanos durante el ejercicio de sus funciones en espacios públicos.
El legislador expuso que en la actualidad existen condiciones que inhiben la participación de un ciudadano común y de los trabajadores de los medios de comunicación para videograbar actividades que pudieran configurarse como una ilegalidad, mala acción o actos de corrupción o violación de derechos humanos por parte de funcionarios públicos.
Bajo esa circunstancia, el legislador pide establecer límites que no vulneren los derechos de los funcionarios, pero privilegiando el derecho a la información de carácter pública.
Indicó que la iniciativa pretende ponderar los derechos humanos y no vulnerarlos, plantea la posibilidad de legitimar el derecho a que toda persona pueda videograbar a funcionarios públicos cuando estos estén en ejercicio de sus funciones, se encuentren en un espacio público y se realice sin interferir con sus funciones.
Las actividades de los servidores públicos, indicó, no constituyen algo que pertenezca al ámbito de lo privado o que deban permanecer ocultas; por el contrario, tienen la obligación de actuar en estricto apego a la ley, de ser transparentes y de rendir cuentas ante la sociedad.
Es inadmisible pensar que las autoridades, al ser videograbadas, puedan reclamar válidamente una vulneración a su derecho a la intimidad, expuso.
No se pretende registrar sus conversaciones privadas ni su vida personal, sino que se busca registrar exclusivamente las actividades que los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y en espacios públicos en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.
Esos elementos gozan de una máxima protección constitucional y constituyen condiciones necesarias para la protección del resto de los derechos humanos y de la democracia representativa, explicó.
Con relación a los elementos de los diversos cuerpos de seguridad pública, donde existen regulaciones más específicas al respecto, Avitia Arellanes mencionó que estas hipótesis ya se encuentran reguladas y se estaría frente a la comisión de un delito al no respetarlas.
Sin embargo, dijo, lo reprochable no sería propiamente grabar la actuación de las autoridades, sino limitar el ejercicio de sus funciones.
Indicó que se busca establecer de manera precisa los alcances y los límites del derecho a videograbar a las autoridades para evitar que esta práctica siga siendo restringida de forma injustificada por servidores públicos que únicamente buscan ocultar su deficiencia, negligencia, ilegalidad u omisiones en sus actos, así como legitimar e incentivar todos los mecanismos de control que sean tendientes a proteger los derechos de los gobernados de manera efectiva.
Exhibir ante la opinión pública los excesos de las autoridades, ha demostrado ser un método práctico para forzar al Estado a tomar medidas tendientes a ponderar los derechos humanos.
El diputado mencionó que existe la posibilidad de transparentar el servicio público, de poner luz donde hay oscuridad, de que se puedan visibilizar las injusticias, los excesos, la negligencia y de poder combatir de manera contundente la ilegalidad y la corrupción, aprovechando los dispositivos para videograbar.
Así, se abrirá la posibilidad de que estos registros se puedan utilizar para dar soporte a una demanda civil, una queja administrativa, una denuncia penal o, bien, para hacer del conocimiento público los actos de autoridad que causen violaciones a los derechos humanos, dijo.
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