La creación de una fiscalía anti-tortura en Chihuahua revela una crisis en el sistema de justicia y el reconocimiento del aumento de este delito.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En Chihuahua, la creación de una nueva Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ha suscitando un intenso debate en el ámbito político.
Este anuncio, formalizado por la gobernadora Maru Campos y respaldado recientemente por la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, ha llevado a la diputada local por Morena, María Antonieta Pérez Reyes, a calificar la situación como “grave y alarmante”.
La legisladora sostiene que este paso es un reconocimiento tácito del fracaso del sistema de justicia en la entidad, especialmente en lo que respecta a la tortura y otros abusos de poder.
El contexto histórico del estado revela un patrón de violencia y abuso que ha marcado la política y la justicia locales durante años. Chihuahua ha sido un foco de atención nacional por la cruenta lucha contra el crimen organizado, la corrupción institucional y la violencia generalizada que afecta a la población.
Este panorama ha propiciado que los delitos de tortura emergen como un problema latente en el sistema, un fenómeno que según Pérez Reyes, exige medidas más efectivas que la mera creación de nuevas instancias burocráticas para su atención.
La diputada hizo hincapié en que la creación de una fiscalía dedicada a combatir la tortura no debería ser necesaria si las fiscalías existentes desempeñaran adecuadamente su labor.
A su juicio, la proliferación de entidades para abordar specificidad delictiva sugiere que existe un grave desbordamiento del sistema de justicia, que ya se encuentra limitado por la falta de recursos, personal insuficiente y la pertinaz carga de trabajo que enfrentan. Este argumento resuena en la opinión pública, que ha perdido la fe en las instituciones encargadas de preservar el Estado de derecho.
Otro aspecto crucial del planteamiento de Pérez Reyes es la implicación de que el gobierno actual no ha podido erradicar estos abusos, algo que debió ser prioritario desde el inicio del mandato de Campos.
Este tipo de afirmaciones afectan la percepción de los ciudadanos sobre la gobernabilidad y la confianza en las instituciones, elementos esenciales en un estado que, históricamente, ha lidiado con problemas estructurales profundos. Las consecuencias sociales de la impunidad son palpables, y la falta de atención a estas violaciones puede llevar a un incremento en la violencia y el descontento civil.
El llamado de la diputada también sugiere la necesidad de una mayor rendición de cuentas por parte de la Fiscalía General del Estado. La creación de una nueva fiscalía, tal como advierte, podría ser un mero acto simbólico si no va acompañado de un cambio estructural en la manera en que se abordan y se investigan las quejas de tortura y otros abusos.
Este tipo de medidas se han visto en otros contextos, donde multiplicar las instancias no ha resultado en un avance real hacia la justicia, sino en un empeoramiento de la administración de la misma.
La atención a este tema es urgente, y no solo desde el marco legislativo, sino también en el ámbito social y cultural. En Chihuahua, el sufrimiento de las víctimas de abusos y los ecos de la impunidad son parte de una narrativa que exige ser atendida desde múltiples frentes.
La capacidad del estado para responder eficazmente a tales violaciones de derechos humanos será un indicador del compromiso del gobierno con la justicia, un tema que sigue resonando en la conciencia colectiva de los chihuahuenses.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.
