Respecto del posicionamiento presentado por la Diputada Leticia Ortega Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, es evidente que cumple un ejercicio de fidelidad partidista, sin un cejo de valoración de los principios democráticos, seguridad, certeza y de la protección del sistema Republicano de nuestra Nación.
Chihuahua, Chih. – He de recordar a esta Honorable Asamblea que la posición que defendemos ante esta Tribuna no es un instrumento de política partidista, sino de protección y resguardo del bienestar y la paz social.
Quiero reiterar, como lo he dicho en otras ocasiones, que no toda la contra reforma energética representa un peligro para los intereses del pueblo de México. Por el contrario, como todo instrumento de políticas públicas de Estado, al menos dentro de los países democráticos, las reformas estructurales que conllevan los intereses de Seguridad Nacional, requieren el mayor de nuestra atención, esfuerzo y sobre todo la apertura al diálogo.
La iniciativa de reforma presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, de fecha 30 de septiembre de este año, para Reformar nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus Artículos 25, 27 y 28 no debe desecharse en su integridad, ya que merece realizarse un diagnóstico pormenorizado de los temas expuestos, pero con responsabilidad, bajo principios de eficiencia, eficacia, certeza y seguridad jurídica, respetando el marco jurídico regulatorio, no solo Constitucional, evitando la retroactividad de las normas positivas y vigentes, sino también, bajo el principio de orden jurídico nacional e internacional, respetando los tratados internacionales de los que México es parte.
En cuanto a las medidas que se pretenden adoptar, por lo que toca al tema de que la CFE regrese a ser un organismo del Estado, resulta un tema que, en los hechos, resulta tendencioso, por incongruente; recordemos que a Secretaría de Energía (SENER), a cargo de Rocío Nahle, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.[1]
Luego entonces, cómo es posible que, en la ejecución de su oferta política y gubernamental de Estado, a la vuelta de solo tres años, pretendan dar un giro de timón, sin explicarle a la Nación, de forma pormenorizada, el porqué del fallo de sus ejes fundamentales, como lo son:
1.- Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda energética de la población con producción nacional.
2.- Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano, como lo es la CFE, como garantes de la seguridad y soberanía energética, y palanca del desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado.
3.- Organizar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales que sean necesarias para la transición energética de México a lo largo del siglo XXI.
4.- Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de las energías en el territorio nacional.
5.- Asegurar el acceso universal a las energías, para que toda la sociedad mexicana disponga de las mismas para su desarrollo.
6.- Fortalecer al sector energético nacional para que constituya la base que impulse el desarrollo del país como potencia capaz de satisfacer sus necesidades básicas con sus recursos, a través de las empresas productivas del Estado, las sociales y privadas.
Pues no, con esta reforma resulta más sencillo la vía de la imposición a costa de los intereses de la Nación y pensar que el pueblo mexicano debe de olvidar los compromisos torales de la oferta del gobierno federal, de transformación, de desarrollo.
Se agradece a la Diputada Leticia Ortega Máynez que el día de hoy nuevamente haga uso de esta Tribuna para retransmitir el mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de fecha 11 de octubre del presente año, con la reconversión de la propuesta del Sector Energético a cargo de la Secretaría de Energía, Rocio Nahle.
Elevemos el debate, con datos estadísticos y actuariales, para poder explicarle al pueblo de México como es que con la reforma, al incorporar el Centro Nacional de Control de Energía a la CFE, se va a “… controlar el despacho de la electricidad y se podrá vender la electricidad producida y obtener mayores ingresos, y brindar a 46.2 millones de usuarios energía constante las 24 horas a precios bajos”.
Y que NO suceda lo mismo que pasó con el ACUERDO Núm. A/024/2021 de la Comisión Reguladora de Energía, publicado el 29 de julio de 2021, en el Diario Oficial de la Federación, que pretendía “No más Incrementos positivos” y “Rescate del Sector Energético”, estableciendo no aumentar precios de los combustibles por encima de la inflación.
Encontremos los elementos para poder transitar, sin perjudicar el ya comprometido presupuesto de la Nación, para indemnizará a los esquemas de los llamados contratos legados y terceros perjudicados, entre ellos los trabajadores que prestan sus servicios a las empresas del sector privado.
No solo propongamos el qué, sino el cómo es que se pretende utilizar y aplicar, y cito: “… la energía de las hidroeléctricas porque es la energía más limpia, firme y constante y la más barata”, cuando según informes de la propia CFE se requiere una inversión de 1,000 millones de dólares, sólo para su mantenimiento, sin tomar en cuenta la deuda contingente de pasivos financieros y de carácter laboral, aunado al costo de la indemnización de los contratos legados celebrados con la iniciativa privada a partir de la reforma energética del 2013.
Desde esta Tribuna, coincidimos con la Ponente, en el hecho de que “… la electricidad actualmente es considerada un suministro básico, como un derecho humano, quien no lo tiene genera pobreza social”. Démonos la oportunidad para ejercer nuestro oficio y compromiso político en favor de México.
No agotemos las posibilidades de una revisión de fondo de la nueva propuesta del Ejecutivo Federal, NO con una reforma Constitucional, para asegurar un monopolio de Estado, sino aprovechando la coyuntura, oportunidades y necesidades, enriqueciendo el diálogo participativo de los sectores involucrados; escuchemos los elementos técnicos, económicos, ambientales, jurídicos, sociales y políticos que no se han considerado y recordemos que lo que está a discusión es el futuro de México.
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