El Congreso de Chihuahua crea una Fiscalía Especializada en Tortura, fortaleciendo la investigación y prevención de delitos inhumanos en el estado.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El 11 de marzo de 2025 se formalizará la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el estado de Chihuahua, tras la reforma a las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado.
Esta iniciativa, impulsada por la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, responde a un contexto histórico en el que la violencia y los abusos de poder han marcado la narrativa reciente de criminalidad en la entidad. La creación de esta nueva fiscalía representa un esfuerzo para fortalecer la capacidad del sistema de justicia local en la persecución de delitos graves que han dejado huella en la sociedad chihuahuense.
La diputada Nancy Frías Frías, del Partido Acción Nacional, presentó el dictamen correspondiente en la sesión del Congreso del Estado, destacando la necesidad de contar con un organismo que se encargue específicamente de la prevención, investigación y sanción de la tortura.
Este anuncio se produce en un clima de creciente preocupación por los derechos humanos en México, donde la impunidad ha sido un obstáculo persistente. La Fiscalía Especializada estará dirigida por un Fiscal o Fiscal Especializada que liderará un equipo de profesionales, incluidos Agentes del Ministerio Público y especialistas en diversas disciplinas relacionadas, como la investigación forense y la protección de derechos humanos.
El marco legal en el que se inscribe esta reforma no es nuevo; ya en junio de 2017, se promulgó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el ámbito federal. Esta ley obligó a las entidades federativas a establecer fiscalías que se encarguen de tales delitos, lo que representa un compromiso nacional hacia la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del estado de derecho.
La ley es un recordatorio de la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y responde a un clamor social que busca justicia en un contexto donde muchas víctimas permanecen sin atención adecuada.
Los requisitos para el personal que se integrará a esta nueva fiscalía son claros y rigurosos, estableciendo que deben cumplir las exigencias del marco legal vigente. Esto se traduce en la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados que puedan enfrentar una de las problemáticas más complejas y delicadas del país.
La falta de capacitación y recursos ha sido un obstáculo recurrente en la lucha contra la tortura y los abusos de poder, y el establecimiento de esta institución busca subsanar esas deficiencias a través de una formación adecuada y el establecimiento de protocolos claros.
El proyecto de la nueva fiscalía no solo es relevante desde una perspectiva jurídica, sino que tiene implicaciones sociales profundas. En Chihuahua, donde las secuelas de la violencia y la criminalidad han sido devastadoras, la creación de un organismo con estos fines puede ser vista como un paso hacia la reconstrucción de la confianza en las instituciones.
La ciudadanía, que ha sido testigo de numerosos casos de abusos, espera que esta fiscalía no solo persiga a los culpables, sino que también sirva como un mecanismo de protección y justicia para quienes han sido históricamente vulnerables.
Finalmente, para que la Fiscalía Especializada funcione de manera efectiva, será crucial que el gobierno estatal brinde los recursos humanos, financieros y materiales necesarios.
La falta de inversión en el sistema de justicia ha sido un factor significativo en la perpetuación de la impunidad y la falta de respuesta ante violaciones graves de derechos humanos.
Por lo tanto, la creación de esta nueva fiscalía no puede ser vista como un fin en sí mismo, sino como parte de un esfuerzo más amplio por transformar la realidad de la justicia en Chihuahua, una necesidad urgente en un estado que busca dejar atrás el estigma de la violencia y construir un futuro más justo.
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