La diputada María Antonieta Pérez Reyes defiende el derecho de los migrantes a residir en Chihuahua, mientras se intensifica la crisis humanitaria en la frontera.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La situación de los migrantes en Ciudad Juárez ha adquirido un nuevo nivel de complejidad en los últimos días, especialmente tras la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. La diputada local por el Distrito X, María Antonieta Pérez Reyes, ha sido vocal en la crítica a las políticas migratorias que actualmente afectan a miles de personas en la frontera.
En un comentario que refleja la legislación y los derechos humanos, la legisladora enfatizó que ningún mexicano puede ser rechazado en ninguna parte del país, alegando que este es un derecho constitucional. Este principio cobra relevancia en el contexto de una frontera donde la presencia de migrantes ha aumentado de manera significativa y donde la presión sobre los recursos locales se intensifica.
Actualmente, más de 3 mil 400 personas migrantes se encuentran varadas en la frontera, con algunos individuos esperando durante meses para poder concretar su ingreso a Estados Unidos. Esta situación se vuelve aún más crítica, considerando que la mayoría de estos migrantes provienen de países con condiciones socioeconómicas difíciles, como Venezuela, Cuba, Honduras y Colombia.
Las restricciones para el cruce, impuestas desde el inicio del mandato de Trump, han dejado a muchas familias en un estado de incertidumbre, generando una crisis humanitaria que la comunidad y el gobierno buscan atender. Al respecto, Pérez Reyes mencionó que un grupo selecto de migrantes logró cruzar, logrando así escapar temporalmente de la inminente deportación.
El Gobierno Federal, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha comenzado a implementar medidas para atender a los migrantes en esta situación. Se están formando carpas gigantes que tienen la capacidad para albergar hasta 10 mil personas, aunque aún no se ha definido un plan específico para las deportaciones masivas.
La incertidumbre persiste sobre cuántas personas podrían ser deportadas, y cuánto tiempo más el gobierno local podrá ofrecer asistencia antes de que la situación se vuelva insostenible.
La diputada ha resaltado la importancia de que los migrantes tengan la opción de decidir si desean quedarse en el estado de Chihuahua o regresar a sus lugares de origen.
Las acciones del gobierno estatal pretenden facilitar la atención a migrantes, asegurando que aquellos que decidan quedarse sean inscritos en programas públicos de salud y asistencia social. De igual manera, se ha proyectado brindar apoyo a los migrantes extranjeros en proceso de deportación, con la intención de facilitar su regreso a casa.
Esto refleja un enfoque más humanitario que simplemente asistencial, buscando garantizar que las personas afectadas no queden en un limbo sin recursos ni alternativas.
Sin embargo, la situación se complica por las condiciones climáticas adversas en la frontera. Recientemente, se han registrado temperaturas bajo cero que han obligando a las autoridades a trasladar a los migrantes a albergues para resguardar su salud. Este año, la combinación de una crisis migratoria agudizada y condiciones climáticas extremas ha colocado a las autoridades en una situación desafiante, donde la presión sobre los servicios públicos locales y la infraestructura de apoyo se hace cada vez más palpable.
La capacidad de respuesta y la coordinación entre diferentes niveles de gobierno se vuelven cruciales para manejar esta crisis.
Mientras tanto, a medida que la crisis se desarrolla, las esperanzas de muchos migrantes descansan en un “milagro” que les permita cruzar la frontera. La lucha diaria de estas personas no solo está marcada por su deseo de una vida mejor, sino también por el peso de la incertidumbre y el miedo.
Los albergues que se están habilitando representan un primer paso hacia la atención humanitaria, pero el futuro de estos migrantes, con o sin documentos, sigue dependiendo de decisiones que escapan a su control.
El diálogo continuo entre legisladores y los niveles de gobierno, así como la colaboración con organizaciones civiles, será fundamental si se desea abordar de forma adecuada esta compleja situación en la frontera.
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