Chihuahua, Chih. – El gobierno de Chihuahua requiere de una aportación adicional por 100 millones de pesos de la Federación, para afrontar los gastos que genera la llegada de migrantes que buscan asilo político en los Estados Unidos, dio a conocer el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé.
Esta cantidad corresponde a recursos dejó de recibir el Estado, por la cancelación de una serie de programas de atención a la zona fronteriza, afirmó.
La cantidad de 100 millones de pesos, explicó, es un estimando sólo por lo que se dejó de percibir por la cancelación de una serie de programas del gobierno Federal, que este año no recibieron presupuesto.
Sin embargo, esa cifra no cubre la magnitud del problema que representará ser considerados como “tercer país seguro”, añadió, pues actualmente operan en Juárez 13 albergues para migrantes, que son insuficientes para atender la demanda que se ha presentado en los últimos meses, de ahí que se consideró la petición de apoyo al gobierno Federal.
“En alguna medida ya lo estamos sufriendo, porque nos están devolviendo al país un promedio diario de 100 personas que están en espera de que tramite su solicitud de asilo en los Estados Unidos, que puede durar meses”, dijo.
Mesta Soulé consideró que el monto que se requiere para atender el fenómeno migratorio sería mayor, si se toma en cuenta que de aplicarse la condición de “tercer país seguro”, llegarían a Juárez entre 35 mil y 50 mil migrantes, lo que sería imposible de cubrir para el gobierno de Chihuahua.
Indicó que la llegada de migrantes extranjeros a Chihuahua es un problema creciente, cuyo efecto tiene un impacto en la economía de la frontera, pues se estima que hay cerca de 5 mil 300 personas a la espera de ingresar a Estados Unidos.
Actualmente se tiene conocimiento de que hay 16 mil 500 personas sujetas a la protección internacional, que se han registrado en Ciudad Juárez en espera de que sean admitidos, cifra que iría en aumento si se confirma la condición de México como “tercer país seguro”.
El problema se agrava porque muchos de ellos no pueden conseguir trabajo, aun cuando exista la voluntad de varias empresas de apoyarlos con una fuente de empleo, porque no cumplen con el estatus migratorio que establece la legislación de México en la materia, aclaró el funcionario.
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